Anticorrupción pide investigar a Chaves y Zarrías por un préstamo de 5,8 millones de euros a Hamsa

Los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández piden a Vilaplana, quien sustituye al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a María Núñez Bolaños , de baja por enfermedad e inspeccionada por el Consejo General del Poder Judicial, incoar una nueva pieza en la que se cite como investigados al expresidente Chaves, al exvicepresidente y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y ocho ex altos cargos de la Junta más, entre ellos los exconsejeros de Empleo Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández y de Innovación Francisco Vallejo , así como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , así como a exresponsables de la sociedad beneficiaria.

Hamsa da nombre a una pieza separada de los ERE por las ayudas sociolaborales recibidas dentro del sistema fraudulento instaurado por la Junta de Andalucía para mantener la paz social , como recoge la Audiencia de Sevilla en la reciente sentencia de la pieza política de los ERE, que ha condenado a 19 ex altos cargos de los gobiernos socialistas de toda una década.

Dentro de la instrucción de esta pieza, la Fiscalía ha tenido acceso a la documentación aportada por la Junta de Andalucía y la agencia IDEA relativa a estas ayudas sociolaborales dadas a extrabajadores de Hamsa y posteriormente por Primayor, que se hizo con esta empresa de embutidos de Jaén .

Del análisis de la misma, la Fiscalía pide al juez que abra una nueva causa para investigar «los indicios racionales de criminalidad» que se desprenden de la concesión en 1999 de un préstamo puente por valor de 5,8 millones de euros , por cuanto tanto de la documentación ya analizada como de otros que solicita al juez que requiera a la Junta «se podría deducir que bajo el paraguas formar de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujección a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e indirectamente y de forma posterior a Primayor, lo que podría de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación ».

De los 5,8 millones prestados por la Junta, aún queda por devolver 3,7 millones de euros. Lo único pagado por la sociedad fue gracias a una ayuda dada por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior agencia IDEA, a la propia empresa.

Hijos de Andrés Molina era una sociedad de gran peso económico en Jaén, dentro del sector agroalimentario, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, pero que vivía en crisis desde la década de los 90. En el 98 fue adquirida por Campocarne (Campofrío) con el compromiso de crear 300 puestos de trabajo. En esta década recibió grandes cantidades de dinero público del Estado que la Comisión Europea llegó a anular, en concreto las condonaciones de deuda.

La Junta de Andalucía también había decidido otorgar ayudas a esta empresa si bien se hizo a modo de anticipo de las futuras ayudas y bajo la figura de «un préstamo puente», como así consta en el acto del Consejo Rector de IFA de 29 de octubre de 1999. Por unanimidad se aprobó, a expensas del Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Chaves , anticipar las subvenciones a la inversión y creación de empleo solicitadas por Campocarne mediante el préstamo puente de 970.000.000 de pesetas con un interés del 0,25 por ciento (5,8 millones de euros). De quedar algo por amortizar esta cantidad pasaría a un préstamo participativo. Pero, «no se recogía ninguna condición, ni plazos, ni garantías, ni tipo de interés de este préstamo participativo». Además de estas ayudas se dieron también ayudas sociolaborales para facilitar la jubilación anticipada.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía , con fecha de 9 de diciembre de 1999, publicaba el acuerdo de 9 de noviembre del Consejo de Gobierno ratificando lo decidido por el IFA.

El 2 de diciembre de 1999 se firmó un acuerdo entre Gaspar Zarrías y el presidente entonces de Campocarne. En virtud a éste la Junta adquiría el compromiso de abonar 471 millones de pesetas para la creación de empleo. Sería antes de marzo del 2000 y con ese dinero se cancelaría parcialmente el préstamo de 970 millones de pesetas. Campocarne se comprometía a amortizar el resto, 629 millones de pesetas.

Este documento es la prueba que comprometía a Zarrías y nunca llegó al tribunal de la Sección Primera que juzgó a los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por los ERE. Como ya adelantó este periódico, el Ejecutivo de Susana Díaz nunca le hizo llegar este documento que le requirió durante la celebración del juicio la Sala, el único escrito oficial en esta causa de corrupción que lleva la firma del hombre que más poder aglutinó en Andalucía después del expresidente Manuel Chaves.

El convenio muestra a Zarrías como muñidor de aquella operación de rescate de una destacada industria cárnica de Jaén, provincia a la que representó como parlamentario durante 24 años. Sin ser consejero de Trabajo, Zarrías dispuso de los fondos de dicho departamento para subvencionar a la empresa a cambio de recolocar a la plantilla de Hamsa.

El 9 febrero de 2018, pocas semanas después de comenzar la vista oral del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dirigió sendos oficios a dos consejerías de la Junta requiriéndoles con carácter urgente los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y el convenio suscrito por Zarrías en relación a las ayudas concedidas a Campocarne para reflotar Hamsa. El tribunal había aceptado esta prueba solicitada por el PP andaluz, acusación popular en el juicio.

Respecto al convenio, el entonces viceconsejero de la Presidencia, Fernando López Gil, le responde que no lo encuentra en sus archivos. Julio Coca Blanes, entonces director general de la agencia autonómica IDEA –la caja pagadora de las ayudas de los ERE–, también contesta que «no hay constancia de ningún convenio de fecha 22 de diciembre de 1999 en la base de datos del archivo» de la entidad pública. Su escrito está fechado el 9 de febrero de 2018. Susana Díaz era presidenta de la Junta.

El 22 de diciembre de 1999, el expresidente de Campocarne y el presidente del IFA Salvador Durbán formaliza escritura pública del préstamo puente de 970 millones de pesetas, a entregar totalmente en el acto mediante cheque y a devolver en seis años a partir de 2002. La devolución sería mediante el abono de las subvenciones que le concedería a la empresa la Junta de Andalucía. Esto es, un préstamo de dinero público a pagar con dinero público.

Pero la cosa no queda aquí. El 10 de marzo del 2000, el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez y el IFA firmaron un convenio de colaboración que desarrollaría el acuerdo de Zarrías y Campocarne para que el IFA pagara los 471 millones de pesetas (2,8 millones de euros).

Este préstamo, según la documentación de IDEA analizada por la Fiscalía, no ha sido condonado, ni declarado fallido ni convertido a préstamo participativo . Sólo consta, a fecha de 12 de febrero de 2003, que el préstamo no había sido pagado y que la única amortización que existía era la derivada de la ayuda pagada por Empleo. Resta 3,7 millones por devolver .

Aunque, según admite la propia empresa en las cartas y comunicaciones que ha tenido desde 2004 con la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero, este préstamo «nunca tuvo intención de ser cobrado» por la Junta de Andalucía . Además, reconoce que la queda por devolver 637 millones de pesetas (3,8 millones de euros). En el balance de cuentas de 30 de septiembre de 2004 de Primayor, aparece IFA/IDEA como acreedor a largo plazo con 3,7 millones de euros.

La Fiscalía solicita llamar como investigados a Chaves, Zarrías, Gutiérrez, Viera, Fernández, Guerrero, Vallejo, al exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román, al ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano y a Salvador Durbán. De estos diez ex altos cargos, salvo Durbán y Gutiérrez, todos han sido condenados en el caso ERE.

Además, pide al juez que requiera de IDEA y la Junta documentación relativa al préstamo puente, del acuerdo de Zarrías y Campocarne y otras relativas a las ayudas dadas a la sociedad.