Anticorrupción tiene tres días para informar de la recusación del juez del caso ERE

En marzo pasado, la Fiscalía rechazó recusar al juez, que fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años 2008 y 2014.

En una segunda providencia, la Sección Tercera de la Audiencia, presidida por el magistrado Ángel Márquez y designada para resolver la recusación, requiere a la Sección Primera para que le remita «testimonio del auto de transformación en procedimiento abreviado, escritos de acusación y auto de apertura del juicio oral».

El magistrado recusado fue elegido, tras dos sorteos, uno público y otro privado, como ponente de la pieza política de los de los ERE, en la que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía junto a Chaves y Griñán.

La recusación se instruirá después de que el juez Izquierdo rechazara dejar el caso y dijera que tiene la «percepción» de que puede «ejercer de forma responsable» sus obligaciones profesionales como presidente de la sala y ponente del caso, a pesar de haber sido secretario de Justicia de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Además de estas afirmaciones, el juez aseguró que se ha visto «perturbado el sosiego y tranquilidad» de él y del tribunal, y aseguró que cuando fue nombrado alto cargo « ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas», y añadió que luego tampoco ha tenido una relación íntima con ninguno de ellos.

También afirmó que no ha participado «nunca en ningún órgano colegiado de gobierno ni preparatorio de las decisiones del mismo», y señaló que las presuntas conductas delictivas que se enjuiciarán se refieren a un sistema de ayudas que comenzó en la década de los años 90 y en el año 2000, mucho antes de que fuera nombrado alto cargo.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves , que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación