Antonio López: «Que las administraciones no rindan cuentas es un insulto a la democracia»

—Accedió al cargo con un amplio conocimiento de la administración pública, tras una vida dedicada a la docencia. ¿Qué ha aprendido desde entonces?

—La primera enseñanza es que hay que buscar consensos para que las instituciones funcionen. Somos siete consejeros. Aunque hay discrepancias en algunos temas, intentamos resolverlas. El objetivo fundamental es elaborar informes en relación con las situación del sector público andaluz. Salvo en dos o tres casos en los que ha habido votos particulares, el resto de los informes han salido por unanimidad, y eso da fuerza al trabajo que hacemos.

—¿Cuál ha sido su rol durante este tiempo?

—Me considero una especie de «primus inter pares». Soy el presidente, pero somos siete consejeros con un peso importante. Se ha hecho una labor por parte del pleno para modernizar las prácticas de auditoría. Nos hemos adaptado a las normas internacionales de auditoría del sector público.

—¿Cuál ha sido la prioridad desde que llegó al cargo?

—Desde 2007, no se sacaban oposiciones. No había un reforzamiento de los recursos humanos. El pleno que se configura en 2011 tiene ese reto. Llevamos cuatro o cinco años sacando oposiciones, tanto para el cuerpo de auditores como para los técnicos de auditoría. En noviembre cerraremos unas oposiciones donde hay convocadas otras siete plazas. Tanto el Gobierno como el Parlamento nos han apoyado para dotarnos de un incremento de personal.

—¿Significa eso que la Cámara de Cuentas cuenta ya con recursos suficientes?

—Está dotándose de recursos, porque no los tiene. Por eso, en algunas ocasiones, para auditorías de ayuntamiento y universidades, nos apoyamos en auditores privados, que trabajan para nosotros con contratos de servicios haciendo el trabajo de campo. De otra manera, tendríamos que dedicar recursos humanos… que no tenemos.

—En comparación con la realidad europea y española, ¿en qué punto se encuentra la Cámara de Cuentas de Andalucía?

—Comparando el presupuesto de la comunidad autónoma y el presupuesto de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con esa ratio, si no somos los últimos en España, somos los penúltimos. Partimos de muy atrás, pero estamos recortando terreno. Comparativamente con otros países, estamos mucho más alejados. No tiene nada que ver.

—¿Qué consecuencias tiene ese desfase?

—Que tenemos espacios a los que no se puede llegar. En Andalucía hay prácticamente 800 ayuntamientos. Entre ellos, hay 29 de más de 50.000 habitantes. Nuestro objetivo es que al menos pudiéramos auditar a esos ayuntamientos de manera más o menos regular, al menos al principio y al final de cada legislatura, y eso exige una financiación que no tenemos. Y esos ayuntamientos tienen a su vez empresas públicas, agencias, consorcios, mancomunidades…

—¿Y no hay fisuras en la fiscalización de la Junta de Andalucía y su administración paralela?

—Hacemos cada año un informe global de cada órgano, independientemente de los mecanismos de control interno de la Junta, que tiene un presupuesto de casi 38.000 millones de euros repartidos en distintos planes y programas… Y luego están los entes instrumentales. No me gusta hablar de administración paralela. Parece que están haciendo algo al margen, y no es así, porque están al servicio de la administración.

—Pero en ocasiones han actuado al margen, no de la administración, sino de la legalidad.

—También es verdad que a veces se escapan del control. Hay agencias administrativas, agencias especiales, sociedades mercantiles, agencias empresariales, fundaciones públicas, consorcios públicos… Estamos hablando de un entramado muy importante de entes. Nuestro informe no es una auditoría, porque sería imposible, pero ese trabajo consiste en ver la coherencia y la fiabilidad de la información que presenta el Gobierno con respecto a la realidad. Y luego hacemos informes específicos de algunas agencias.

—Su papel debe de ser incómodo para el poder. ¿Nunca ha recibido presiones?

—No. Para nada. Ni antes ni ahora. El que me conoce sabe que tendría un problema. Es verdad que pueden venir peticiones del Gobierno o del Parlamento, como ha ocurrido recientemente con la radiotelevisión andaluza o como ocurrió en su momento con el caso de los ERE. Al final, es que casi el 100% de los informes han salido por unanimidad. Hemos dado muestras de que han salido informes relevantes que han criticado la gestión pública de forma evidente y objetiva. Me da igual quién esté gobernando. Es lo que hay. Es nuestro trabajo y para eso se nos paga. Entiendo que es por eso por lo que he vuelto a ser elegido.

—¿En qué plano considera necesario abundar en su papel fiscalizador?

—La parte donde nosotros necesitamos mayor esfuerzo sería en el ámbito municipal, porque es un universo muy diverso, con mucha problemática.

—¿Cuántas personas componen actualmente la plantilla de la Cámara de Cuentas y cuántas harían falta para llegar a un nivel adecuado?

—Ahora mismo, unas 112… Unas 200 personas podría ser un número óptimo.

—¿Cree que es plausible?

—He encontrado eco tanto en el Gobierno anterior como en éste. La actual ministra María Jesús Montero, cuando era consejera, estuvo apoyando durante varios años el incremento de personal. Yo no sabría decir lo que pasaba antes del 2011. Lo que puedo de decir es que también ahora, con el consejero Juan Bravo, he encontrado eco a las reivindicaciones, de una forma razonable. Hemos incrementado el presupuesto en más de un millón de euros paulatinamente, con un plan a medio y largo plazo.

—¿Y quién fiscaliza a la Cámara de Cuentas?

—Pues nosotros nos auditamos y cada dos años nos audita la Cámara de Cuentas de Baleares. El informe está en la web. Y hemos sido los primeros que hemos hecho una revisión de pares: dos órganos de control vienen, nos hacen un diagnóstico y nos hacen propuesta de mejora. Y estamos en ello. Nosotros pedimos transparencia y rendición de cuentas, pero también somos un ente que tiene que ser transparente y tiene que rendir cuentas.

—Entonces, ¿en qué medida es compatible la existencia de la Cámara de Cuentas con la oficina anticorrupción que pretende crear la Junta de Andalucía?

— No pienso que sean incompatibles. Veo la oficina antifraude como un órgano preventivo y nuestro papel es a posteriori. Hay varios modelos… Y el modelo portugués tiene competencias en materia de prevención de la corrupción, un modelo que se ha trasladado al Consello de Contas de Galicia. Que no me parece mal. Es una opción. Yo lo que digo es que la Cámara de Cuentas de Andalucía, con lo que tiene, ya tiene bastante.

—Es decir, que se fiscalizan también las políticas públicas en sí mismas.

—Sí, sí… Es lo que llamamos auditoría operativa o de gestión. Lo que se pretende es ver si lo que se ha hecho está cumpliendo los principios de economía, eficacia y eficiencia. Un 30% de nuestras auditorías van en esa línea, y tenemos que reforzarlas, porque son las que contribuyen a una mejora.

—¿Por ejemplo?

—Hicimos un informe sobre los cursos de formación, un asunto afamado porque ha tenido sus líos desde el punto de vista jurídico. Ese informe tenía el objetivo de ver si el desempeño había sido el adecuado desde el punto de vista de los recursos. Pero acabamos y no vimos, porque no entraba dentro de nuestro alcance, el impacto en la empleabilidad. Y queremos dar ese paso para poder evaluar ese tipo de impacto.

—¿Y qué impacto tienen sus informes?

—Nuestros informes no son obligatorios. Son recomendaciones. Por eso he pedido en varias ocasiones que, en una futura reforma de la ley andaluza, podría ser bueno incorporar una modificación para que los fiscalizados deban informar sobre qué medidas han adoptado a partir de las propuestas de la Cámara de Cuentas: sí o no, cómo y por qué. La rendición de cuentas de los ayuntamientos andaluces a la Cámara de Cuentas está por debajo del resto de España. Y deben hacerlo. Unas veces no rinden, o rinden fuera de plazo, y las consecuencias no se contemplan. Por eso propongo que se suspenda la percepción de subvenciones o la participación en los tributos hasta que no rindan, como ocurre en otras comunidades autónomas. Y es medicina santa.

—¿La falta de recursos en los municipios podría explicar esa falta de transparencia?

—Puede ocurrir, pero sólo en los ayuntamientos pequeños. ¿Tiene sentido que no rindan cuentas las diputaciones y capitales de provincia? A veces es dejación... El que no se rindan cuentas es un insulto a la democracia, porque tú, como gestor público, tienes esa obligación. Y esa rendición de cuentas se hace a la sociedad a través de la Cámara de Cuentas como instrumento.