Rocío Díaz: «Andalucía tiene autonomía para decidir su política de vivienda, y la nuestra no es el intervencionismo»

—¿Se mantiene firme la posición andaluza de no intervenir en el mercado de alquiler ni aplicar las zonas tensionadas que prevé la ley estatal de 2023?

—Todas las comunidades autónomas tratamos el asunto en la reunión con la ministra porque no pudimos dejar pasar las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez. En un intento desesperado por disimular el fracaso que está ocasionando de la ley de derecho a la vivienda del Gobierno nos intentó culpar a las comunidades de una ley que creemos que es insostenible y lo hicieron de una forma que no es la adecuada. Y lo que hice fue pedirle una rectificación porque nos acusó de no cumplir la ley. Y Andalucía cumple la ley. Nosotros cumplimos toda las leyes, pero hay una cuestión que son las zonas tensionadas que no aplicamos porque es potestativa de la autonomías. Tenemos la competencia como para decidir qué modelo queremos. Y el nuestro no es el intervencionismo que trae la ley de vivienda de Pedro Sánchez.

—¿Es innegociable? ¿Se plantea alguna opción como dejar autonomía a los municipios que quieran aplicarlo?

—Nuestra actitud siempre es dialogante y constructiva. Siempre tendemos la mano al Ministerio y a la ministra. Siempre que tengo oportunidad de hablar con ella le digo que deberíamos hacer un análisis exhaustivo sobre los efectos nocivos de la ley del gobierno de Pedro Sánchez y es algo que nos debe preocupar a todos. Las políticas públicas hay que evaluarlas y hay que medir si se están efectuando adecuadamente y si se cumplen los objetivos. Hemos recurrido la ley comunidades autónomas y en el caso de Andalucía se ha modificado tras detectarse que era inconstitucional. Y Andalucía lo que hace es cumplir con su obligación que es impulsar nuestra ley que está pensada para la gente y que va a aportar soluciones reales a un problema que es la vivienda. Deberíamos estar todos preocupados por sacarla adelante.

—¿Se llegó a concretar la advertencia del Ministerio de que podría haber limitaciones en incentivos o penalizaciones por no cumplir la ley?

—No rectificó. Nos llamó a las comunidades autónomas insumisas y no rectificó eso. Lo que sí hizo fue puntualizar en la rueda de prensa posterior diciendo que en el nuevo plan estatal recibirían más fondos las comunidades que aplicaran la ley. Quien aplique la ley en relación con las zonas tensionadas se le iba a dar alguna bonificación porque así lo prevé la ley estatal en el artículo 18.5. A partir de ahí nosotros lo que decimos es que vamos a ver en que sentido se concreta ese artículo. Cuando tengamos conocimiento de ello podremos decir qué opinamos y si es un trato justo o no. Porque las autonomías tenemos las competencias en materia de vivienda.

—Su modelo entonces está recogido en su ley. ¿Qué instrumentos tiene a corto plazo para frenar la subida de previos y favorecer el acceso a la viviendas?

—En primer lugar crear una bolsa de suelo para vivienda asequibles. Ahí incorporamos suelos urbanos dotacionales al uso residencial para dar total transparencia y saber con qué suelos contamos. Es una herramienta importante. Además el objetivo de la ley es incrementar el parque público de vivienda en alquiler asequible mediante la construcción de nuevas viviendas. Crearemos como punto fuerte las áreas prioritarias de vivienda que se pueden solicitar en colaboración con ayuntamientos donde se concentrarían los recursos de la administración como ayudas al alquiler, ayudas a la compra o de rehabilitación de viviendas para que se pongan en el mercado. Además, defendemos el equilibrio de los diferentes usos y vamos a optimizar la gestión del parque público de vivienda en alquiler con un inventario único para poder tener claro de cuántas viviendas estamos hablando. Con la disposición adicional creamos un plan de choque temporal a cinco años para poner suelos y edificios sin uso de forma automática para construir VPO. Es un plan de choque que ponga suelo dotacional que no tenga asignado un uso pormenorizado, como el uso cultural o turístico, para vivienda siempre destinada al alquiler asequible. Aquí no entran ni suelos educativos ni sanitarios. Y luego suelos o edificios de uso pormenorizado turístico, dotacional u oficinas se podrían destinar a VPO. Como un gimnasio o un hotel que no esté en uso se podrá destinar a vivienda en alquiler. Es un plan importante al que también unimos que las parcelas residenciales libres que pasen a VPO se les permitirá un 20% más de viviendas y un 10% más edificabilidad.

—Sí, pero entre que se autoriza un suelo hasta que se entrega una vivienda pasa tiempo. Hay medidas medidas más inmediatas. Por ejemplo, los promotores le piden que se declare la emergencia habitacional en Andalucía.

—Es una de sus alegaciones. Tuve la oportunidad de reunirme con ellos. Estuve en su sede. Me plantearon las alegaciones que habían incorporado al anteproyecto de ley y me las explicaron. Estamos en fase de estudio pormenorizado. En el caso de esa emergencia habitacional lo vamos a estudiar con detenimiento. Hay que estudiarlo jurídicamente.

—¿Y no se plantean mecanismos para intervenir e incorporar de forma inmediata más viviendas, como expropiaciones o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la compraventa de VPO?

—En los últimos cinco años hemos triplicado la certificación de VPO en Andalucía. Han sido 10.200 viviendas certificadas como VPO en contraposición con el anterior quinquenio que fueron sólo 3.500 viviendas. Tenemos que seguir avanzado. Se van a construir más de 5.400 viviendas para alquiler asequible. Con AVRA estamos trabajando en suelos residenciales para promover 17.500 viviendas. Además, hemos aprobado la Lista y eso está ayudando a más de 6.000 viviendas y tenemos un paquete fiscal de apoyo a las familias para la compra de 300 millones cada año. En el decreto de simplificación hemos incluido medidas para afrontar el incremento de precios de materiales y agilizar las licencias. Hemos suscrito acuerdos con ayuntamientos por casi 100 millones de euros para modernizar viviendas en barriadas de toda Andalucía. ¿Todo esto es suficiente? No. Seguimos avanzando para seguir poniendo viviendas en el mercado y buscando todos los mecanismos.

—¿Hay margen para el acuerdo con los agentes sociales y económicos?

—Tenemos un anteproyecto de ley que finalizó su periodo de exposición pública el pasado 1 de octubre. Hemos recibido 35 alegaciones de otras tantas asociaciones, colectivos y sindicatos. Está todo el equipo de vivienda de la Consejería estudiando y analizando para intentar sumar y dar respuesta a las alegaciones de la mejor manera posible y de la más rigurosa. Además, nos estamos sentando con distintos colectivos para ir dialogando y avanzando. Queremos una ley de todos y que salga con el mayor consenso posible. Es el objetivo que tenemos porque creo que debemos dar esos pasos.

—¿Cómo se va a reflejar en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2025? ¿Va a ser la vivienda una prioridad?

—Ya el presidente Juanma Moreno ha anunciado que vamos a tener medidas de apoyo para pagar la vivienda a más de 40.000 personas en mejoras en deducciones a jóvenes que compren una VPO o una deducción más altas para personas jóvenes que se va a concretar con la presentación de los presupuestos para 2025. Pero también hemos puesto en marcha ese aval joven y casi 1.200 andaluces ya han recibido el aval del 15% para pedir su hipoteca. Eso es una buena noticia para Andalucía y para los jóvenes andaluces. Toda la ayuda será poca para que los jóvenes puedan acceder a su primera viviendas.

—Sí se ha acordado una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven. El presupuesto del Ministerio son 34 millones. ¿Lo va a complementar la Junta con sus recursos como le ha pedido el Gobierno?

—El Presupuesto es el planteado por el Estado. Nos corresponde lo que en anteriores ediciones del bono joven. Concretamente el 17% del presupuesto. Ayer se aprobó pero por primera vez la ministra puso encima de la mesa lo que venimos reclamando desde la Junta desde hace mucho tiempo. La tramitación no es ágil, es farragosa, no ayuda a los jóvenes., No hace ni facilita que el dinero llegue cuanto antes a los jóvenes andaluces. Se hizo sin contar con las comunidades autónomas y pedíamos una herramienta única para poder tramitar en toda España esta ayuda. Por fin la ministra dijo que le gustaría hacer una modificación en la tramitación de las ayudas porque se había dado cuenta que había comunidades que habían tenido más compleja la tramitación. Me quedo con esas palabras y espero que en la siguiente convocatoria del bono alquiler joven pueda contar con las autonomías y podamos definir una herramienta que nos ayude a cada comunidad a trasladar cuanto antes las ayudas a los destinatarios que son los jóvenes. No se entiende la cogobernanza si no es así. Si ponemos en marcha políticas sin contar con quienes tienen que tramitar que son las CCAA.

Tramitación

«Vamos a estudiar todas las alegaciones. Queremos una Ley de Vivienda de todos y con el máximo consenso posible»

—¿Andalucía tiene la participación en los planes estatales que le corresponde y que necesita por las circunstancias de la vivienda en la comunidad?

—Recibimos las ayudas que se aprobaron en el anterior plan estatal. Tenemos una serie de hitos y estamos trabajando en ellos. Pero también hemos hablado con el Ministerio del futuro Plan Estatal. Queremos un plan más flexible, que nos deje autonomía para que cada comunidad defina el plan que más le intereses a cada . No es lo mismo una comunidad que otra. No podemos homogeneizar los planes a todas las comunidades. Quizá lo que funciona en Andalucía, no funciona en otras comunidades. También queremos un plan con simplificación administrativa para no contar con tanta burocracia. Un plan transversal que cuente con recursos extraordinarios como continuación de los fondos Next Generation. Que avance y que vayan de la mano. Un plan para promover vivienda nueva, asequible, en venta y en alquiler. Y que contenga no sólo medida para la eficiencia energética y para la mejora de barrios vulnerables. Pedimos además que el plan nuevo estatal se adelante al año 2025 con carácter urgente. La ministra quedó en que tendríamos una reunión monográfica y espero y confío que pueda tener en cuenta todas las aportaciones que hicimos desde la Junta de Andalucía y que el espíritu de cogobernanza entre el Estado y las CCAA se pueda realizar en ese nuevo plan estatal de vivienda.

—Dice que la realidad en cada comunidad es distinta, ¿Por qué suben los precios de alquiler y venta en Andalucía por encima de otras comunidades y hay más dificultades para la emancipación?

—Está haciendo un flaco favor al problema que tenemos con la vivienda la ley de Pedro Sánchez. Es una evidencia. No lo decimos sólo las comunidades lo dicen expertos en la materia. Esta semana el gobernador del Banco de España, el ex ministro, dijo que los topes de precios y las zonas tensionadas no son efectivas. Ni en el PSOE creen en esta ley. Es una ley que ha retirado vivienda del mercado porque ha creado inseguridad jurídica, hay muchos propietarios que tienen miedo a alquiler sus viviendas, eso hace que suba el precio de la venta y del alquiler y al no tener seguridad jurídica lo que hay que hacer es proteger la ocupación ilegal. Y no podemos tener este tipo de medidas en una ley que lo que hace es quitar viviendas del mercado. Necesitamos tener todas las viviendas posibles en el mercado para que baje el precio de compra y alquiler. Es necesario. Esa es una realidad para la que no está sirviendo para nada la ley estatal.

—¿La Ley refuerza la seguridad al propietario?

—La Ley refuerza en todo lo posible la seguridad al propietario. No solo la ley. El gobierno de Juanma Moreno da seguridad a todo aquel que quiera asentarse en Andalucía. Estamos trasladando y el presidente traslada esta actitud de Andalucía. Somos un gobierno serio, estable en el que se puede confiar que no tenemos vaivenes y seguridad jurídica. Cada vez más empresas se dirigen a Andalucía y quieren crear empleo y riqueza en la tierra. Los andaluces quieren gobiernos que generen confianza y puedan vivir en un ambiente tranquilo y sosegado

—Hay una realidad que son las viviendas turísticas que no están en la ley. En las alegaciones se lo reclaman. ¿Se abre la Junta a replantarse su posición??

—No es objeto de la ley de vivienda la regulación de las viviendas turísticas. Desde la Junta, desde Turismo, se ha hecho un esfuerzo con un decreto pionero para tratar el tema de las viviendas turísticas y dar herramientas a los ayuntamientos que son los competentes para trabajar en ese sentido. Y así se hace. El consejero está ofreciendo datos y hay un trabajo coordinado con la federación andaluza y provincias y el trabajo coordinado con muchos ayuntamientos. Muchos han puesto ya en marcha el decreto andaluz. Es una herramienta útil. Tenemos que trabajar unidos. El consejero de Turismo y yo tenemos conversaciones sobre este tema que afecta a la vivienda y cada uno desde nuestra competencia estamos poniendo toda las herramientas para facilitar al ciudadano una vivienda asequible para su proyecto de vida

—¿Pero ve necesario para contener los precios de la vivienda que las grandes ciudades declaren moratorias o suspensiones de licencias?

—Ya hay ayuntamientos que lo hacen. Por supuesto que respeto la autonomía local y para eso está ese decreto facilitado por la Junta, por Turismo, para dar esa herramientas a los ayuntamientos. Tienen que poder contar con un respaldo para ejercer sus competencias. Y hay ayuntamientos que ya lo están decidiendo. Es autonomía local