Las seis rebajas fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía desde 2019

En el ISD, el tributo que grava las herencias y uno de los más cuestionados por los contribuyentes, las bonificaciones empezaron bajo la presidencia de Susana Díaz. Cuando la actual ministra, María Jesús Montero, era consejera andaluza de Hacienda (2013-2018) libró a los parientes directos (hijos, padres, nietos y cónyuges) de pagar este impuesto por heredar hasta un millón de euros. Fue una imposición de Ciudadanos al último Gobierno socialista a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos.

Esta bonificación fiscal y otras posteriores ya aprobadas por el Gobierno del PP obligan a la Junta a pasar por caja cada año debido al actual sistema de financiación autonómica, lo que no deja de resultar paradójico en una comunidad que a su vez está siendo perjudicada por este modelo de reparto de los recursos.

Desde el Gobierno andaluz defienden que se puede recaudar más reduciendo los tipos porque se amplía el número de contribuyentes y también los inversores que deciden trasladar su domicilio fiscal a Andalucía desde otras comunidades, aunque no maneja datos al respecto.

«Bajar impuestos a los ciudadanos no es igual a menos recursos, ni a recortar servicios públicos. Al contrario, bajar impuestos, sumado a una gestión eficaz, puede ser igual a mejorar los servicios públicos para los andaluces y esa es nuestra ecuación y así lo estamos demostrando», destacó recientemente la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una comparecencia en el Parlamento andaluz.

La responsable autonómica Puso como ejemplo el IRPF. Desde 2019, se ha reducido la tarifa del tramo autonómico y en 2022 se aprobó la deflactación del 4,3% de los primeros tramos de tributación. Aun así, entre 2018 y 2022 se presentaron 566.536 declaraciones de la renta más. Aumentaron un 16,1%.