SAVA: un cuarto de siglo evitando que «las víctimas se sientan más víctimas» en Andalucía

Con esa filosofía nació en 1998 el SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía), un organismo que brinda acompañamiento a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento judicial. No sólo en en el tramo concreto de las vistas, sino desde los momentos previos de interposición de denuncia y sin olvidar el apoyo que necesita una persona para cerrar un capítulo doloroso de su vida como los que suelen implicar cualquier paso por los tribunales. No sólo en casos mediáticos como el de Marta del Castillo o el Caso Bretón, sino ante cualquier víctima que necesite, ante todo, ser asistida. Y entendida.

De esta forma, el SAVA ha celebrado este lunes sus 25 años de trabajo como brazo ejecutor en la materia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, con un acto en el Acuario de Sevilla que ha congregado a figuras indispensables de la Judicatura, Fiscalía, Criminología o Psicología aplicada a las víctimas en torno a dos grandes mesas redondas, una ponencia y un taller de trabajo.

El tramo más interesante llegó pasado el mediodía, cuando se abordó desde el punto de vista profesional el acompañamiento a la víctima en el proceso penal.

«Al igual que ocurriera en su día con las reformas de Menores, Andalucía es pionera y referente en la creación de equipos específicos de protección especial y de evaluación individual de las víctimas gracias al SAVA, a través del cual se desarrolla como en pocos lugares el Estatuto de las Víctimas de 2015», explicó la moderadora Ana María Hermosa Martínez, de la Fiscalía Superior de Andalucía y coordinadora de la Sección Territorial de Sevilla.

La primera invitada en tomar la palabra fue Marta Valcarce López, fiscal delegada de Víctimas de Sevilla que recordó el necesario encaje que tuvieron que realizar tras la publicación del citado estatuto para asegurar la protección de las víctimas, testigos y peritos, una adaptación que se llevó a cabo en un doble sentido: «por una parte, la protección del fiscal se limitaría al ámbito procesal salvo casos en los que podría promover ante terceros los mecanismos previstos para que las víctimas pudieran recibir la asistencia». Ese fue el germen del vínculo de trabajo entre la Fiscalía de Sevilla y el SAVA.

De este intenso período, en el que Valcarce siempre ha estado al frente, la fiscal recuerda la especial cortapisa que supuso la Ley de Protección de Datos, porque «a menudo transmitimos información sensible de casos complicados» y especialmente «porque este servicio es voluntario. La persona acude sólo si quiere».

Tomó el relevo discursivo Natividad Plasencia Domínguez, que explicó a los presentes su experiencia sobre la «esclavitud del siglo XXI» como fiscal delegada de Trata de Seres Humanos y Entranjería de la Fiscalía Provincial de Sevilla.

«España es un país de destino y tránsito de víctimas de trata, mujeres extranjeras, jóvenes y muy vulnerables captadas mayoritariamente (en torno al 76 por ciento) para el mundo de la prostitución», explicó para matizar que se está observando una «tendencia al alza en los fines de explotación laboral (agricultura, servicio doméstico, textil...)» en el que también se cuentan hombres y hasta niños y discapacitados, dentro de núceos familiares.

Para Plasencia, «deben ver la luz reformas legales que se quedaron estancadas, hay que penalizar el proxenetismo y ser valiente de una vez y tipificar el delito de esclavitud y servidumbre». «Y desde luego, se debe dejar de ver a la víctima como un mero instrumento para los fines del proceso, como alguien que necesito para que me dé información para una causa y luego ya no me importa, aunque haya riesgo de 'victimización secundaria'», concluyó.

A continuación prosiguió Sandra Millán Madera, que se encarga de la Coordinación Provincial del SAVA en Sevilla. Abundó en todo lo relativo al acompañamiento, que a su juicio consiste en «evitar que las víctimas se sientan más víctimas». Es decir, trabajando sus temores, aclarando qué le pueden preguntar en el juicio oral y cómo, hacer lo posible para que no se crucen con los victimarios...

La psicóloga y criminóloga puso el acento en los informes individualizados de vulnerabilidad, una fórmula para comunicar a los órganos judiciales las necesidades que presentan las víctimas. Por ejemplo, en el caso de los discapacitados, que haya una persona facilitadora acompañando a los técnicos del SAVA en el acompañamiento.

Completó esta cuestión Luis Revilla, letrado de la Administración de Justicia de la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial, que indicó el habitual proceder de orientación con la víctima, «familiarización del lugar del juicio, el lugar que ocupa la Presidencia, lor jurados, los estrados, el Ministerio Fiscal... y el acusado».

Asimismo, les informan de la posibilidad de «declarar tras una mampara o por videoconferencia, para evitar en la medida de lo posible la confrontación visual».

Este doctor en Derecho Procesal no ocultó «lo gratificante» que le resulta este trabajo, ejemplicando en el caso concreto de la madre de una mujer asesinada que se acercó expresamente al jurado para «dar las gracias por la comprensión y la atención que le prestaron durante una declaración que no fue nada fácil».

Una intervención especialmente práctica fue la de la coordinadora provincial del SAVA en Córdoba Laura Fernández Rubio, que aclaró a los presentes que las de violencia de género son un tipo de víctimas muy habitual, pero no es el único.

En sus palabras hubo hueco para casos de familiares de bebés robados, parientes de fallecidos en accidentes de tráfico, víctimas de estafa (como la del caso Afinsa-Forum Filatélico), personas cercanas a desaparecidos forzados o de situaciones que terminan en asesinato (como los mencionados casos de la familia del Castillo-Casanueva o de Ruth Ortiz, de la que Fernández aseguró «haber aprendido a perdonar y a ser generosa»)... en los que hay un completísimo trabajo de apoyo físico y terapéutico.

Así, la exdirectora general de Violencia de Género y exdirectora del IAM, trata de contrarrestar ese pensamiento social de que «la justicia es fría» con este tipo de actuaciones de amplio espectro que son especialmente cuidadosas cuando tienen que ver con niños. «El futuro del servicio tienen que ser modelos como la 'barnahaus' o casas de niños donde puedan declarar para una vista, sin tener que pisar un juzgado».

Los últimos minutos de la mesa redonda recogieron el conocimiento del magistrado juez del Juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer 2 de Sevilla, Francisco Manuel Gutiérrez Romero, que ilustró una situación no tan excepcional como pudiera pensarse: que una víctima de delito no quiera iniciar un proceso judicial.

De hecho, este jurista que es Cruz Blanca de la Policía Nacional aclaró que «el apoyo a las víctimas no está condicionado a la interposición de denuncia», es decir, que pueden acceder a estos sistemas de acompañamiento y asesoramiento sin que medie denuncia penal a través «de los servicios sociales o sanitarios».

Incluso recordó los casos puntuales de víctimas que aunque hayan seguido adelante con el proceso se niegan en algún punto a seguir recibiendo comunicaciones oficiales del mismo. «Aunque el Estatuto y las leyes nos obligan a notificarlo, si la víctima hace constar su desinterés, eso prevalece», concluyó.

Como no podía ser de otra manera, la jornada de celebración ha concluido con un acto de entrega de galardones a los profesionales que han hecho posible esta fructífera estela durante 25 años de la mano de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona Vergara; y de los consejeros Loles López Gabarro y José Antonio Nieto Ballesteros, titulares de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de la Consejería tras la organización del evento. Una cita con la historia reciente que evidenció muchos temas de interés pero sobre todo el más valioso: que un proceso judicial siempre será menos doloroso si se afronta acompañado.