El 42 por ciento de la población de Andalucía está ya a sueldo del Estado tras la crisis del coronavirus

Los 3,56 millones de andaluces cuyas rentas dependen del Estado constituyen un grupo heterogéneo compuesto por pensionistas, desempleados protegidos con algún tipo de prestación o subsidio, empleados del sector público, trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y autónomos con derecho a una prestación extraordinaria por el cese de la actividad.

Aunque todos suman, los colectivos que están directamente afectados por el tsunami del Covid-19 son tres: los desempleados que disponen de algún tipo de protección, los afectados por los ERTE y los autónomos que perciben una prestación especial. Estos dos últimos no cuentan en las estadísticas oficiales como parados . Su actividad está suspendida y por esta razón reciben una ayuda hasta que puedan reanudarla.

El de los autónomos se ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables. Unos 216.934 trabajadores por cuenta propia van a percibir en Andalucía la ayuda extraordinaria del Gobierno por cese de actividad. Esta prestación (661 euros como mínimo) va dirigida a quienes hayan sufrido una merma de al menos el 75% de sus ingresos. Además, la Junta ha puesto en marcha otra ayuda para unos 166.000 autónomos y mutualistas que habían quedado fuera de la cobertura estata l.Pero estos afectados no se han incluido en el cómputo general, a la espera de su tramitación.

Actualmente, 1.102.408 personas reciben algún tipo de prestación en Andalucía, incluidas las reconocidas antes de abril, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. El gran número de afectados por los ERTE ha elevado la nómina del seguro de empleo en abril.

En los 1,1 millones de andaluces protegidos con algún tipo de renta o ayuda pública se incluyen los 408.742 trabajadores afectados por los ERTE solicitados por 75.397 empresas andaluzas, que han cobrado o están pendientes de su ingreso. El resto, cerca de 700.000, reciben prestaciones de otro tipo: contributivas, subsidios por desempleo o agrarios o la renta activa de inserción.

El coste de las prestaciones se ha disparado hasta los 853,18 millones en Andalucía, la factura más alta abonada por el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE). La bola de nieve de las suspensiones va a seguir creciendo. La Junta, encargada de tramitar la documentación para validar estos procedimientos, ha resuelto 94.409 ERTE que afectan a 492.634 trabajadores, 84.000 más de los reconocidos hasta ahora.

La avalancha de expedientes está poniendo a prueba a los servicios públicos de empleo. La delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, destacó ayer que «el elevado volumen de personas con alguna prestación del sistema SEPE» ha obligado a realizar «un esfuerzo sin precedentes» para darles cobertura y anticipar su pago (antes del día 10 de cada mes), «al tiempo que se mantiene la actividad y se protege el tejido productivo».

Los ERTE han amortiguado el mazazo, pero la onda expansiva del Covid-19 ya está causando estragos. En el mes de abril se perdieron 123.259 empleos con respecto al mes anterior y dejó en 2.961.458 el volumen de cotizantes a la Seguridad Social y en 978.297 el número de parados.

Todavía es pronto para saber cuántos empleos ahora suspendidos van a recuperarse o cuántos serán borrados del mapa por la interrupción de la actividad económica. Pero hay datos que aportan una idea. En marzo, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, 599.657 andaluces cobraban alguna prestación por desempleo en Andalucía. De confirmarse los datos adelantados por el Gobierno, van a rondar los 700.000.

El colectivo más numeroso que cobra del Estado es el de los 1.581.295 pensionistas andaluces que perciben pagas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares, a los que se suman otros 123.123 funcionarios civiles y militares jubilados acogidos al régimen de clases pasivas.

La tarta se completa con 540.200 asalariados públicos, según la última EPA. El 21% de las personas que trabajan por cuenta ajena en Andalucía son funcionarios en el sentido más amplio del término, que abarca desde los de carrera hasta los laborales fijos , interinos y el resto del personal de sociedades y entes instrumentales de distintas administraciones.