El sesenta por ciento de los universitarios andaluces no habla inglés como exigirá la nueva ley

Porque todavía siguen siendo mayoría los que no hablan inglés sobre los que los que sí lo hacen. De hecho, el nivel de competencias lingüística de los jóvenes que se incorporan a las aulas universitarias todavía deja mucho que desear.

Pese a que el dominio de los idiomas es algo que se da por hecho entre las nuevas generaciones, es una de las principales exigencias a la hora de salir al mercado laboral y una de las cuestiones básicas cuando hay que enfrentarse a una entrevista de trabajo, la mayoría aún no lo habla de forma fluida.

Según fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación actualmente sólo el 40 por ciento de los estudiantes tiene ya el B2, el denominado First Certificate, el examen de inglés de Cambridge que certifica un nivel intermedio alto del idioma. Eso supone que la mayoría, un 60 por ciento, no lo tiene y, por tanto, sigue sin hablarlo como exigirá la nueva ley universitaria autonómica a partir del año 2029.

Y eso que en los últimos tiempos las universidades fomentan la movilidad internacional y cada vez son más los estudiantes que se marchan de Erasmus y hacen un curso académico (o un semestre) en una de las universidades europeas con las que existen convenios específicos para ello.

Las cifras ponen también en cuestión los resultados de los programas de bilingüismo que existen desde hace años en los colegios públicos andaluces. Por mucho que los gobiernos saquen pecho de esos programas, no parece que hayan dado su fruto ya que los estudiantes no entran en la universidad hablando inglés de forma mayoritaria mientras las academias privadas de inglés siguen proliferando por ciudades y pueblos.

El dato es importante si se tiene en cuenta que la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que se encuentra en trámite en la consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos exigirá que a partir del año 2029 sea obligatorio disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario.

Es decir, que para terminar la carrera será necesario ese título a partir de ese año. Así lo recoge el artículo 12 de la futura ley que establece que los planes de estudios deberán incluir «la necesidad de obtener a la finalización de estos un nivel suficiente de conocimiento de una lengua extranjera». Y se estipula que el nivel requerido para la obtención de títulos universitarios oficiales no podrá ser nunca inferior al nivel B2 de acuerdo con la clasificación establecida por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

En cualquier caso, la exigencia de ese nivel no se pondrá en marcha de golpe, sino que se hará de forma progresiva. La Junta de Andalucía establecerá un período de cuatro años para implantarlo, una «vacatio legis», de forma que la acreditación de la competencia lingüística del B2 no se exigirá a aquellos estudiantes que en el momento de la aprobación de la nueva norma estén ya matriculados en alguna titulación.

Es una medida que, en cualquier caso, no estará exenta de polémica si se tiene en cuenta los resultados de una encuesta que realizó la Junta de Andalucía a través del Centra.

En ella se preguntaba al PDI (los profesores docentes investigadores) si eran partidarios de mantener la exigencia al alumnado de acreditar un nivel B1 en idiomas, de aumentarla o de disminuirla. Y el resultado arrojó que un 46,4 por ciento de los encuestados prefería mantener el nivel como estaba, es decir quedarse con el B1, mientras que el 44,1 por ciento se mostraba a favor de aumentar el nivel exigido y un 5,2 por ciento lo disminuiría aún más.

Es una exigencia que supone también equiparse a otras comunidades autónoma que ya piden que sus egresados universitarios hablen el idioma inglés y subir el listón en cuanto a exigencias ya que hasta ahora en las universidades andaluces se exige el B1 o el conocido como PET (Preliminary English Test

De hecho en otras regiones españolas como Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña o Cantabria ya se está pidiendo a los egresados de las titulaciones de las universidades públicas el First en lugar del PET.

La nueva Ley de Universidades, que sustituirá a la actual que lleva en vigor en Andalucía desde el año 2013, es una de las promesas de Juanma Moreno para esta legislatura que termina el próximo mes de junio y está en trámite ya. La idea de la consejería de Universidades es que esté aprobada a final de año. 

El texto legal de la norma está ahora en fase de información pública y pendiente de los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo Andaluz para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento de Andalucía, donde su aprobación será sometida al debate del pleno.

El documento que, según recalcan desde la Junta de Andalucía, ha sido acordado con los rectores de las universidades, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales, y tiene como premisas principales estabilizar la carrera académica, incrementar los derechos de los estudiantes y potenciar la internacionalización de la universidad.

Otra de las novedades hace referencia a que, en Andalucía, se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta de Andalucía.