El SAS ratifica que no habrá conciertos en la atención primaria como pactó con los sindicatos en mayo de 2023

La orden de la Junta de Andalucía de febrero de 2023 de tarifación de los conciertos introdujo por primera vez la posibilidad de que estos contratos con empresas privadas se pudieran realizar para consultas de atención primaria. Así, se incluyó una tarifa máxima para consultas médicas de atención primaria que se realicen en las instalaciones de las empresas adjudicatarias que se reduciría en un 35% cuando no se realizara en estos espacios. Esta posibilidad desató las críticas de los sindicatos y de todos los grupos de la oposición al suponer un paso más en el incremento del peso del sector privado en el sistema sanitario autonómico.

Meses después la Junta de Andalucía inició la tramitación de su rectificación en esta medida a través de la modificación del proyecto de ley en la que se alegaba que esta vía dejaba de tener sentido ante la finalización de la pandemia. Esta nueva orden, tras superar toda la tramitación se ha publicado en el BOJA del 16 de mayo.

Del mismo modo, la modificación del proyecto de ley elimina la disposición adicional segunda que abría la posibilidad a que en determinadas situaciones se pudieran realizar procedimientos de carácter concertado en instalaciones propias de la administración pública e incluso se establecía que quedarían reguladas con un sistema de tarifación específica. Esto suponía en la práctica que se abriera la opción de que se realizaran consultas privadas en espacios públicos. La medida se elimina con esta modificación del proyecto de ley.

La supresión de esta posibilidad de conciertos en la atención primaria fue de nuevo puesta encima de la mesa en el Parlamento andaluz por parte del PSOE. «Gracias a la presión social, sindical y política tuvieron que dar marcha atrás aunque su modelo era privatizar la atención primaria y destrozar lo público para tener una justificación para irse a la privada. Se pretendía pagarle a los médicos en la privada diez veces más que a los de la pública, abrir los hospitales para que los utilizaran a su antojo los privados y darle los historiales clínicos a empresas privadas», apuntó la portavoz socialista, Ángeles Férriz en su intervención parlamentaria.

En respuesta a estas palabras, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, advirtió de dos «contradicciones» socialistas en otras administraciones que a juicio del Gobierno andaluz chocan con la posición del PSOE en relación con la situación de la sanidad pública en la comunidad autónoma. En primer lugar, la consejera criticó el contrato publicado por el Gobierno de España para la concertación de la atención primaria en las cárceles. Concretamente, la Consejería mostró el contrato del Centro Penitenciario de Huelva por un importe de 60.000 euros. En segundo lugar, la posición del PSOE en Baleares, donde en el Parlamento ha votado a favor de un decreto para concertar las urgencias de la población turista.