La guerra del agua en la Corona Norte de Huelva
Los agricultores de Doñana reprochan al Gobierno que si Europa les financió el 53% de sus tierras ahora les multen
El secretario de Estado de la Agenda 2030 avisa de multas a la Junta de Andalucía si regulariza los cultivos
Enrique Santiago ve ilegal la propuesta de ley de PP, Cs y Vox, pero no concreta alternativas para los afectados
Enrique Santiago en la Delegación del Gobierno en Sevilla
El Gobierno amenaza a la Junta de Andalucía con endosarle una multa que pueda imponerle la UE si regulariza las explotaciones agrícolas en la corona norte de Doñana. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, se desplazó ayer a Sevilla con el ... discurso ya hecho en su campaña contra la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz. La iniciativa partió de PP, Cs y Vox, con la sorpresiva abstención del PSOE, para regularizar unas 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional. Estas se nutren en su mayoría de pozos ilegales desde hace décadas, sin que hasta ahora, con la sequía atenazando el campo, hubieran saltado las alarmas. Santiago pidió a la Cámara autonómica que «no lleve adelante» esta iniciativa porque Andalucía se expone a «no recibir fondos europeos» y a una sanción. Los andaluces «deben tener claro» que si Bruselas impone una multa, «el Gobierno de España repetirá esa sanción obviamente al causante del hecho sancionable que, en este caso, es la comunidad andaluza», advirtió. El secretario de Estado se había reunido con la plataforma 'Salvemos Doñana', cercana a las tesis del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, que rechaza regularizar los cultivos que dejó al margen la ley de 2014.
Con posterioridad, se entrevistó con todos los grupos políticos, a excepción de Vox, que declinó reunirse con el también secretario general del PCE. Aunque no estaba prevista en su ronda de contactos, el PP forzó una reunión del secretario de Estado con la Plataforma de Regantes del Condado de Huelva y el alcalde de Lucena del Puerto, el municipio onubense más afectado.
La idea es que conociera también la versión «desde el otro lado» de las personas que «están reclamando una solución a un problema desde hace mucho tiempo, que tienen unos derechos históricos y una vocación de defensa de Doñana y del medio ambiente ya acreditada», se justificó el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, al término del encuentro. Desde la Secretaría de Estado, en cambio, indicaron que el día anterior habían tratado de localizar a los regantes para fijar un encuentro, pero que no habían podido contactar con ellos, extremo que éstos niegan.
Manuel Andrés González, el diputado del PP ponente de la proposición, negó la premisa mayor del alto cargo del Gobierno. «La proposición de ley no habla de agua ni habla de riego ni de hábitat»
Las normas de cortesía no evitaron que el debate derivara en el inevitable diálogo de sordos. El secretario de Estado insistió en que la reforma legal «es contraria a la ley» y a las directivas europeas porque afectan al agua y al hábitat de la reserva natural . No concretó alternativas a las familias que viven de estos cultivos, más allá de promesas de ayudas para cambiar las explotaciones agrícolas. Manuel Andrés González, el diputado del PP ponente de la proposición, negó la premisa mayor del alto cargo del Gobierno. «La proposición de ley no habla de agua ni habla de riego ni de hábitat» y además ni siquiera afecta al parque sino a fincas que «se encuentran a 20, 30 ó 40 kilómetros de Doñana», advirtió.
La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto , en cambio, celebró las posibles «soluciones en lo tangible» para concliliar la actividad económica y «seguir disfrutando» de una reserva de la biosfera.
Menos entusiasmo que su compañera de partido mostraron los afectados. El secretario de Estado de la Agenda 2030 rectificó tras informar ABC de que no se reuniría ni con los agricultores ni con los alcaldes del entorno de Doñana. La entrevista con el presidente de la Plataforma de Regantes del Condado de Huelva, Romualdo Macías , y con el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, uno de los municipios más afectados, se hizo y duró un cuarto de hora. Allí le expusieron al alto cargo del Ministerio de Asuntos Sociales que las 800 hectáreas que ellos quieren que se regularicen, fueron financiadas en 2006 en un 53% por la Unión Europea. «No entendemos como a los jóvenes agricultores de aquellos años que recibieron dinero de Europa a través de la Junta para comprar tierras, maquinaria agrícola e incluso plásticos para hacer balsas y aprovechar el agua de lluvia, ahora nos amenacen con que nos van a multar», le dijo Macías.
Santiago les replicó que existe un problema con el agua del parque y que hay que cambiar la mentalidad y aprovechar el Perte. Es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez para canalizar los fondos de Europa dirigidos a reparar los daños provocados por la crisis del Covid con proyectos sostenibles. El alcalde de Lucena y Macías le agradecieron mucho que les escuchara, pero no dio tiempo a especificar cómo se materializaría el cambio de actividad de los frutos rojos, sector muy pujante que da de comer a más de 2.000 familias.
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