El SAS refuerza el apoyo jurídico al personal sanitario ante agresiones y denuncias

La Junta de Andalucía trata ahora de dar respuesta a esta necesidad y a otras vinculadas con la asistencia jurídica a su personal a través de un nuevo reglamento que ha aprobado y que regula específicamente el modelo de asistencia que pueden recibir tanto los profesionales sanitarios y administrativos como los cargos del SAS cuando se enfrenten a una denuncia, a una agresión o a cualquier procedimiento por el ejercicio de sus funciones como personal sanitario.

El nuevo decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno, sustituye a una normativa de 2005. Veinte años después se actualiza este documento para reforzar el papel de la asistencia jurídica en la atención al personal sanitario y también el papel consultivo de los letrados en los expedientes y procedimientos administrativos.

«Se trata de garantizar el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios y el uso adecuado de los servicios sanitarios pero garantizando la asistencia jurídica a los profesionales a través de las acciones que procedan ante las agresiones u otros hechos que perturben la asistencia sanitaria», explica el Servicio Andaluz de Salud que subraya que también se regula la defensa de todos los procedimientos que se dirijan contra ellos «como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones».

En cuanto al propio funcionamiento del SAS, el nuevo reglamento amplía los supuestos de participación de los servicios jurídicos en las decisiones administrativas: «Se trata de garantizar la seguridad jurídica en la actuación de las autoridades y del personal del SAS y es una garantía para llevar a cabo una gestión de la prestación de la asistencia sanitaria de forma correcta y en beneficio de la salud de los ciudadanos».

Esta actualización del funcionamiento y las competencias del servicio jurídico y de los letrados del SAS se produce coincidiendo con la instrucción del proceso judicial promovido por el PSOE contra este servicio por los contratos de emergencia realizados tras la pandemia aunque en este caso los tres gerentes investigados han contratado su propia asistencia jurídica. En estos procedimientos los informes de los letrados sí son parte fundamental de la defensa de la Junta.

Desde la Consejería de Salud y Consumo destacaron además que esta revisión del reglamento es una reivindicación desde hace años de los propios letrados del SAS dado que permite una reorganización de sus funciones y competencias y adecuarlas a las necesidades del servicio tanto para garantizar los derechos de los pacientes como para proteger y asistir a todo el personal sanitario y administrativo del SAS.