La Guardia Civil entra en la agencia pública IDEA y retira expedientes del caso Avales

En la sede de IDEA, situada en la Isla de la Cartuja de Sevilla, descargaron en formato digital expedientes sobre los avales y préstamos concedidos por la agencia. Hace un mes, la Audiencia Provincial de Sevilla obligó a reabrir la causa de los Avales que había sido archivada en mayo del pasado año por la magistrada María Núñez Bolaños.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el sobreseimiento alegando que «el uso del paraguas formal de los avales» públicos fue otro medio empleado por los anteriores gobiernos socialistas para « inyectar fondos públicos de manera continuada y presuntamente ilícita a favor de determinadas empresas ». Los letrados de la Junta de Andalucía, que ejercen la acusación en este proceso, apoyaron el archivo de las presuntas irregularidades por las que estaban siendo investigados cuatro ex altos cargos autonómicos: Jacinto Cañete, Martín Soler, Juan Francisco Sánchez y Jesús María Rodríguez.

En un auto del pasado 15 de junio, la Sección Primera de la Audiencia le dio la razón a la Fiscalía y se la quitó a la instructora, a las defensas y al Gabinete Jurídico de la Junta. Para indagar en esta macrocausa, el tribunal ordenó que se practiquen las diligencias solicitadas por el Ministerio Público y por la propia Audiencia con anterioridad. Estas pesquisas consisten en el encargo de un informe pericial a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la encomienda de un atestado a la UCO sobre las citadas ayudas públicas . Éste es el motivo de la actuación que ayer llevaron a cabo varios agentes en la sede de IDEA. Fuentes de la agencia informaron a ABC de que se les ha facilitado toda la documentación que han requerido, dentro de un clima de «máxima colaboración y transparencia» por parte del ente instrumental de la Junta.

Como tantas otras investigaciones, el caso Avales surgió como una rama del árbol del fraude de los ERE y forma parte de un frondoso bosque de corrupción que afecta a las subvenciones para cursos de formación , las transferencias de financiación empleadas por distintas consejerías de la Junta o la nueva causa abierta contra Manuel Chaves y Gaspar Zarrías por las ayudas encubiertas dadas a Hijos de Andrés Molina S.A. (Cárnicas Molina).

La juez Núñez dio carpetazo a esta causa al considerar que se habían «desvanecido» los indicios que apuntaban a que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas . Para dictar su archivo, se apoyó en las tesis de las defensas y de los propios letrados autonómicos, así como en un informe elaborado por la exinterventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos. El tribunal considera que los informes referidos en el auto recurrido «no permiten dar por concluida la investigación iniciada».

En cuanto a la citada pericial, señala que el resultado «no resulta concluyente, no sólo porque el análisis de las presuntas irregularidades de las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 5 de noviembre de 2008 no se extiende a la propia vida del aval, a la idoneidad de las garantías prestadas y a las operaciones de comprobación, control y seguimiento de las ayudas, sino porque, en cualquier caso, la documentación obrante en los propios expedientes analizados es insuficiente para conocer extremos tan importantes como si el aval fue o no finalmente concedido, la motivación concreta de la concesión, la situación financiera de la empresa en el momento de la concesión, la percepción por la empresa de otro tipo de ayuda durante los diez años anteriores, etc».