Anticorrupción pide 59 años de cárcel para los acusados del desviar fondos públicos de Mercasevilla

En su informe de 59 páginas, facilitado a ABC, el Ministerio Público reclama siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta para el conseguidor del caso ERE y exdirigente de la UGT, Juan Lanzas, y la misma pena para el que fuera director gerente de Mercasevilla desde 2002 hasta 2009, Fernando Mellet. Les atribuye supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Lanzas ingresó 492.655 euros a través de las suculentas comisiones que cobró como intermediario ante la Junta para conseguir ayudas para Mercasevilla. Para ello creó un «entramado societario» que se dedicaba a emitir facturas sobre obras de reforma en el mercado e informes inexistentes, subterfugios para justificar el desvío de las subvenciones. Un testigo del caso Mercasevilla declaró que su madre iba alardeando en su pueblo de origen, Albanchez de Mágina, de que su hijo tenía «dinero para asar una vaca».

En esta pieza, pendiente de que la Audiencia Provincial de Sevilla ponga fecha al juicio, hay nueve acusados más. Entre ellos, el exsubdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, que se enfrenta a 6 años y 6 meses de prisión , y Antonio José Albarracín Muñoz, el exdirectivo de la mediadora Vitalia. También se sentará en el banquillo Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en la localidad jienense de Baeza, al que su amigo Lanzas coló «con la connivencia de directivos de Mercasevilla como ‘polizón’ en un ERE de la empresa.

De no haberse descubierto el escándalo a finales de 2010, cuando la juez Mercedes Alaya investigaba un soborno a empresarios por parte de directivos de la lonja, Garrido Santoyo habría cobrado 834.332 euros de la Junta de Andalucía sin haber puesto nunca un pie en la lonja sevillana. Finalmente, cobró 78.908 euros. La Fiscalía considera a Garrido como cooperador necesario de un delito de malversación y pide para él 2 años de prisión y 4 de inhabilitación . El propio Lanzas trató de incluirse en el ERE para «cobrar las elevadas gratificaciones iba a percibir por su intermediación». Si éste no acabó también prejubilado fue porque Mellet temía que el asunto trascendiera y terminara comprometiéndole.

Anticorrupción sostiene que «el acusado Juan Lanzas Fernández , en connivencia con los acusados Daniel Ponce y Fernando Mellet, con la finalidad de hacer suya la parte previamente concertada con estos por lograr la financiación por parte de la Consejería de Empleo de la casi totalidad del coste de las prejubilaciones, se sirvió de terceros como fue el acusado Francisco Algarín ». Éste actuaba como un presunto ‘hombre de paja’ del conseguidor, «expidió y cobró facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla por orden de Juan Lanzas y del acusado José Rodríguez López, un exasesor que utilizaba datos fiscales de sus clientes para confeccionar las facturas falsas.

El supuesto centro de lavado de dinero público giraba en torno a la empresa Maginae Solutions S.L., cuyo administrador único era el cuñado de Lanzas, Ismael José Sierra, también acusado, que, «sin realizar ninguna efectiva prestación de servicios ni entrega de bienes a Mercasevilla, le facturó por los importes que fue fueron recogidos en las declaraciones presentadas a la Agencia Tributaria».

Entre 2004 y 2007, la Junta de Andalucía realizó pagos a Mercasevilla por importe de 4,12 millones de euros para costear pólizas de prejubilados.

En su escrito de acusación, la Junta pide una fianza de 4,21 millones de euros para Lanzas, Mellet, Ponce y los excomerciales de Vitalia José María Bordallo y Francisco José González García, para indemnizarla conjuntamente por el fraude. A Mercasevilla le reclama la citada cantidad como responsable civil subsidiaria .