La sentencia definitiva del caso ERE se retrasa por las bajas en el tribunal que condenó a Chaves y Griñán

En los cinco años que han transcurrido desde que la Audiencia dictó la primera sentencia del denominado procedimiento específico de ayudas del 19 de noviembre de 2019, en las que fueron juzgados y condenados Chaves y Griñán, han cambiado mucho las cosas. Para empezar, es inviable que se pueda constituir el mismo tribunal que tuvo acceso a las pruebas para dictar una sentencia acorde a los dictados del TC. El tribunal de garantías anuló parcialmente las penas a la mayoría de condenados con el argumento de que el reparto clientelar y sin control de casi 680 millones de euros no fue ilegal si las partidas que nutrían el fondo de subvenciones figuraban en las Leyes de Presupuestos de la Junta.

De los tres magistrados que integraron el tribunal original sólo queda en activo uno de ellos: Pilar Llorente. Juan Antonio Calle Peña, el ponente de la sentencia, se jubiló anticipadamente en 2021 y ha sustituido la toga de magistrado por el ejercicio de la Abogacía. Encarnación Gómez Caselles, la tercera integrante, se encuentra en situación de excedencia voluntaria para el cuidado de un familiar tras su marcha a la Audiencia de Alicante. No hay visos de que vaya a suspender el permiso para dictar una sentencia que, para más inri, enmiende la primera resolución. Un magistrado solo no puede constituir un tribunal.

Para salir de este laberinto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elevado una «consulta urgente» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concedió la excedencia a la tercera magistrada. En sus manos está decidir cómo se suplen las bajas del órgano sentenciador de los ERE.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, explicó ayer en una entrevista concedida a Canal Sur que «la regla general» es que ante un caso judicial de esta naturaleza, «las sentencias las pongan los mismos» magistrados intervinientes en el procedimiento original. No obstante, puntualizó que de dicha norma «se exceptúa solamente a los que han perdido la condición de juez o los que pasan a la legislación de excedencia pero para ocupar cargos políticos», lo que «no es el caso de la magistrada». Dicho de otro modo, la primera opción para el TSJA es que Gómez Caselles forme parte del tribunal que dicte la sentencia definitiva del caso ERE. En el supuesto de que se decida a agotarla (la excedencia es de un año), como así parece, el desenlace se retrasaría a la espera de su reincorporación.

Otras fuentes jurídicas consultadas interpretan que podría integrar el tribunal un tercer magistrado de la Sección Primera que no haya intervenido en el juicio porque quien debe emitir la sentencia es el órgano al que pertenece la sala.

El 'plan b' consiste en repetir el juicio, pero fuentes jurídicas consultadas por ABC ven peregrina esta opción. Por el juicio que celebró la Sección Primera desfilaron 120 testigos y nueve peritos a lo largo de 152 sesiones que se prolongaron durante más de un año. El resultado es conocido: el tribunal que presidía Juan Antonio Calle Peña condenó por prevaricación y/o malversación a los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a una exministra, Magdalena Álvarez; a un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; a cuatro exconsejeros... y así hasta llegar a 19 ex altos cargos socialistas. En septiembre de 2022, el Tribunal Supremo ratificó en su mayor parte la sentencia hasta que llegó el TC, presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, y mandó parar.

Repetir un juicio de esta envergadura parece impensable. Daría una baza a las defensas de los acusados para pedir la nulidad de las actuaciones.

El TSJA pide que el CGPJ interprete si Gómez «puede o no formar parte de ese tribunal». Del Río reconoce que esta situación representa «un contratiempo importante». El presidente del TSJA confía en que el CPGJ busque salida a este callejón «en un corto plazo de tiempo». De momento, toca esperar.