El Gobierno de Pedro Sánchez busca zafarse de las ayudas a las zonas catastróficas

Este último asunto tiene relevancia. El Gobierno quería destacar en La Palma las bondades del Plan Estatal General de Emergencias aprobado en diciembre de 2020 y que se activó con éxito en la isla canaria a consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y este es el motivo por el que se propone ahora reforzar y desarrollar el Sistema Nacional de Protección Civil.

El Gobierno quiere impulsar un programa compartido entre el Estado, las Comunidades y las Corporaciones Locales, con participación también de «actores relevantes del sector privado» en el horizonte del año 2035 que asegure una financiación «estable y suficiente, incorpore a la ciencia y refuerce los vínculos entre la protección civil y los servicios sociales y la acción humanitaria».

Los gobiernos autonómicos han recibido ya un borrador básico sobre cómo será esa reforma del Sistema Nacional de Protección Civil . Al Ejecutivo andaluz le preocupa que en ese documento se deslice el interés del Gobierno por desligarse de parte de sus actuales competencias y proponga modificar el Real Decreto 307/2005 que regula las subvenciones que se otorgan a particulares y empresas en la fase de recuperación tras una catástrofe y el procedimiento de concesión de estas ayudas.

Según este decreto, corresponde al Estado la concesión de ayudas de carácter inmediato en situaciones de emergencia o grave riesgo y en los supuestos de daños a personas o bienes ocasionados por catástrofes, calamidades públicas o circunstancias análogas. Concretamente es competente en dar respuesta a daños personales y materiales en viviendas y enseres, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, así como por prestaciones personales. Esto incluye beneficios fiscales, medidas laborales y en el ámbito de la seguridad social, así como ayudas a corporaciones locales, a la producción agrícola y ganadera o para la restauración forestal y medioambiental. También se atienden por el Estado actuaciones especiales en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como en otras infraestructuras de titularidad pública.

La propuesta del Gobierno ahora es reservar a la administración General del Estado solo las intervenciones en las situaciones «más graves» y «siempre con carácter complementario a las actuaciones de las Comunidades Autónomas».

La cuestión no es secundaria por cuanto implica un a elevada disposición de recursos económicos. Sólo en el año 2017, la inversión estatal derivada a este concepto superó los 4.500 millones de euros anuales.

En las inundaciones por las lluvias torrenciales de finales de 2018, que afectaron a parte de la provincia de Málaga, en especial a los municipios de Campillos y Teba, más de 1.500 personas solicitaron ayudas ante los daños causados a un millar de viviendas y 500 vehículos. El Gobierno español dedicó entonces 130 millones de euros para hacer frente a las ayudas por este temporal en Baleares y Málaga. A la provincia andaluza llegaron 6,5 millones de los que 1,4 se destinaron a ayudas por zona catastrófica. Sólo 296.000 euros llegaron a familias o empresas que habían reclamado daños. Algo más de un millón se destinó a entidades locales y 5,4 a recuperación de infraestructuras. Un año después de las inundaciones, de las 1.500 peticiones de ayudas tramitadas solo se habían gestionado un 20 por ciento. Los afectados que han cobrado ayudas del Estado recibieron entre 2.550 y 50 euros.

Las ayudas estatales a particulares afectados por una catástrofe no mitigan totalmente las pérdidas. No todo el mundo puede acceder a las mismas. Existe un limite de ingresos familiares a partir del cual no se tiene derecho a indemnización. Cuando sí lo hay la cuantía máxima por perdida de vivienda habitual no puede superar los 15.120 euros, ni se ayuda con más de 2.580 euros en la pérdida de enseres. En el caso de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, la indemnización máxima es de 9.224 euros.

En caso de fallecimiento o incapacidad absoluta permanente producida por efecto de la catástrofe, el Estado indemniza con 18.000 euros.

La suma de todos estos conceptos ofrece cada año cifras de varios miles de millones de euros.

La dotación presupuestaria de estos gastos procede de un fondo específico para emergencias y del Fondo de estabilización fiscal pero no es fácil de cuadrar en los presupuestos, debido a que no es previsible y depende de fenómenos naturales. En 2016 los Presupuestos del Estado reservaban para ayudas a empresas afectadas por desastres naturales o causados por el hombre 90 millones de euros y finalmente destinó a las mismas 2.923 millones, mientras que reservó 350 millones a ayudas a particulares en un año que requirió gastar 636 millones. También empleó 471 millones en reposición de infraestructuras de administraciones provinciales.

La Junta de Andalucía, que como administración autonómica tiene como competencia otorgar subvenciones a las Administraciones locales por daños justiciados en emergencias a infraestructuras, considera que la Administración central no debe desligarse de su actual competencia de otorgar ayudas paliativas a particulares, colectivos y empresas, sobre todo cuando es precisamente la Administración General del Estado la que decide sobre la declaración de una zona afectada por una emergencia como Zona afectada gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc), lo que antes se conocía como zona catastrófica.

Durante el año 2021 el Gobierno ha declarado Zaepc a municipios andaluces por los daños del temporal Filomena (19 mayo). En agosto hizo lo propio para atender daños por incendios forestales en Jun, Taha, Capileira (Granada), El Ronquillo ( Sevilla), Villaharta ( Córdoba), Tarifa (Cádiz) y Bonares y Lucena del Puerto (Huelva) y el 21 de septiembre, también por los incendios de Jubrique, Gualchos y Sierra Bermeja. Este viernes hizo lo propio con los municipios de Huelva afectados por las inundaciones de septiembre y por los incendios de Gualchos (Granada) y Alcaracejos (Córdoba).