El PSOE también troceó contratos de Sanidad cuando gobernaba la Junta de Andalucía

En el informe de la Intervención General correspondiente a ese último ejercicio de gestión socialista los auditores señalaron en el análisis de las ocho provincias que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de determinados bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos».

En el control financiero permanente en los centros de gastos periféricos del SAS correspondiente a 2018, cuyo objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de la legislación tanto general como específica, también se hizo constar el fraccionamiento de los contratos. «No ha quedado justificado en expedientes de contratación menor la no alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación», se señala, así como la «injustificada calificación del contrato de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia previsto en el artículo 131.4 de la LCSP».

Son numerosas las alusiones de los inspectores a este aspecto en el ejercicio de 2018. En Huelva se señala el «uso reiterado y abusivo en la formalización de contratos menores, pudiéndose estar pagando contratos a un precio superior a los del mercado». En Jaén se indicaba que «se sigue haciendo un uso abusivo de la figura del contrato menor», aunque se observa un descenso del porcentaje respecto a la facturación total. En Sevilla se destacaba también que el fraccionamiento del gasto «se ha desplazado de las aplicaciones presupuestarias 221.06 y 221.16 (productos farmacéuticos) a otras que en informes anteriores no soportaban tan elevado importe fraccionado».

Se trata de la misma práctica que el PSOE ha denunciado ahora en el actual Gobierno andaluz, y que le ha llevado a presentar una demanda por presunta malversación y prevaricación por la adjudicación de 300 millones de euros en esta modalidad de contratos durante el Covid, aunque los socialistas denuncian que el SAS siguió utilizando hasta 2023.

En este sentido, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, criticó el pasado 3 de octubre la contratación pública irregular y «a dedo» en la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como 'modus operandi' del Gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta. El dirigente socialista consideró un «fraude de ley como un piano» la contratación del SAS en la etapa de la pandemia de Covid-19. Según Espadas, «en el momento en el que el deterioro de la sanidad pública es más grave y claramente denunciado por pacientes y profesionales sanitarios, se confirma que efectivamente los tribunales de justicia van a investigar qué es lo que ha pasado desde 2021 a 2023 en los que la Consejería de Salud del Gobierno de Moreno Bonilla se ha saltado todas las normas de contratación pública».

La denuncia socialista hace referencia a los contratos de emergencia realizados por el SAS en el marco del procedimiento 110/21 desde 2021 hasta 2023, y se basa en las observaciones que la auditoría interna del SAS realiza sobre la práctica de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores con el fin de «disminuir la cuantía del mismo» y poder adjudicarse directamente, «eludiendo así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva», lo que para el PSOE supone «infringir la ley».

Sin embargo, esa misma práctica se realizó en el ejercicio de 2018, cuando la Junta de Andalucía estaba bajo control socialista, y los interventores del SAS realizaron observaciones similares advirtiendo del abuso de esta figura legal. En algunos comentarios se hace constar como dato positivo que «se observa como progresivamente va disminuyendo su porcentaje», lo que hace pensar que en ejercicios anteriores el volumen de fraccionamientos de contratos era incluso mayor.

Ciertamente, el uso de esta figura legal contemplada para situaciones de emergencia creció durante el Covid, aunque la Consejería de Salud considera más que justificada su aplicación por las circunstancias excepcionales de esas fechas. Concretamente, según los datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de 2021 se tramitaron 1.224,83 millones de euros por este procedimiento. La provincia en la que más contratos menores emitió ese año la Consejería de Salud fue Sevilla, con un valor total de 292 millones de euros, seguida de Málaga -236,8 millones- y Cádiz -235,4 millones de euros-. Las provincias con menor incidencia económica de este tipo de contratación fueron Córdoba y Jaén, con 61 y 69,8 millones de euros respectivamente.

Pero esta tendencia no era más que una prolongación de una práctica que venía de antiguo. En 2018, último ejercicio de gestión del PSOE en Andalucía, la Consejería de Salud facturó por este procedimiento un total de 791,2 millones de euros. La provincia con mayor facturación fue Cádiz, con 183,3 millones de euros, seguida por Málaga, con 160,1 millones de euros. Sevilla ocupó el tercer lugar con 152,5 millones de euros. Las provincias que menos facturaron por este procedimiento fueron Jaén, con 32,7 millones, y Almería, con 38,6 millones de euros.

Si comparamos ambos ejercicios, en 2021 se tramitaron como contrato menor 433,5 millones de euros más que en el ejercicio de 2018, un ascenso del 54% del volumen económico total. Hay que situar esta diferencia en el contexto de la pandemia del Covid. Por provincias, en todas las delegaciones se facturó más en 2021 que en 2018 por este concepto, aunque en Cádiz descendió significativamente el peso de la contratación menor sobre el total de obligaciones reconocidas en 2021 respecto a 2018. En Córdoba y Huelva también, aunque en menor medida. En Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla creció de 2018 a 2021 el peso en porcentaje de la contratación menor.

En lo referente a cantidades brutas, Sevilla fue la delegación que más incrementó su facturación por contratos menores en la comparación entre ambos ejercicios, con un incremento de 140,2 millones de euros, seguida de Málaga -76,6 millones de euros- y Cádiz -52,1 millones de euros-. Por contra, las provincias en las que menos osciló este volumen de facturación fueron Córdoba -13,3 millones de euros- y Huelva -19,3 millones de euros-.