El ex trabajador de UGT-A admite que filtró papeles del sindicato porque era una «organización criminal»

El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio contra Roberto Macías tras una sesión en la que la Fiscalía Anticorrupción, que solicita tres años de cárcel, ha afirmado que el encausado «no fue denunciante de nada».

UGT-A, que ejerce la acusación y pide cuatro años, ha aseverado que « no es el Supermán de la lucha contra la corrupción », según han indicado fuentes del caso a Efe. El exempleado del Departamento de Compras del sindicato ha explicado que las claves para trabajar en cualquier ordenador se colocaban «en un pósit» y que «cualquier compañero tenía acceso a ellas».

Según la Fiscalía, el procesado se conectó a su ordenador sobre las 17.02 del 7 de noviembre de 2012 y «volcó o copió» en un USB 22.500 archivos y ficheros «extraídos de la carpeta Compras/Confidencial/Compras» que luego trasladó a un disco duro hallado por la Policía cuando registró su domicilio, el 13 de enero de 2014.

En esa carpeta había facturas de proveedores de UGT y « documentación relativa a los denominados rapel y bote », figuras que centran la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, y parte de esa información apareció luego en varios medios.

El acusado ha indicado que no recuerda si trabajó ese día y ha añadido que a veces se «llevaba trabajo a casa» con el conocimiento de sus superiores.« Suministré una parte de esa información a los medios . Quise hacer una denuncia pública porque lo que había visto era algo despreciable», ha agregado, aunque también ha negado su participación en ocho de los trece artículos periodísticos objeto del caso. El debate se centró en una agenda telefónica que contiene datos personales y eso constituye, a juicio del sindicato, un delito de revelación de secretos.

En su opinión, «debió de filtrarlos alguien» con acceso al informe pericial que presentaron los trabajadores ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra un ERE presentado por la empresa. Respecto a la carpeta «Compras/Confidencial/Compras», R.M.C. ha dicho que «no existe» y que se trata de «una falacia que han colado al tribunal y una invención de UGT para configurar el delito».

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla , ha comparecido como testigo y ha asegurado que las claves de los ordenadores no son públicas y que «desde luego» ningún trabajador se lleva faena a su casa.

Los peritos de la Policía Nacional han ratificado su informe, en el que consta que R.M.C. descargó archivos de su ordenador , al igual que los peritos contratados por el sindicato, contra los que la defensa interpondrá una querella por falsedad.

Uno de ellos ha reconocido que extrajeron catorce discos duros ante notario y que «al día siguiente» les llevaron otros dos , entre ellos el del acusado, en el que detectaron que entre las 17.07 y las 18.05 del 7 de noviembre de 2012 se copiaron 374 elementos.

En su informe final, la defensa ha dicho que su cliente «trabajaba en una auténtica madriguera» y ha calificado el juicio de «pantomima». El fiscal, en cambio, ha recordado que R.M.C. « nunca compareció ante las autoridades para denunciar nada », sino que «utilizó la información no se sabe si por venganza, para chantajear al sindicato o para lucrarse».

También ha destacado que la investigación sobre la antigua cúpula de UGT-A «empezó por otro cauce mucho antes de que él fuese despedido », por lo que no se puede invocar la directiva europea sobre alertadores de corrupción, que además aún debe trasponerse a la legislación española.