Andalucía pierde fondos de empleo por no haber gastado los de años anteriores

En total, Andalucía va a recibir 358,2 millones de euros lo que supone un 3% menos que en el año 2016, once millones de euros si toman los números absolutos . El resto de las comunidades autónomas tiene una subida media del 5% en estos fondos en relación con el ejercicio anterior. El reparto de estos fondos de empleo ha provocado una reacción airada del Secretario General de Empleo de la Junta, Julio Coca, quien ha denunciado «un fuerte recorte a pesar de tener un 26% de tasa de paro, la segunda más alta de España».

Lo que no dice la Junta es por qué se produce este recorte del que ya era conocedor el Gobierno andaluz y la clave es que Andalucía es la última comunidad autónoma de España en índice de cumplimiento de las políticas de Empleo . En el año 2016, las comunidades autónomas acordaron por unanimidad un nuevo reparto de los fondos para las políticas activas de empleo y uno de los principales criterios era la ejecución de los fondos de años anteriores buscando la eficiencia y con ello incentivar que los gobiernos autónomos pusieran en marcha muchos planes para formentar el empleo y reducir las tasas de paro.

La realidad es que el Gobierno andaluz no ha ejecutado los fondos de empleo de los años anteriores y por eso ha visto recortadas esas partidas. Los datos comparativos entre las comunidades que se han usado para el reparto de estos fondos son contundentes. En los cursos de formación, Andalucía sólo ha cumplido un 0,025%, mientras que la media de las comunidades se sitúa en el 0,6% y con un máximo de 0,96%. En el caso de las políticas activas en general, Andalucía tiene una tasa de cumplimiento del 0,35%, cuando la media es del 0,6% y el máximo de 0,96%.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz , ha criticado que la Junta se haga «la víctima» por la pérdida de fondos para políticas activas de empleo «cuando es la única culpable, al situarse como la comunidad con peor nivel de ejecución de estos fondos durante los últimos año s». «La Junta culpa de su nefasta gestión en políticas activas de empleo al Gobierno, cuando es la única responsable de esta pérdida de fondos».

En el año 2012, el Gobierno andaluz decidió suspender los cursos de formación para el emple o ante el escándalo que se estaba produciendo por las irregularidades detectadas e investigadas por los juzgados. El Gobierno andaluz no quería otro caso ERE y optó por suspender todos los cursos. Así, en el año 2013 sólo se gastaron 16 millones de los más de seiscientos consignados para estas políticas y en 2014 sólo se ejecutaron 57 millones de euros, quedando en el cajón otros 384 millones de euros que deberían haberse destinado a organizar cursos y programas para los desempleados.

En 2015, la situación fue similar ya que hasta 2016 el Gobierno andaluz no volvió a convocar nuevos cursos de formación y escuelas taller. Una convocatoria pública que tampoco se gastó ya que, a fecha de hoy, todavía no se ha iniciado ningún curso de formación en Andalucía.

La consecuencia directa ha sido que no se han gastado los fondos que el Estado enviaba para las políticas de empleo y ahora se penaliza esta falta de ejecución . De hecho, el propio Gobierno andaluz había reconocido que no iba a contar con estos fondos. En el Presupuesto 2017, el consejero Sánchez Maldonado anunciaba en el Parlamento que estas partidas se iban a nutrir sólo con fondos propios.

La diputada popular Teresa Ruíz Sillero explicó a ABC que «el fraude en los cursos de formación tiene muchas consecuencias y ésta es una de ellas. Desde el PP ya lo habíamos advertido» . Es más. Esta diputada, portavoz de Empleo de su formación en el Parlamento, ha explicado que el año que viene ocurrirá igual. «Lo peor es que seguiremos pagando las consecuencias de esta paralización también el año que viene porque los cálculos se hacen con la ejecución de dos ejercicios anteriores para que todo esté certificado».

Desde el año 2011, el último que hubo cursos de formación en Andalucía y se ejecutaron políticas activas de empleo, la comunidad ha perdido 2.200 millones de euros en fondos que no han llegado hasta los parados andaluces, un dato que reconoce el propio Gobierno autonómico.