Santana Motor, crónica de un fracaso millonario
Los gobiernos socialistas del PSOE echaron el cierre a la planta de Linares en febrero de 2011 tras gastar más de 600 millones que no sirvieron para reflotarla
La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas que ya eran suyas
La cadena de montaje de vehículos todoterreno de Santana Motor dejó de funcionar en febrero de 2011. La sociedad estaba intervenida desde el año 1995, cuando el Gobierno socialista de Manuel Chaves decidió hacerse cargo de la planta de Linares (Jaén) tras la ... marcha de la multinacional nipona Suzuki. La Administración autonómica, a través del IFA (luego Agencia IDEA), compró a los japoneses la factoría de Linares por una peseta en marzo de 1995. Fue un regalo envenenado.
La Junta de Andalucía tuvo que gastarse 99 millones de euros en levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre la empresa. Éste sólo fue un anticipo del pozo sin fondo de dinero público que acabó enterrado en Santana Motor, más de 600 millones de euros que no sirvieron para salvarla. Lo que iba a ser una solución provisional se convirtió con el paso del tiempo en un dolor de cabeza para la Junta, que fue incapaz de reflotarla y de encontrar a socios privados.
Lo que iba a ser una solución provisional se convirtió con el paso del tiempo en un dolor de cabeza para la Junta de Andalucía
Las «injustificadas» aportaciones de fondos públicos a esta empresa se llevaron a cabo bajo diversas fórmulas. Unas veces, se plasmaban en préstamos que la Junta comprometía con la voluntad de que nunca fueran devueltos al erario público. En otras ocasiones, el dinero llegaba a través de una innecesaria compraventa de inmuebles por importe de casi 85 millones de euros. Dicha operación ha sido destapada por la Policía Nacional y ha dado lugar a la apertura de una nueva pieza separada de la macrocausa de Santana Motor en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el destino de 140,3 millones de euros que recibió entre 2008 y 2011.
Ayudas del fondo de los ERE
Anteriormente, la Consejería de Empleo le concedió ayudas por una suma total de 98,7 millones para prejubilar a 785 empleados mayores de 50 años a través del fondo de los ERE. Al resto de la plantilla, que rozaba los 2.400 trabajadores, la Junta le prometió una recolocación en otras empresas que iban a llegar de la mano de un programa de reindustrialización llamado Linares Futuro, que resultó otro fiasco.
Detrás de la riada de fondos públicos, había un trasfondo electoral. El Gobierno socialista puso los recursos públicos «al servicio de intereses políticos de mantenimiento de la paz social», según recogió un informe de la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla, que obra en el sumario.
Doce años después del cierre de la factoría, Linares sigue abonada a una de las mayores tasas de paro, atrapada en un túnel que no tiene fin.
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