El PSOE cuestiona la llegada del PP a la Junta de Andalucía en 2018: «No lo hubieran conseguido sin el montaje y la gran cacería de los ERE»

Para el PSOE-A, después de quince años de condenas, penas de prisión y una crisis política de alcance nacional, las dos sentencias del Tribunal Constitucional, y sobre todo, el planteamiento que de ellas se extrae y que será aplicable en el resto de recursos de amparo, se han convertido en un asidero y en una plataforma para reescribir el relato sobre este caso que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos años especialmente a raíz de las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo.

Y a partir de ahí, con esta base que tiene como sustento las sentencias del Constitucional, el riesgo es que desaparezcan los límites. Que no haya matices ni grises. La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, señaló a Juanma Moreno como responsable de la «mayor cacería que se ha producido en la política española» y cuestionó abiertamente su llegada a San Telmo tras las elecciones de 2018 con el apoyo parlamentario de Vox: «El PP nunca hubiera gobernado Andalucía si no es de la mano de la extrema derecha y sin esta cacería y montaje político. Limpiamente no gobernarían hoy Andalucía. Se dedicaron a manchar el trabajo del PSOE y la historia del PSOE. Cómo si fueran unos sicarios de la política, que matan políticamente al adversario cuando no pueden con él».

Férriz cuestionó así ese proceso electoral y aseguró que estuvo condicionado por un caso de los ERE que para el PSOE se está desmontando con las sentencias del Tribunal Constitucional. No mencionó la palabra «ilegítimo», aunque al ser requerida por los periodistas sí dejó entrever que esa era la conclusión de su exposición. Posteriormente, ya fuera de micrófonos, lo matizó: «El PSOE no considera ilegítimo el gobierno ni las elecciones».

Los límites políticos también quedaron difuminados a la hora de valorar el papel del PP en el caso de los ERE. «El PP ha sido quién ha señalado y quien ha hecho que gente inocente esté en la cárcel sólo por un interés político. Y Juanma Moreno es el jefe de la banda que lo ha hecho. Gente que no ha podido enterrar a sus familiares o con hijos e hijas en terapias psicológicas y que se han tenido que marchar a otras ciudades». El problema, como los propios medios se encargaron de matizar, es que las decisiones judiciales y las penas de prisión han sido adoptadas por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Por más que la acusación particular del PP haya solicitado penas de prisión, las decisiones, que ahora ha revisado el Tribunal Constitucional, son estrictamente judiciales.

Las palabras de Ángeles Férriz fueron inmediatamente descalificadas por el portavoz del PP-A, Toni Martín, quien las tachó como las «más delirantes de la historia de Andalucía» y propias de un partido «radical», del «fanatismo político» y de una «pérdida absoluta del norte». «¿Cuestiona la legitimidad de un gobierno respaldado por una amplísima mayoría absoluta? ¿El PP es el culpable de que haya dirigentes socialistas en la cárcel? ¿En qué lugar deja a todos los jueces, los fiscales, la policía, la Guardia Civil, que durante mas de una década juzgaron este caso sin precedentes de la historia de España? ¿Están diciendo que todas las instancias están al servicio del PP?».

Si para el PSOE-A, todo ha cambiado tras las sentencias del Tribunal Constitucional en torno a un caso que ha marcado el devenir político de Andalucía durante los últimos años, para el PP, todo lo contrario. Nada ha cambiado. Las consideraciones del Alto Tribunal no son realmente consideradas válidas. Sigue siendo «el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia y una de las páginas más negras de la historia de Andalucía».

El portavoz del PP-A, Toni Martín, quien ya acudió al Parlamento andaluz con la sentencia del caso de los ERE bajo el brazo en la última sesión plenaria, defendió como la única válida la instrucción realizada en las 134 causas y las 17 sentencias ya dictadas en juicios para ex altos cargos de un gobierno socialista.

Y a partir de ahí también se difuminan algunos límites. El PP-A elevará una proposición no de ley al Parlamento en la que recoge tres consideraciones. La primera entra dentro del relato político habitual: Respaldar la labor del Gobierno de la Junta de Andalucía para recuperación de los fondos «malempleados» para su propio fin en el caso de los ERE.

Con el segundo punto, el Parlamento, con la mayoría absoluta del PP, dará un paso más: Reconocer «a todos los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia que han permitido investigar, esclarecer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgados en las conductas ilícitas y punibles de malversación, apropiación indebida, falsedad documental y demás tipos penales». Es decir, un apoyo expreso a la instrucción y las sentencias de los juzgados, de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo.

Y en el tercer punto, el PP establece un planteamiento casi sin precedentes. Un cuestionamiento del Tribunal Constitucional por parte del Parlamento autonómico, aunque con una redacción enrevesada y llena de matices: «Dados los permanentes ataques que están sufriendo los tribunales de justicia en sus decisiones y el Tribunal Constitucional en las suyas, en las que se pone en cuestión y en tela de juicio su prestigio e independencia respecto del poder político en los por lo que se hace necesario respaldar a estas instituciones públicas para que puedan ejercer sus funciones, unos sin extralimitarse en la interpelación de la legalidad ordinaria y el otro para que en el examen de la vulneración de derechos fundamentales no se pretenda revisar la valoración de los elementos probatorios a través de los cuales se haya podido llegar a la convicción de una decisión judicial».