Lo que se ha hecho y lo que queda para cumplir sentencia de la justicia europea sobre Doñana

El 90% de las medidas relativas a la extracción de aguas del acuífero que surte al humedal corresponde al Gobierno central, que gestiona la cuenca del Guadalquivir. A este respecto, el informe autonómico indica que está ejecutando «todas las estaciones de depuración en el entorno de Doñana de competencia autonómica» y también está financiando el 50% de las que tiene que realizar el Gobierno de España (Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda, Burguillos y Guillena). La Junta propone hacer los tratamientos terciarios (de descontaminación) en las estaciones depuradoras para poder obtener aguas regeneradas, tanto para recarga natural del acuífero, como para ser fuente alternativa a las aguas subterráneas para el regadío.

En lo que respecta a la segunda directiva, la Junta de Andalucía impulsa la declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC) de los espacios Red Natura 2000 situados fuera del Espacio Natural de Doñana. Es el caso del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'. «El proceso encuentra en trámite y su aprobación definitiva se espera para finales de 2023», indica en el informe.

Después de que la Comisión Europea también apuntara el lunes a la necesidad de que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sobre la que el Gobierno también tiene competencias (en materia de agua), Ribera ha querido destacar las actuaciones que su departamento ha puesto en marcha para mejorar el estado de Doñana.

Entre las que ha citado se encuentra el cierre de 200 pozos ilegales y otros 500 voluntarios por sustitución de las aguas superficiales y la puesta en marcha de obras, aunque no ha olvidado pedir a la Junta que colabore con sus competencias en materia de agricultura y ordenación de territorio.