Andalucía entra en el 'club' de las comunidades con los impuestos más bajos

La Junta de Andalucía aumentó sus ingresos en 600 millones de euros en los tramos estatal y autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) entre 2018 y 2019 después de bajar impuestos. De un año para otro no sólo cambió el signo político de la autonomía tras 37 años de poder del PSOE. Surgieron 119.000 nuevos contribuyentes del IRPF, frente a los 181.000 que se habían perdido entre 2017 y 2018.

El impuesto sobre patrimonio tuvo el mismo efecto multiplicador: casi mil pagadores nuevos y 10 millones más para las arcas. Entre medias, el bipartito regional, con el sostén de Vox, había puesto en marcha su primera reforma fiscal (en abril de 2019) que libraba a los familiares directos (hijos, padres, cónyuges y nietos) de pagar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y que sentaba las bases de una rebaja progresiva en el tramo autonómico del IRPF.

Con la segunda bajada fiscal que impulsan PP, Cs y Vox y que entrará en vigor en su integridad en enero de 2022, e l secretario general de Hacienda de la Junta, Ignacio Méndez , espera que Andalucía escale al menos al quinto puesto entre las comunidades más atractivas para los empresarios y contribuyentes. En el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de 2020 ocupaba la undécima plaza de la clasificación que compara a 16 comunidades y las tres diputaciones forales vascas, que copan los primeros puestos con Madrid y Canarias.

Dos años antes, en el ranking de 2018 que elabora la Fundación para el Avance de la Libertad, Andalucía figuraba dos puestos más abajo, en el 13. En 2017 ocupaba el 16, antes de que el PSOE pactara con Cs eximir a familiares directos del pago del tributo por recibir herencias de hasta un millón de euros. La región estaba más cerca del ‘infierno’ fiscal de Cataluña que del ‘oasis’ madrileño. Ahora le daría la vuelta a la tortilla.

Con la reducción ya en marcha de los tipos máximos y mínimos del IRPF para todas las rentas, que culminará en el año 2022, Andalucía compartiría con Castilla-La Mancha la tercera posición, por detrás de Madrid y Castilla y León, según la Junta. La menor tributación de las herencias y donaciones, a partir de 2018, permitió a los andaluces ahorrarse 140 millones. Dinero que se quedaba en el bolsillo de las familias, combustible para hacer girar la rueda de la economía, sin que se rompieran las cuadernas del Estado del bienestar.

El gasto en sanidad, educación y servicios sociales, lejos de caer, ha tocado techo en esta legislatura marcada por la pandemia. La primera bajada fiscal tampoco impidió que Andalucía se convirtiera en el único territorio de España que cumplió las reglas de déficit, deuda y gasto en 2019, cuando un año antes había obtenido un triple suspenso.

Esta misma filosofía ha inspirado la segunda reforma que se aplica desde el pasado miércoles en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Los tipos del 8%, 9% y 10% se reducen a un único gravamen del 7%. Si antes se pagaban 14.400 euros por comprar una vivienda usada de 180.000 euros, ahora son 12.600 euros, 1.800 menos. También se aminora la factura por escriturar una casa nueva al rebajarse del 1,5% al 1,2% la cuota del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Por un piso de 200.000 euros el comprador se ahorra ya 600.

La reducción supone un acicate para la construcción y los particulares. Manuel Vázquez, director general de Tributos de la Junta de Andalucía, explica que en una promoción inmobiliaria hay que pagar hasta seis veces el AJD: desde que se adquiere el solar para edificar hasta que el comprador del piso se endeuda para pagarlo. «Reducir el impuesto tiene un ‘efecto palanca’. Lo normal es que ese ahorro se vaya al consumo, a comprar muebles o a hacer una reforma, y eso genera más actividad y empleo», subraya el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

El coronavirus ha desencadenado una crisis de dimensiones históricas. Para reparar los daños que ha dejado, la Junta se enfrentaba a una disyuntiva: subir impuestos para paliar el desastre o bajarlos para dar más oxígeno a familias y empresas. Ha optado por lo segundo, el camino que han tomado Portugal, con un gobierno socialista, o Italia. El Gobierno de Pedro Sánchez rema a contracorriente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, impulsa una armonización fiscal para combatir las enormes diferencias fiscales entre las regiones que, como Andalucía o Madrid, han exprimido su capacidad normativa para bajar a sus ciudadanos los tributos cedidos por el Estado. Para Bravo, inspector de Hacienda de carrera, la reforma fiscal que impulsa la Junta no es «ideológica» y va más allá de bajar impuestos. Despliega una red de protección social para ayudar a familias, jóvenes, víctimas de violencia doméstica o frenar la despoblación, a través de un ramillete de deducciones fiscales que permiten desgravarse hasta 150 euros por estudiar idiomas o 500 euros anuales a una persona mayor de 75 años que contrate a un empleado de hogar.

María Jesús García-Torres, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada , pone el acento en el calado social de la reforma: «La Junta plantea una revisión del sistema tributario autonómico que no va dirigida sólo a bajar la recaudación porque sí, sino que fomenta la economía y persigue unos objetivos sociales, como ayudar a la natalidad en municipios con riesgos de despoblación para facilitar su arraigo». También «contribuye a aflorar la economía sumergida porque va a permitir que toda esa contratación de profesores de idiomas o del servicio doméstico se haga con la correspondiente factura» para deducirse los gastos. «Mantener altos los impuestos de sucesiones o de patrimonio puede interesar por razones ideológicas, pero es una pena porque se está perdiendo mucha recaudación. Cuando un contribuyente se traslada a otra región, se pierden todos los IRPF que pagaba cada año. Ese consumo también deja de hacerse en la comunidad. Gobernar no es gastar sino administrar bien lo que se tiene», defiende.

El consejero de Hacienda es un convencido de esta doctrina: «No hay que pagar más porque nosotros no hagamos bien las cosas». Bravo considera «un error» pensar que «por empobrecer a los ricos se va a enriquecer a los pobres». La Junta se mira en el espejo de Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas y «está bajando impuestos, mientras España es el único país que los sube». Por encima de otras regiones, a Bravo le «preocupa más» la «dura competencia» del país luso por las ventajas fiscales que brinda a extranjeros.

Para Luis Fernández Palacios, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) , la reforma fiscal que tramita el Parlamento, «va en la línea de lo que pedimos». «La bajada del ITP y AJD reduce los costes que soportan empresas y particulares. Eso genera consumo y nuevos ingresos fiscales para la administración. En definitiva, mueve la economía. No por subir impuestos se recauda más, lo importante es incrementar la base imponible» —el dinero sujeto al pago de tributos—, expone este economista. El saldo positivo en los traslados de empresas es un termómetro para medir los efectos de la primera bajada fiscal de 2019 y de la reducción de trabas burocráticas. «En 2020 se marcharon de Andalucía 402 empresas por distintas causas, pero vinieron 490, de las que 246 procedían de Madrid, según el Colegio de Registradores», ilustra Fernández Palacios.

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro , en cambio, rebaja las expectativas sobre la nueva bajada fiscal. A su juicio, obedece a un criterio de «oportunidad política», pues «su trascendencia económica es muy limitada». «Los 329 millones de euros que la Junta prevé que se ahorren los contribuyentes representan sólo un 0,85% del presupuesto de la comunidad».

Para este catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, es «un tópico de la Hacienda pública» pensar que si se reduce el nivel impositivo, aumenta la actividad, el empleo y, por ende, la recaudación. «Puede tener una influencia, pero que sobrepase la reducción de los tipos impositivos no está avalado. Hay otras variables mucho más potentes como la evolución de la crisis, la economía internacional o las exportaciones».