El recorte a las ayudas PAC que recibe Andalucía beneficia a Castilla La Mancha

Muy por encima del resto, Castilla La Mancha es la gran «vencedora» del reparto de fondos hecho por el departamento de Planas: recibe 50 millones de euros anuales más que en el marco de la PAC anterior, unos 250 millones más de aquí a 2027.

Según los datos que maneja la Consejería de Agricultura andaluza, la cornisa cantábrica también sube (un 11,7% más de fondos), al igual que Aragón, las Islas Baleares (consideradas ahora región insular y, por ende, con más beneficios), y Cataluña.

Los 47.724 millones de euros que España tiene asignados para el periodo 2023-27 (cinco anualidades) son vasos comunicantes, es decir, si una comunidad autónoma deja de recibirlos es porque van a parar a otra. En este caso, es Castilla La Mancha, uno de los últimos bastiones autonómicos socialistas, donde va a parar el 50% de las ayudas que pierde Andalucía.

Tanto la consejera del ramo andaluza, Carmen Crespo, como las organizaciones agrarias han esgrimido durante los años que ha durado la negociación del Plan Estratégico de la PAC (la legislación que articula su aplicación en cada país), que su configuración se ha hecho en base a «criterios políticos y arbitrarios», muy lejos de los agronómicos. «Son territorios que interesan al PSOE, por distintos motivos, y al final lo ha terminado pagando el campo», acusan desde el sector.

Pero, ¿por qué 'castigar' a Andalucía, una de las regiones más productivas del sector agrario andaluz? La respuesta, para el sector, está clara: se ha primado la superficie, a secas, por encima de la producción, el trabajo y las inversiones que se han hecho en el agro andaluz durante las últimas décadas y que sí «contaban» en la anterior PAC. Un trabajo de generaciones, lamentan muchos, que puede tirarse por la borda.

El principal daño a Andalucía se lo ha hecho el sistema de regiones. España, a la hora de repartir los fondos agrarios europeos, está divida en una serie de regiones productivas. En la anterior PAC, había 50 regiones, de las que Andalucía participaba en 48 debido a la gran diversidad productiva que se da en las ocho provincias. Ese medio centenar se ha reducido a 20 regiones en esta PAC, lo que castiga duramente al ecosistema andaluz.

Esta fue una de las grandes reivindicaciones de las organizaciones agrarias, y de la consejería, durante la negociación de la PAC: que ese número de regiones no fuese tan bajo.

No obstante, el Ministerio hizo caso omiso a las protestas, y estableció una veintena de regiones englobadas en cinco grupos: tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes y región balear, un reparto que no gustan a los andaluces. «Se ha discriminado a zonas muy productivas en base a criterios subjetivos» reprochan, por ejemplo, desde la patronal Asaja.

Y es que este nuevo sistema engloba regiones de una manera que los agricultores consideran «artificial».

Un ejemplo claro es la actual región 9, que engloba a las tierras de cultivo de secano de la Campiña y de la Vega de Sevilla, junto a otras zonas menos productivas de Aragón o Castilla y León, en lugar de encuadrarlas junto con la Campiña de Córdoba y de Cádiz, que son colindantes con la Campiña de Sevilla. Según los datos de la Junta, los agricultores de esta comarca sevillana pasan de una media de 260 euros en hectáreas que venían percibiendo en ayudas desacopladas de olivar y cereal a solo 180 euros por hectárea de promedio en 2023.

Precisamente el caso de esta comarca sevillana es de los más flagrantes, y uno de los más reivindicados por la organización Asaja Sevilla, que ha llevado al Tribunal Supremo los aspectos más lesivos de esta nueva PAC. En el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que está en trámite, la patronal acusa al Ministerio de debilitar las zonas con mayor potencial agrario en una reforma que consideran «la más involucionista y retrógrada de las que hemos conocido desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986».

Junto con la Campiña en Sevilla, la Janda de Cádiz, el Condado de Huelva, Antequera y la Loma de Jaén son otras de las zonas más perjudicadas, con pérdidas de hasta el 40% para los agricultores.

Igualmente dañina para Andalucía es la composición de los eco-regímenes, las nuevas prácticas medioambientales a las que deben ceñirse los productores para cobrar hasta un 25% del presupuesto PAC. «Tienen más requisitos que el aporte económico que suponen», afirman los agricultores.

Estos eco-regímenes, cuyos importes son, incluso, más bajos de los que se preveía, establecen unas diferencias entre lo que se califica como pastos húmedos y pastos mediterráneos, y entre secanos húmedos y secanos, y lo hace basándose únicamente en los índices pluviométricos de un periodo concreto, sin tener en cuenta criterios edafológicos, ambientales u otros índices. Al mismo tiempo, en otros sectores, como el regadío, no se fijan distintos eco-regímenes de riego por zonas homogéneas, sino un único eco-régimen para toda la diversidad existente en España.

«Una explotación de regadío en Andalucía, por ejemplo, no ha exigido la misma inversión que en otras zonas de España, por lo que no tiene ningún sentido equipararlas», lamentan desde Asaja.