La Junta estudia una solución legislativa para miles de interinos andaluces tras el fallo del Tribunal Europeo

A juicio del TJUE, los tribunales españoles deben encontrar «medidas efectivas» para acabar con el uso abusivo de contratos de interinidad en la Administración pública, pero no impone expresamente a los Estados miembros « una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido» no fijos. Entre las alternativas que plantea, está convertir sus contratos en «indefinidos no fijos» o bien abonar una indemnización por despido.

Cuando pase la situación de alarma decretada para evitar la propagación del coronavirus, «buscaremos una solución válida para todos los implicados» y en sintonía con la sentencia del Tribunal Europeo, avanza Ana Vielba, secretaria general para la Administración Pública , el departamento responsable en Andalucía de la regulación de los empleados públicos de la Junta. El TJUE dictamina que la falta de procesos selectivos no justifica perpetuar interinos.

La responsable autonómica comenta a ABC que el Gabinete Jurídico de la Junta y su equipo de la Secretaría General están estudiando ya la sentencia y sus efectos. Con independencia de que el Gobierno español mueva ficha y apruebe una normativa básica, la Junta se plantea recoger una medida «de carácter definitivo que se pueda aplicar a este colectivo» en la nueva Ley de Función Pública que está tramitando. «Queremos buscar una solución que no colapse los tribunales ni la administración con peticiones de indemnización», afirma Vielba.

Hay que reseñar que la Junta tiene carencias de personal con potestades administrativas. La incorporación de cientos de laborales indefinidos no resolvería el problema. La Junta cifró en 3.594 el número de interinos «estabilizables». Ya ha sacado plazas a oposición para consolidación y hay previstos más procesos en los próximos dos años.

El Parlamento de Andalucía aprobó en septiembre tramitar la iniciativa legislativa popular promovida por una plataforma de interinos que pide aprobar por ley una oferta pública de empleo por concurso de méritos para estabilizar a 29.511 empleados públicos que, según los afectados, se encuentran en fraude de Ley. La Junta de Andalucía, en cambio, cifra en 3.594 los interinos «estabilizables».

¿Qué dice la Justicia europea? La sentencia, que se conoció ayer, responde a cuestiones prejudiciales sobre la concatenación de contratos temporales en la sanidad madrileña, pero es extrapolable a otras administraciones. «El hecho de que el empleado público haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo » y «no lleva a que el Acuerdo Marco (sobre el Trabajo de Duración Determinada) no sea aplicable a la situación de ese empleado público», expone.

La sentencia explica que el Acuerdo Marco «no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido» a los interinos, pero añade que los Estados miembros deben contar con «otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada».

Esto es lo reza una sentencia que los afectados esperaban como agua de mayo. Armando Rozados, del bufete Roca Junyent-Gaona y Rozados Abogados , es de los que ven la botella medio llena. «La sentencia dice claramente que en España se incumplen todas las previsiones europeas del acuerdo marco. Todos los juristas esperábamos que el Tribunal Europeo se mojase en favor de decretar que se convirtieran en indefinidos, pero abre la puerta para hacerlo», razona este letrado sevillano, que ha presentado distintas demandas de interinos en fraude de ley.

«La directiva europea dice que la sanción a la administración por abusar de estos contratos debe ser proporcionada y disuasoria , es decir, debe tener suficiente enjundia para que no vuelva incurrir en esos abusos», indicó. «No basta con un despido improcedente y el pago de indemnización. Como no se ha legislado en España, la solución debe ser hacerlo fijo y no despedirlo», sostiene Rozados.

De los casi 29.511 interinos afectados en Andalucía , según el grupo proponente de la iniciativa legislativa popular, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son de Educación y 18.618 son eventuales de Sanidad en Andalucía.