El Tribunal de Cuentas señala a empresas y sindicatos como «beneficiarios directos» de las ayudas de los ERE

Con esta rotundidad lo recoge el acta de liquidación provisional que firma el delegado instructor de las diligencias previas abiertas, a instancias del PP andaluz, cuando estalló el escándalo en 2011. En dicha resolución de 160 páginas , a la que ha accedido ABC, el instructor impone una sanción que asciende en total a 31,46 millones de euros a los que considera presuntos responsables contables en un intento por recuperar parte del dinero público distraído a las arcas de la Junta de Andalucía. La Administración autonómica puso el dinero para despedir y prejubilar a trabajadores subvencionando las pólizas colectivas de seguros de renta.

En lo que se refiere el Tribunal de Cuentas, el acta del instructor tiene como única función «determinar una medida cautelar» contra ellos como el posible bloqueo de sus cuentas o de su patrimonio inmobiliario. Establece tres niveles de responsabilidad contable . En el primer escalón se situarían los políticos, tres ex altos cargos socialistas: el fallecido Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera .

En el segundo nivel sitúa a las empresas. En el acta cita a tres y a una entidad: A Novo Comlink España, Manufactura Española del Corcho S.A. y Deoleo S.A., así como a la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva. Por último, están las organizaciones sindicales, a las que reclama 12,61 millones de euros. La mayor cuantía, de 9.745.882 euros, corresponde a la Federación Estatal de Industrias Afines de UGT , que ha sido absorbida por la Federación de Industria, Construcciones y Agro, mientras que la Federación Estatal Minerometalúrgica de Comisiones Obreras se enfrenta al desembolso de 2.863.584 si hay una sentencia firme.

El Tribunal de Cuentas se dirige contra las empresas y sindicatos por el supuesto menoscabo millonario de fondos públicos porque actuaron como «tomadores de los respectivos contratos de los seguros». También fueron los que « habrían tramitado los procesos de reestructuración laboral , y ello aun cuando los perceptores últimos hayan sido personas físicas específicamente determinadas por aquellos sindicatos o empresas», argumenta en el acta que fue expuesta en una vista celebrada el pasado 15 de julio en el Tribunal de Cuentas de Madrid en presencia de las defensas de los encausados. Para llegar a esta conclusión, el instructor alude a « numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía », que determinaron que los sindicatos se ven favorecidos por el pago irregular de las pólizas.

Los sindicatos actuaron como intermediarios, a cambio de recibir unas supuestas comisiones, por la gestión de las pólizas de prejubilación. Durante la citada vista, los representantes legales de Comisiones Obreras y UGT se opusieron a la liquidación provisional. Aunque reconocen que figuran como tomadores en los contratos con las aseguradoras suscritos para extrabajadores afectados por ERE en las empresas A Novo Comlink, Hitemasa, Delphi o Minas La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, las centrales alegaron que «el beneficiario sería el trabajador receptor de la ayuda».

El instructor también cerca a las empresas que tramitaron los ERE, en algunas de las cuales se colaron intrusos o falsos trabajadores para cobrar ayudas.Apela a la doctrina jurisprudencial que estima también como «real beneficiario a la empresa por cuanto ésta ve sus obligaciones sustituidas o aligeradas por el concurso financiero de la Junta de Andalucía». Aunque, como contrapartida, «pueda tener que consentir la integración en la póliza de cantidades correspondientes a beneficiarios que no están entre los trabajadores de esa sociedad», arguye.

Según la información que ha aportado la Junta de Andalucía a la causa, asciende a 735 el número de «perceptores indebidos» , como define el tribunal a los empleados que se colaron como polizones en distintos ERE sin tener derecho a ayudas. Esta cifra ha ido fluctuando, ya que en un primer momento se cuantificó en 1.062.

El órgano fiscalizador tiene abiertas en torno a un centenar de piezas separadas por responsabilidad contable por las distintas ayudas concedidas a entidades y empresas en crisis.

En paralelo hay otra macrocausa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que de momento se ha saldado con una condena de la Audiencia de Sevilla a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos en el mayor caso de corrupción política por la cuantía del fraude, casi 680 millones de euros. Los condenados por delitos de prevaricación y/o malversación han pedido su absolución al Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto sus recursos.