Antonio Rivas, el delegado de Trabajo de la Junta que arreglaba pagas para sus amigos

La Guardia Civil recoge en sus atestados que Guerrero recibía a los amigos que necesitaban ayudas sociolaborales en un conocido bar de copas de la capital andaluza que se llamaba «Caramelo». Ese era su centro de operaciones. Porque al director general le gustaba arreglar estos asuntos de manera informal. Por esa vía entró en el juego precisamente Rivas, a quien las cosas comenzaron a ponérsele difíciles cuando fue implicado en el caso que dio origen a los ERE: Mercasevilla. De aquel lío, en el que los responsables de la lonja pública sevillana habían solicitado una mordida a unos empresarios supuestamente para el partido, acabó saliendo absuelto. Pero el PSOE nunca más le permitió que recuperara su militancia. Ya sabían que aquello no era más que el comienzo.

Rivas había pactado con Guerrero la inclusión de varias personas de su entorno en distintos ERE para que pudieran cobrar las pólizas de prejubilación a pesar de que no habían trabajado nunca en esas empresas. El delegado de Trabajo «arregló» la situación de familiares y compañeros del partido, lo que le permitió alcanzar un poder interno que muchos no entendían.

El primer intruso de su clan que se detectó fue Juan Manuel López , militante socialista de Camas y marido de una concejal del Ayuntamiento, Concepción Ávila . Este hombre, que había cobrado 133.553 euros, estaba en el listado de prejubilados de la empresa Surcolor, de la que no conocía ni su ubicación exacta . Lo mismo ocurrió con su concuñado José Antonio Márquez , concejal del Ayuntamiento camero en los periodos en los que Rivas había sido alcalde, que en el momento de ser descubierto llevaba ingresados indebidamente 60.861 euros.

Estos dos casos, que estallaron muy al comienzo de la investigación, enviaron a Rivas al ostracismo. En el PSOE lo intentaron exponer como uno de esos «cuatro golfos» a los que se refirió el presidente de la Junta en los orígenes de la instrucción. Pero el sumario ha ido desvelando a lo largo de todo este tiempo que sus tentáculos llegaban arriba del todo y que pudo meter a los suyos gracias a que era una persona bien vista por sus superiores. En su lista de compañeros beneficiados también están, según los autos judiciales otros dos «vecinos de Camas, de manera que José Acevedo López es concuñado del imputado y Ricardo Molina Barrios es también militante del PSOE y vecino» de Rivas.

Todos entraron en el ERE de la empresa Intersur. Por último, este socialista también le hizo el favor de arreglarle una paga a su vecino Agustín Guzmán y a su compañero en la Delegación de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés , que se coló como intruso en el ERE de Calderinox .

Y para rematar la faena, Rivas tramitó en 2003 una ayuda de 60.000 euros para el Ayuntamiento que él mismo había presidido hasta poco tiempo antes para financiar la II Feria Empresarial de Camas. La actual instructora del caso, María Núñez Bolaños , archivó esta pieza al entender que la subvención se aplicó al fin previsto, pero esa decisión está recurrida porque el dinero se adjudicó sin convocatoria pública y porque la afinidad del político que la concedió con la institución receptora es flagrante.

Rivas benefició a sus amigos sin tapujos, les buscó hueco en empresas que habían presentado un ERE y les consiguió una paga vitalicia para retirarse con la vida resuelta . Estaba en el centro de decisiones del fondo de reptiles y no dudó en sacarle provecho a esta situación, que muchos de los implicados han defendido siempre como legal. «Era para ayudar a esas criaturas», llegó a justificarse Javier Guerrero.

Antonio Rivas también entró en ese reparto. Y lo hizo por una razón que es crucial para entender esta trama: sabía que había una fórmula secreta para repartir dinero a discreción y que sus jefes la estaban usando. Así que él también se apuntó a la fiesta.