Andalucía, con una tasa de paro del 32%, no da cursos de formación desde el año 2011

Este ejercicio volverá a ocurrir lo mismo. A 30 de septiembre de este año, Andalucía ha sido la única región de España que no ha rendido cuentas al Ministerio de Empleo sobre los fondos recibidos por el Estado, según las fuentes consultadas por ABC.

El Gobierno de José Antonio Griñán traspasa en 2013 las competencias de formación desde la Consejería de Empleo a la de Educación. El motivo oficial es el de mejorar la gestión, pero la realidad es que la Junta teme que le estalle en las manos un escándalo parecido al del caso ERE . Como consecuencia, se interrumpe la concesión de ayudas. Por entonces, la UDEF de la Policía comienza a investigar los cursos con compromiso de contratación, tras una denuncia de la Seguridad Social en Málaga.

Carlos Cañavate , director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta hasta 2014, confesó a la Guardia Civil una «saturación» en el departamento encargado de comprobar el destino de las ayudas. Llegaban a la Comunidad cantidades millonarias procedentes del Fondo Social Europeo y los funcionarios no daban abasto.

Este ex alto cargo admite otro «problema» de difícil solución. Las convocatorias de ayudas para formar a desempleados desde 2007 a 2010 «no están bien hechas» porque hay demasiada discrecionalidad en el reparto de ayudas . Se corre el riesgo de tener que devolver fondos al no pasar el filtro de los verificadores europeos.

Ante la perspectiva de devolver a Bruselas los fondos, decide no asignar más dinero para reciclar laboralmente a parados y trabajadores, en los años más duros de la crisis.Pero, ¿qué pasa con el dinero ya repartido? Desde 2008 a 2011 había librado a 1.162 entidades de justificar los fondos en tiempo y forma amparándose en una excepción legal por motivos de «especial interés social».

La UDEF revela en 2014 que al calor de las ayudas millonarias y aprovechando la falta de control surgió una red de empresas «caza subvenciones» . Había cursos que no se realizaban, alumnos falsos e incumplimiento generalizado de los compromisos de contratación. Desde 2013 estaba el foco sobre UGT en Andalucía por el supuesto desvío de subvenciones. El caso Edu iniciado en Málaga se extiende al resto de provincias: 18 juzgados investigan el fraude. La juez Mercedes Alaya imputa a tres exconsejeros de Empleo: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio , ya implicados en la causa de los ERE falsos.

Díaz devuelve la formación a Empleo, deja en «stand-by» esta política, revisa 8.505 expedientes de ayudas y pide el reintegro de 71,9 millones. La cantidad recuperada es testimonial. Las cuentas de 2016 retoman la formación con una dotación de 239,7 millones , tras aplicar algunos retoques al modelo implantado como obligar a las empresas a rendir cuentas de las subvenciones al final de cada año.