«El derecho a la educación sólo puede desplegarse por completo con una educación presencial»

La reunión de presidentes autonómicos a estas alturas del mes de agosto evidencia improvisación y un motivo de inquietud para toda la sociedad, que observa como la responsabilidad se descarga en los equipos directivos, docentes y familias.

¿Son suficientes?

No, se necesitan más recursos finalistas, y mayor flexibilidad normativa, el único objetivo debería ser proteger el derecho a una educación segura y ordenada dentro de lo posible, teniendo en cuenta el principio de realismo e incertidumbre que hacen inviables soluciones mágicas ante situaciones tan novedosas e imprevistas.

La escuela virtual es la antiescuela por cuanto la socialización es muy escasa y el aprendizaje se resiente sensiblemente (con una brecha digital y social en las familias con menos recursos y mayor desventaja social), no nos queda otra. No podemos generar más fracaso, más abandono escolar , ni más desigualdad, y esto en Andalucía ha tocado techo.

¿Cuál es el papel de la inspección en este curso escolar?

Necesitamos con urgencia medidas concretas y realistas. Para la organización del inicio de curso proponemos que todos los centros educativos planifiquen la prestación de unos servicios mínimos esenciales para los alumnos en función de la situación sanitaria de su entorno, y que, a partir de ahí, se den respuestas individualizadas y flexibles de atención presencial. Todo ello adaptando al máximo la normativa vigente (horarios lectivos adaptados ofreciendo enseñanzas de Bachillerato y FP por turnos o tardes, regulación escalonada entradas y salidas sin tener que compensar el tiempo lectivo que se pierda, espacios, agrupamientos de alumnos que no respondan a niveles o edades, integrar asignaturas en ámbitos, permitiendo que los docentes impartan clases por afinidad de atribución docente y no sólo por estricta especialización de materias, entre otras que surjan en el seno de las comunidades educativas) para que los directivos de los centros puedan articular medidas contextualizadas.

Es estéril y ridículo utilizar una normativa pensada para escenarios de normalidad en situaciones de excepcionalidad como la que vivimos. La reapertura escolar requiere una oferta de modelos individualizados y flexibles acordes ala realidad de cada centro educativo. No vale una talla única para todos. Pero, al mismo tiempo, se tienen que proporcionar criterios prioritarios, comunes y homologados que eviten agrandar desigualdades, y ahí juega un papel imprescindible el Ministerio de Educación. Algunos criterios prioritarios para la presencialidad pueden ser, por este orden: vulnerabilidad económica de las familias, necesidad de conciliación por las características del trabajo de los progenitores, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y grupos de menor edad (infantil y primaria).

¿Cree que los inspectores de Educación cuentan con herramientas suficientes para afrontar este nuevo curso escolar?

Todas las partes debemos hacer esfuerzos y generosas cesiones ante el mayor problema educativo de los últimos 40 años. Para ello las Administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) deben redoblar los recursos materiales y humanos: docentes, personal de administración y servicios (PAS), personal de atención educativa complementaria (PAEC) y personal de limpieza. Y sobre todo deben priorizarla salud colectiva haciéndola compatible con la educación, por ello exigimos la imprescindible coordinación, a todos los niveles, de los servicios sanitarios y los centros educativos.

Los inspectores de educación debemos centrar nuestros esfuerzos en asesorar, ayudar y comprender las difíciles situaciones en las que se verán involucrados todos los sectores de la comunidad educativa facilitando pautas y la conexión con las autoridades administrativas. Para ello y en la actual coyuntura, el asesoramiento debe ganar peso ante la supervisión, centrada en el cumplimiento de la normativa educativa, pues nos encontramos ante una situación transitoria y compleja. Los planes de inspección deben simplificarse al máximo para que se pueda atender lo realmente necesario e importante.

¿Son necesarios más inspectores para el curso 2020-2121?

No es una cuestión de más inspectores, sino de la consideración a la función inspectora. Las soluciones deben ser sistémicas. El sistema educativo no es autónomo. Aquí deben fajarse la Consejería de Educación, la de Salud, la de Asuntos Sociales, la de Trabajo (para los criterios que regularán la conciliación familiar y laboral) y los ayuntamientos. Educación por sí sola no puede, ni podrá nunca.

La Consejería de Educación debe flexibilizar al máximo toda la normativa, desde la atribución docente a los horarios lectivos. Las instrucciones pedagógicas de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación confunden más que guían, bloquean la autonomía de los centros, son prolijas, rígidas, encorsetadas y no se han adaptado a la realidad. Han quedado desfasadas. No son útiles. Deberían revisarse en profundidad. Un ejemplo: ¿la misma carga lectiva para todos los centros de todas las poblaciones? Esto es incompatible con la realidad. No vale una talla única para todos. Y aquí es la inspección quien está a pié de obra y de la mano con los equipos directivos, profesores, padres... conoce la realidad de los centros.

Los grupos son en muchos centros muy grandes y los espacios muy pequeños. El sentido común hace inviable la idea de poder responder con el simple aumento de docentes. Esta situación obliga flexibilizar los aspectos de organización, funcionamiento y currículo (horarios, agrupamientos, atribución docente, ámbitos en vez de asignaturas). Situaciones excepcionales hubieran requerido medidas más excepcionales aún.

Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, ¿Cómo van a ser estas inspecciones en este curso?

La inspección educativa, tiene que atender lo realmente importante, en el contexto actual de docencia debe intensificar el asesoramiento y apoyo a los centros docentes, dando certezas allí donde hay dudas, dando seguridad y ayuda allí en donde sea necesario, priorizando el seguimiento del alumnado que requiera medidas de atención a la diversidad y los procesos de enseñanza-aprendizaje tal y como lo está diseñando su centro. Y aquí la Inspección puede y debe prestar un servicio imprescindible. El contacto con los centros, con criterios homologados y comunes, desburocratizando la labor docente, difícil siempre, pero especialmente imprescindible en estos críticos momentos.

Y la docencia virtual. ¿Es menos provechosa que la presencial?

-El derecho a la educación sólo puede desplegarse por completo con una educación presencial.

-Durante la pandemia se ha utilizado bastante la educación a distancia enviando correos electrónicos en vez de la educación en línea o en directo. Lo primero no es educación. Lo segundo es sólo un sustitutivo temporal.

-Se hacen necesarios servicios mínimos de presencialidad en cada centro en función de 4 criterios prioritarios por este orden:

1º.-Vulverabilidad económica de las familias.

2º.-Necesidad de conciliación en virtud de las características del trabajo de los progenitores.

3º.-Alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo.

4º.-Atender al alumnado de menor edad: infantil, primaria, 1º y 2º de la ESO.

En cualquiera de los casos, ya tenemos, hoy mejor que mañana, que adecuar la enseñanza-aprendizaje en modelos mixtos ( presenciales y on line ), no nos queda otra, cabe pensar en un modelo mejor, pero este es el único posible.

¿No llevar a los hijos al colegio de forma preventiva o por miedo al contagio es un derecho o un delito?

La asistencia presencial a la escuela, mientras las autoridades sanitarias no la limiten, no es una opción de las familias, sino una obligación de éstas. Bien es cierto que situaciones excepcionales, requieren de una aplicación flexible de la norma, dicho de otra manera: la prioridad es el asesoramiento y la ayuda, no la sanción. En cualquier caso el absentismo tiene que ser reiterado, duradero, planificado y persistente, no esporádico. Esto significa que la condena por un delito de desamparo o abandono tipificado en el art. 226.1 del código penal es el vértice de un largo proceso, sin sentido en estos momentos, es la ayuda y la prestación de medios y recursos la prioridad.

¿Cómo actuar ante las cuarentenas obligatorias en caso de contagios de los alumnos o del personal del centro?

Se hace necesario retomar de forma prioritaria la actividad educativa presencial pero adoptando una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 que garanticen que la misma se realiza de la manera más segura posible. Y ello dentro del marco del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferecia Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al Covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21.

¿Se podrá iniciar el curso escolar en la fecha prevista?

El ambiente está caldeado, y no es por el viento de levante, la educación es un asunto de estado y no se puede generar 17 modelos diferentes, con respuestas diferentes y lavarse las manos, la ministra no ofrece nada … sálvese quien pueda. Pero frente a eso todos tenemos que colaborar desde un enfoque sistémico, con corresponsabilidad ( educación, salud, asuntos sociales, trabajo, ayuntamientos ) y los que estamos a píe de obra: equipos directivos y claustro de profesores, inspección, padres, alumnado, sindicatos.

Es, creo, evidencia suficiente, el reciente estudio del Consejo Escolar del Estado «El éxito en la Educación Primaria y Secundaria» como estamos en el último lugar en repeticiones de curso, abandono escolar prematuro y porcentaje de población que supera al menos bachillerato o ciclos formativos de grado medio de los 10 países considerados, es esto lo que debería unirnos, porque sabemos que estamos en las manos de los mejores profesionales, y ellos, como siempre, con su generosidad y profesionalidad, serán capaces, pero no deben sentirse nunca solos y olvidados... en nuestras manos está.