Anticorrupción califica de «esquizofrénica» la situación en la causa de corrupción de Invercaria

Esto es, los abogados de la Junta, gobernada por el PP-A y Ciudadanos, y el abogado del PP-A como acusación popular no tienen el mismo criterio frente a los hechos. La comparativa ha sido expuesta por el fiscal anticorrupción del caso, Fernando Soto, en la vista celebrada este miércoles en la Audiencia de Sevilla .

La Sección Séptima había convocado a las partes para celebrar una vista en la que abordar una cuestión previa planteada por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones de IDEA e Inverseed, sociedad pública a la que Invercaria transmitió los derechos de crédito y la participación que tenía en sociedades mercantiles.

Estas partes piden el sobreseimiento de las actuaciones y archivo de las mismas en base a la doctrina Botín , a lo que se opone la acusación del PP-A. El tribunal, presidido por el magistrado Javier González, ha escuchado las argumentaciones de todas las partes.

En la pieza de Kandor Graphics están acusados el expresidentes de la sociedad pública Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a cárcel en la pieza de Aceitunas Tatis; y Marcelino Almansa, socio fundador, administrador solidario y presidente de la productora granadina, que contaba con el respaldo accionarial de Antonio Banderas. Ambos están acusados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

A diferencia de otras causas judiciales abiertas por los préstamos de Invercaria, la Fiscalía en esta ocasión señala que «hay una empresa que culmina el proyecto para el que pide el dinero (la película), aunque con escaso éxito; existe un análisis de proyecto; hay un informe ejecutivo del departamento de análisis de Invercaria y otro de Caja Granada e Invercaria». Es decir, «hubo una valoración técnica y se llevó al consejo de administración de Invercaria» .

La Fiscalía rechaza que en la decisión de conceder este préstamo por parte de los responsables de Invercaria exista arbitrariedad y que el destino de los fondos no fuera un proyecto de los propios del capital riesgo.

La defensa de Almansa ha sido el primero en tomar la palabra en la vista pidiendo la nulidad del auto de apertura de juicio oral y en base a la doctrina Botín, que toma el nombre del juicio contra el expresidente del Banco Santander , que la Audiencia decrete el sobreseimiento libre de su cliente.

La doctrina Botín, en aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , establece que en un supuesto como el presente, en el que ni la Fiscalía ni la acusación particular tienen pretensión de seguir con la causa penal, la acción popular se ve limitada a hacerlo de forma exclusiva.

El abogado del PP-A, en cambio, ha defendido continuar con la causa y sentar a los dos acusados en el banquillo para ser juzgados y ha recuperado los argumentos expuestos por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en el auto en el que ordenó reabrir la causa al considerar «improcedente» el sobreseimiento y el archivo de la causa por el juez instructor.

«No se puede aplicar la doctrina Botín, pues sería limitar el derecho de los ciudadanos» , ha enfatizado el letrado de la acusación. El fiscal, que no es la primera vez que interesa que se aplique el artículo 782.1 en esta pieza, ha comenzado su intervención recordando un dicho inglés para afirmar que toda doctrina basada en asuntos específicos como la Botín, la doctrina Atutxa o la doctrina Nóos lleva a un mal derecho. «El PP no puede continuar como acusación popular», ha añadido.

¿Qué diferencia hay entre la doctrina Botín y la Atutxa? En 2008 el Tribunal Supremo dictó una resolución en el sentido contrario a la hecha un año antes en el caso Botín para condenar a Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco, por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak y admitió a la acusación popular en solitario «cuando el delito afecta a intereses colectivos o si no se han personado los perjudicados directos». Entonces el Supremo fijó que la doctrina Botín sólo era aplicable con delitos que dañaran a alguien concreto y no al colectivo.

Tras rechazar seguir con esta pieza de Invercaria, el fiscal Fernando Soto ha expuesto que en esta causa de corrupción se ha llegado al extremo en el que la Administración pública (IDEA e Invercaria, gestionadas por el PP-A) sostiene una postura procesal y el mismo partido político como acusación popular mantiene la postura contraria. «Es esquizofrénico» , ha concluido. Los abogados de IDEA e Inverseed se han adherido al fiscal y el letrado de Pérez-Sauquillo a la de su compañero de la defensa.

No es la primera vez que la Fiscalía evidencia la situación procesal que se está dando en Invercaria con las acusaciones, llegado a afirmar en el juicio de Aceitunas Tatis que la Junta, en la etapa socialista, había estado más cerca de los delicuentes que de la Justicia.

Se da la circunstancia de que la abogada de Invercaria , Elia Hernández Borrego, está pidiendo el archivo de la investigación en muchas de las piezas separadas de Invercaria. Hernández defendió en 2012 a Laura Gómiz Nogales, quien estuvo procesada en esta pieza de Kandor Graphics, junto al que fuera presidente de la sociedad pública, Francisco Álvaro Julio.

Casualmente, éste la contrató en 2017 como abogada independiente. Después, ya en 2019, volvió a ser contratada por Invercaria con el PP en el Gobierno andaluz. Ella, que defendió en declaraciones a ABC que no hay conflicto de intereses en este asunto, pidió en septiembre de 2019 el archivo de la pieza de Kandor y exculpó de las irregularidades a Gómiz y Álvaro Julio.