Las reivindicaciones que Andalucía lleva a la Conferencia de Presidentes

La cita llega después de que la confrontación lleve en el ambiente desde hace semanas. Porque la Junta de Andalucía, como las otras diez comunidades autónomas del PP, también quieren que se hable de otros temas. El más prioritario es la financiación autonómica pero no es el único.

Horas antes de la reunión el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, remitió una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres Pérez, con las reivindicaciones de Andalucía. Se trata de unas propuestas que se han consensuado entre las diez comunidades en manos del PP.

Los temas que Andalucía quiere tratar y que se incluyen en esa misiva son ocho propuestas con los asuntos que considera imprescindibles para el interés general y que van desde la propia financiación autonómica a la necesidad de que el Gobierno financie la mitad de la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, medidas para evitar los apagones o el caos ferroviario o iniciativas para evitar la ocupación de viviendas.

La financiación autonómica es el primer punto que incluye la inmediata actualización de las entregas a cuentas y la retirada del proyecto de condonación de la deuda. «La condonación no soluciona los problemas de financiación de las comunidades autónoma, los cuales deben solucionarse mediante la apertura de un proceso de reforma del sistema de financiación actual«, reclama. Y se insiste en que se actualicen las entregas a cuenta a comunidades y entidades locales correspondientes al ejercicio fiscal de 2025 y que se respete el principio de autonomía financiera de las comunidades.

El plan energético con más seguridad e inversiones técnicas en las redes y energías para evitar un nuevo apagón es otra cuestión prioritaria para Andalucía. Se insiste en que para garantizar una transición energética exitosa se debe garantizar la seguridad del suministro, disponer de precios competitivos y estables y un sistema energético de emisiones netas cero. Se apuesta por alguna medidas que pasan por prolongar la vida útil de las centrales nucleares, invertir en redes eléctricas y desplegar una estrategia para que el almacenamiento avance. También se apuesta por reforzar las interconexiones con otros países y apostar por las renovables.

También se pide hablar de inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones. Se apuesta por un plan de choque urgente para paliar el caos ferroviario, otro plan de atención urgente a los pasajeros en incidencias extraordinarias tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes y un plan nacional de resiliencia ferroviaria con protocolos contra las incidencias.

El déficit de profesionales sanitarios y la financiación de la dependencia es otra petición. Hace falta incrementar el número de profesionales sanitarios, médicos y de enfermería. Se insiste en que no se queden plazas desiertas en la elección del MIR, garantizar una financiación adecuada de la atención sanitaria de los pacientes desplazados o la financiación del 50 por ciento por parte de la Administración General del Estado del coste efectivo del sistema de dependencia.

También incluye reclamaciones sobre el acceso a la vivienda, la lucha contra la ocupación y la inquiocupación. Se pide la derogación de la Ley de Vivienda, más suelo público para la construcción de vivienda asequible en colaboración público-privada, reducir la fiscalidad o derogar el decreto anti desahucios entre otras cuestiones.

El control de fronteras y la política migratoria como competencia exclusiva del Estado se incluyen en la sexta petición. En ella se insiste en reconocer la competencia exclusiva del Estado en materia de control fronterizo e inmigración y se exige reforzar los mecanismos en el control de fronteras. Se pide refuerzo de medios técnicos, mecanismos de coordinación y mayor financiación europea.

La retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal están otro punto. Se pide la convocatoria de una conferencia sectorial de justicia como han pedido además de Andalucía, Aragón, Cantabria, Valencia, Galicia, Madrid y La Rioja y retirar ambas reformas. También que no se apruebe el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y mayor financiación para la justicia.

Y Andalucía también quiere hablar de la financiación del primer ciclo de Educación Infantil. La Junta, que el próximo curso extenderá la gratuidad a los 2 años, recuerda que el Gobierno debe colaborar para alcanzar la gratuidad en la Educación Infantil de 0 a 3 años adaptándose a cada territorio. Por ello pide que el Gobierno financie el 50 por ciento del coste efectivo de la escolarización de 0 a 3 años.

Una larga batería de temas cuyo debate no está garantizado y en el que las diez comunidades autónomas del PP van juntas. Está por ver cuales serán los resultados de un encuentro al que, a juzgar por lo que ha ocurrido estos días, van con pocas posibilidades de acuerdo.