El PSOE pide al juez que interventores que dependen de María Jesús Montero analicen los contratos del PP en el SAS
El Grupo Socialista ve «fundamental» que el órgano de control de Hacienda haga informes clave para impulsar la investigación de los encargos de emergencia de la Junta de Andalucía
El juez que investiga los contratos del SAS rechaza informes y declaraciones de interventores que solicitó el PSOE

El PSOE andaluz intenta dar vuelo a su ofensiva judicial contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los 30 parlamentarios socialistas han pedido al Juzgado de Instrucción número 13 ... de Sevilla que los encargos sanitarios realizados por la Junta de Andalucía sean analizados por peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que depende orgánicamente de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz desde el pasado mes de enero.
En un escrito dirigido el pasado 27 de marzo al juez José Antonio Gómez Díez, el grupo político que presentó la querella que dio origen a esta investigación apuesta por que sean miembros del órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público estatal quienes realicen el análisis pericial. Para el PSOE procede «con carácter fundamental» que los interventores, adscritos a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, se pongan ya manos a la obra para dar un impulso a la investigación, según expuso el abogado en su escrito de alegaciones.
Dada su complejidad, «habrá de reconocerse como necesario acudir al auxilio judicial, en la doble vía policial y pericial, como medio idóneo a procurar la adecuada formación de convicción judicial», solicita al juez el abogado que representa a esta acusación popular, Alfonso Martínez del Hoyo, del bufete sevillano Constitución 23. Aparte, el PSOE reclamó que declarasen cargos relevantes del SAS y los interventores autores de los informes de fiscalización para «contrastar la información documental con el conocimiento directo de quienes participaron en los procedimientos o los evaluaron».
A través de una providencia del pasado 9 de abril, publicada ayer por ABC en su edición digital, el magistrado que instruye la causa de los contratos del SAS rechaza las declaraciones, el informe policial y otras «diligencias genéricas» que demanda el principal partido de la oposición. Tampoco accede por ahora a encargar el análisis pericial a los interventores del Estado y deja en el aire que sean los altos funcionarios estatales, en lugar de miembros de la Intervención General de la Junta de Andalucía, los que estudien los expedientes de contratación. Avisa de que tomará una decisión cuando se reciban los documentos requeridos. Uno de ellos, el de la Asesoría Jurídica del SAS, que llegó al Juzgado el pasado 31 de marzo.
El juez reprocha al PSOE sus peticiones «genéricas»
En su resolución, el juez instructor detalla que «no ha lugar a recibir las declaraciones testificales interesadas de modo genérico» por el PSOE, sin perjuicio de que, «en su momento oportuno, se pueda atender la declaración testifical-pericial de María Victoria López Gutiérrez, interventora central del SAS». También desdeña encargar a la Policía Judicial un informe sobre un supuesto blanqueo de capitales y anticorrupción al «no apreciarse su utilidad».
Pese a su empeño por estirar la causa abierta por el juzgado sevillano, de momento están siendo investigados por presunta prevaricación los tres últimos gerentes del SAS. Pero el Grupo Socialista no está dispuesto a soltar la presa con tal de desgastar al mandatario andaluz que gobierna con mayoría absoluta. Cada escrito que presenta supone una vuelta de tuerca más en esta estrategia jurídica y política.
De momento, sus peticiones está teniendo una fría acogida por parte del Juzgado, que afeó al PSOE que pretendiera abrir una causa general contra la Junta aun habiendo reconocido que «no dispone de indicio alguno» para extender las pesquisas y elevar el tiro a la cúpula del Ejecutivo. Por este motivo, el instructor desestimó la imputación a siete responsables provinciales de los centros de gasto del SAS por supuestos delitos de malversación, falsedad en documento público y organización criminal, como habían pedido los querellantes.
Subiendo el pistón de sus acusaciones, el PSOE llegó a comparar el caso del SAS con el escándalo de los ERE que anidó en la Administración autonómica bajo los gobiernos socialistas. La apuesta del abogado Alfonso Martínez del Hoyo por el peritaje de los interventores del Estado contrasta, además, con las críticas que éste dirigió a los representantes de este organismo durante el juicio de la pieza política del caso ERE celebrado en 2018 en la Audiencia de Sevilla. Durante dicho proceso, donde defendía al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, impugnó la prueba pericial de los interventores estatales y cuestionó su cualificación profesional.
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