UGT Andalucía afronta su Primero de Mayo más duro tras la apertura del juicio por defraudar ayudas de parados

Lo que no es virtual es el horizonte judicial que aguarda al anterior secretario general de la UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla . Tanto él como otros cuatro exresponsables del sindicato se van a sentar en el banquillo, acusados de crear un sistema de financiación irregular con subvenciones de la Junta de Andalucía para dar cursos de formación a desempleados y trabajadores.

Como adelantó ABC, el juez Juan José García Vélez ha impuesto una fianza récord de 40,7 millones de euros a los acusados, que deben depositarla en el plazo de un día. De lo contrario, se requerirá al sindicato que lo haga como responsable civil subsidiario con apercibimiento de embargo de sus bienes.

El auto de apertura de juicio oral cae como un torpedo en la línea de flotación de una organización sometida a una doble crisis: la financiera, que le ha obligado a adelgazar su estructura, y la de imagen, que se ha visto erosionada tras siete años de instrucción judicial. La investigación confirma la confección de supuestas facturas falsas de compras con las que justificar subvenciones o de alquileres ficticios de aulas, según revelaron las informaciones publicadas por periódicos como ABC y los atestados de la Guardia Civil, recogidos por el juez en el auto que cierra la investigación.

En su particular paso del Rubicón, la UGT Andalucía ha tenido que vender su sede regional, una casa señorial en la calle Antonio Salado, en el Centro de Sevilla . La sede fue adquirida por la UGT Confederal por 5,5 millones de euros. También ha cerrado otro edificio de la misma calle Antonio Salado que utilizaba como oficinas para ahorrar.

La dirección de UGT-A no quiso pronunciarse ayer sobre el auto, el día que ABC publicó la apertura de juicio oral. Pero sí lo ha hecho hoy a través de su secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, quien ha señalado que su organización «no ha sido condenada ni penal ni civilmente» dado que «no existe aún sentencia del caso». La líder regional tomó las riendas del sindicato en enero de 2014 para abrir una nueva etapa en la federación tras la dimisión de Fernández Sevilla por el caso de las supuestas facturas falsas.

Tras expresar sus reticencias a pronunciarse sobre un asunto del que «no toca hablar hoy» en una rueda de prensa telemática conjunta con la líder de CCOO-A con motivo del Día del Trabajador, Castilla marcó distancias con la etapa anterior y se congratuló de que la Justicia actúe rápido. Algunas personas «están llevando un calvario» desde hace seis años, dijo la secretaria general, que tomó las riendas de UGT-A en enero de 2014 tras la dimisión de Fernández Sevilla por este escándalo tan sólo siete meses después de acceder al cargo.

Según el relato de los hechos que hizo el magistrado en el auto de transformación del procedimiento abreviado, entre los años 2009 y 2013 «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias ». Este acuerdo supuso «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido : la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

Para llevar a cabo este supuesto fraude, UGT-A se valió de proveedores de confianza que le facilitaron «la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», según el auto que cierra la investigación.

Aparte de Fernández Sevilla, están acusados el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda , la secretaria de Gestión Económica María Charpín y Enrique Goicoechea , consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados, y la exresponsable de Compras, Dolores Sánchez Montaño.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros los cuatro primeros, así como que indemnicen solidariamente a la Junta de Andalucía con 40.750.047,74 euros, por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil. Para la jefa del departamento de Compras solicita 5 años de prisión.

En el banquillo de los acusados les acompañarían, además, diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos públicos. Se enfrentan a fianzas que suman más de 4 millones de euros.

Ocho de los investigados durante la instrucción han quedado fueran de la causa, entre ellos el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana , debido a sus problemas de salud, al que los investigadores señalaron como ideólogos del sistema irregular.