Andalucía, hogar de 14.000 niños inmigrantes sin papeles, el cuarto mayor grupo de España

Según el estudio, la población inmigrante adulta en situación irregular es del 13 por ciento del total , una cifra que se dispara hasta el 20,4 por ciento en el caso de los menores de 18 años en España. A la vulnerabilidad de su edad se le suma una falta de respaldo legal, señalan desde Save the Children y Causa . Esa tasa baja hasta el 16,6 por ciento en el caso de Andalucía que, aún así, supera en tres puntos la media de los adultos.

En total, en Andalucía viven 84.380 niños inmigrantes . De esos, 14.000 no tienen papeles. Por edad, los más numerosos son los niños de hasta cuatro años -4.864 en Andalucía, el 20 por ciento del total-, seguido por los que tienen de 15 a 19 años -3.801-; entre 10 y 14 años -2.388 años-; y la población menos numerosa, quienes tienen entre 5 y 9 años -2.843-.

En lo referido a la procedencia, tres de cada cuatro menores de edad en situación administrativa irregular en España son de América Latina, sobre todo de Colombia, Honduras, Venezuela y Perú . Le siguen los procedentes de África, lugar de origen del 43 por ciento de los niños que viven en Andalucía pero solo el 13 por ciento de los que están en situación irregular.

Además, «Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas más pobladas y con mayor presencia de personas migrantes que concentran el mayor número de estos niños y niñas, después de Cataluña (cuenta con más de 34.000); Comunidad de Madrid (más de 29.300); Comunidad Valenciana (casi 20.000)», señala el estudio.

«La posi­bilidad de haber cruzado una frontera o residir en un país sin la autorización pertinente establece una rea­lidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del res­to en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos. Esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis del coronavirus, la caída del empleo entre la población migrante y su impacto en los permisos de residencia», alerta Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.

Las consecuencias de la inmigración irregular para los menores «son tangibles y, a menudo, trágicas» , señala el estudio. Así, «los hogares con personas de nacionalidad extracomunitaria tienen niveles más bajos de renta y mayor riesgo de pobreza y exclusión que aquellos compuestos por nacionales», situación que «se agrava con la llegada de los hijos: la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar de características medias con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es extracomunitario, la probabilidad sube al 48%».

De esta forma, « las familias pobres en situación de irregularidad quedan fuera, por ejemplo, del Ingreso Mínimo Vital ». En el caso de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, se acepta la vecindad administrativa para poder disfrutar de esta renta, sin embargo, en la documentación para solicitarla hay que presentar el NIE , lo que automáticamente excluye a las personas en situación administrativa irregular, añaden los autores del informe.

El acceso efectivo al derecho a la educación también puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas. Asimismo, es un inconveniente cuando se trata de participar en el sistema de educación no obligatoria. Estas trabas no necesariamente están en la norma, sino que son el resultado del desconocimiento o la arbitrariedad de algunas autoridades educativas.