Francisco Javier Guerrero, el principal imputado del caso ERE, murió a causa de una neumonía grave

El médico forense revela que Guerrero falleció el pasado domingo a causa de una neumonía grave que le provocó una insuficiencia respiratoria y que no tiene ninguna relación con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ni arroja rastros de ninguna otra sustancia, según informaron a ABC fuentes allegadas a él.

La autopsia practicada al ex alto cargo socialista descarta que la causa de su muerte fuera un fulminante infarto, como en principio se pensó. Guerrero murió este domingo en su domicilio de Sevilla de manera repentina . Según contó su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco , se despertó a las 6.00 de la mañana aquejado de un fuerte dolor en el pecho y con dificultades para respirar. Se duchó y desayunó justo antes de fenecer. Cuando la ambulancia llegó a su casa, ya nada pudieron hacer por reanimarlo.

Guerrero fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel, así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación y prevaricación en la única pieza de la macrocausa de los ERE que ha sido juzgada hasta ahora, denominada «procedimiento específico». El sistema fraudulento para conceder y pagar las ayudas a empresas no lo montó él, sino la Junta de Andalucía, defendía . «A mí se me dice un día, 'A partir de aquí este es el 'modus operandi'. Pues ya está: 'Sí, 'bwana' », declaró Francisco Javier Guerrero en una entrevista con Efe en mayo de 2018.

El que fuera director general de Trabajo andaluz entre octubre de 1999 y abril de 2008 protagonizó, a su pesar, algunos de los capítulos más sórdidos del caso de los ERE, el escándalo por el que fueron también condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , en una de las mayores tramas de corrupción institucional conocidas hasta la fecha y por la que fue encarcelado. Fue el único ex alto cargo que ha pisado en dos ocasiones la prisión por este sumario.

Guerrero figuraba como acusado en otras dos piezas separadas de la macrocausa que afectan a las ayudas concedidas a Acyco y a las empresas ficticias de su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, por las que iba a sentarse en el banquillo. Además, estaba investigado en otras causas relacionadas con su gestión autonómica como la relativa al préstamo encubierto de 5,8 millones concedido por el Gobierno de Chaves a Cárnicas Molina o la deuda de 6,7 millones de euros que la Junta de Andalucía no reclamó a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por la gestión de las residencias de tiempo libre entre 2003 y 2006.

El exdirector de Trabajo concedió a su exchófer, Juan Francisco Trujillo, casi 1,5 millones de euros en subvenciones con cargo al fondo de los ERE para tres proyectos presuntamente sin actividad. Su conductor declaró ante la Guardia Civil y, después, ante la juez Mercedes Alaya, que parte de su dinero se gastó en cocaína y fiestas y copas para él y su jefe.

Estas acusaciones causaron un profundo desagrado a Guerrero. « Ni he sido drogadicto ni he pagado de la administración pública una copa en mi vida . O me la he pagado yo o me la han pagado los amigos», le corrigió el ex alto cargo, que atribuía las afirmaciones a una «inquina personal» de su antiguo subordinado. En su comparecencia en la comisión de investigación de las ayudas irregulares en el Parlamento andaluz también negó haber sido «un putero».

Cuando saltó el escándalo, a finales de 2010, el Gobierno andaluz de Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, trataron de endosarle las culpas al situarlo como uno de los «cuatro golfos» que habían montando el fraude de los ERE . Las defensas de muchos de los otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz partían de la base de que ignoraban cómo se gestionaban las ayudas y lo señalaban a él alegando que «eran competencia del director general de Trabajo».

El tribunal de la Audiencia de Sevilla desmontó estos argumentos exculpatorios y condenó a 19 ex altos cargos con la tesis de que todos conocían, participaron y alimentaron durante diez años la «palmaria ilegalidad» de las ayudas dadas sin control ni límite presupuestario entre 2000 y 2009.