Salud niega que privatice la Primaria y asegura que solo ha actualizado una orden del PSOE de 1998

«No se va a producir ningún tipo de privatización», subrayan desde el departamento que dirige Catalina García. «Ni en la Atención Primaria ni en la Hospitalaria», añaden. Entonces, ¿por qué dice Por Andalucía que es una puerta que ha abierto el Ejecutivo de Juanma Moreno?

La explicación está en las normativas en elaboración. Ahí está un documento en el que se detallan los precios que habría que pagar a la sanidad privada en el área de Atención Primaria si se solicitasen sus servicios. Es decir, si se privatizasen o externalizasen. Además, la norma recoge la opción de que esos actos médicos -desde consultas de Primaria por 65 euros a consultas de alta resolución por 215- se realicen también en los centros públicos.

Desde Por Andalucía señalan que esa opción les parece especialmente preocupante porque supone, desde su punto de vista, la oportunidad para llenar con personal sanitario de empresas privadas centros nuevos como el hospital Militar de Sevilla. Temen, en el fondo, que el modelo de gestión sea el del Zendal de Madrid.

Rotundamente falso, replican desde la Consejería de Salud. La nueva norma, insisten, solo actualiza una del PSOE de hace 25 años. Insisten además en que la normativa está prevista para casos de extrema necesidad como catástrofes y que, ni siquiera durante la pandemia del Covid se ha aplicado.

Así, el nuevo proyecto «mejora al derogado de 1998», explican y, además, «aporta otros beneficios como un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en Andalucía». Añaden las mismas fuentes que lo que pretende la normativa en elaboración -aún no aprobada, insisten- es «prever y normativizar las tarifas de concertación de todos los procedimientos para que llegado el caso estas no se puedan concertar a la tarifa que se considere oportuna como así ha ocurrido en otras comunidades autónomas de todo signo político».

Además, «esta nueva orden se hace necesaria tras cambios legales establecidos por el decreto de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía», argumentan desde la Consejería de Salud. Por último, desde el departamento de Catalina García recuerdan que hay otras comunidades como Extremadura, Castilla la Mancha o Valencia que también tienen normativas parecidas.

La izquierda, mientras, insisten en pedir explicaciones. De hecho, el grupo parlamentario que dirige Inma Nieto ha solicitado este lunes la comparecencia de la consejera de Salud tras conocerse el proyecto de orden con el que, argumentan, la Junta «abre la puerta a privatizar las consultas de Atención Primaria y el uso de las instalaciones del SAS por parte de empresas privadas».

«En campaña no todo vale», ha advertido por su parte la titular de Salud este lunes. La consejera ha afeado a Por Andalucía que «lance mensajes que puedan llevar a error a la población». Eso «es peligroso», ha indicado. García ha insistido en que «lo que hace la Junta es modificar una orden de tarifas del año 98» y en que «el Gobierno andaluz no va a privartizar nada».

De hecho, ha subrayado, en Andalucía hay ahora mismo un mayor presupuesto en la Sanidad pública que en 2018, cuando el PP llegó a la Junta. También hay, ha insistido, «más médicos, hospitales y centros de salud». «Pido compromiso y sensatez», ha indicado.

Inma Nieto, líder de Por Andalucía, ha respondido que «la privatización de la atención primaria y el uso de hospitales públicos por parte de empresas privadas es algo inédito en Andalucía». La portavoz de la coalición de izquierdas ha insistido en que van a pedir al Gobierno andaluz «que rectifiquen en su intención de privatizar la Atención Primaria».