Los programas de retención de talento universitario en Andalucía no estarán limitados a las 120 horas lectivas que impone la LOSU

Es una de las novedades que están recogidas en el anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), cuyo inicio de tramitación ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno.

En dicho anteproyecto se establecen una bateria de medidas con las que garantizar el relevo generacional y la estabilización de la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI).

Para cumplir estos dos objetivos -relevo y estabilidad-, el departamento de José Carlos Gómez Villamandos ha diseñado un marco normativo con el que «adelantar la carrera profesional del profesorado en alrededor de diez años a través de nuevas figuras», explican desde la Consejería a Europa Press.

Dos de esas figuras son «de nueva creación» y la tercera implica la «recuperación de un perfil existente» antes de la LOSU que fue eliminado. Actualmente, los profesores consiguen estabilidad entre los 40 y 45 años. Antes de la crisis de 2018, esa franja de edad estaba situada en el entorno de los 35. Con las nuevas figuras de la LUPA, «se pretende volver a ese rango de edad».

El primero de los «nuevos» perfiles es el del profesorado ayudante, que será contratado de entre quienes hayan sido admitidos en estudios de Doctorado. La finalidad principal del contrato será la de «completar la formación docente e investigadora de estas personas dentro de la planificación de la carrera académica». La duración máxima de este contrato será de tres años y la dedicación docente de este profesorado será de 120 horas anuales, «en igualdad de condiciones de los contratos predoctorales».

Se incorpora a la LUPA también la figura de profesor ayudante doctor con vinculación clínica al sistema sanitario público de Andalucía. «Se trata de una figura pionera en el contexto nacional con la que se pretende solucionar la carencia de profesorado médico y de otras ramas sanitarias en los grados de Medicina», explican desde la Consejería.

Esta modalidad ya se recogió en la actual normativa andaluza en octubre de 2023 a través de una modificación parcial que se realizó con el fin de adaptar la legislación autonómica a los cambios de PDI de carácter laboral recogidos en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario. «Este novedoso perfil no existe actualmente en el marco estatal ni en otras normas autonómicas y su desarrollo atraerá más talento al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a las universidades», defienden desde la Junta.

El ayudante doctor vinculado al sistema sanitario público está orientado a los médicos jóvenes que hayan finalizado su periodo de especialización a través del MIR y que estén en posesión del título de doctor.

Los candidatos a obtener esta plaza se incorporarían a la Universidad a una edad aproximada de 30 años, pudiendo alcanzar la siguiente etapa, la de contratado doctor con vinculación clínica o profesor titular vinculado, a los 36 años, «algo que ocurre actualmente a una edad superior a los 40 años, por lo que se adelanta la carrera académica de este personal en varios años». «La iniciativa contribuirá, además, a renovar la plantilla docente al favorecer la incorporación de profesionales sanitarios a las facultades de Medicina en etapas muy tempranas», apostillan desde Universidad, Investigación e Innovación.

El tercer perfil es el de ayudante doctor, que se recupera en el decreto ley por el que se modificó la normativa autonómica en materia de universidades para adaptarla a la LOSU. «El mantenimiento de esta categoría se debe a la necesidad de garantizar la estabilidad del profesorado no funcionario en Andalucía y de dotar de mayor seguridad jurídica a las instituciones académicas públicas en la contratación y en los procesos de acceso y promoción». Para acceder a esta plaza se establece como requisito «indispensable» contar con el título de doctor.

Además de con estas figuras de profesorado, el «compromiso» de estabilización del PDI universitario andaluz «también se logrará -confían desde la Consejería- a través de los programas de ayudas para el fomento de la carrera investigadora, en concreto, en la modalidad de los contratos posdoctorales». Esta «exigencia» se recoge en las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas para la promoción de los recursos humanos dedicados a la investigación.

Con ello, se pretende estabilizar el empleo científico en las universidades y también en los organismos públicos de I+D+I, principales receptores de esta financiación. Para ello se fija el compromiso de crear una plaza con el mismo perfil de la ayuda concedida.

Otras acciones encaminadas en la LUPA a lograr una «mayor estabilización» son la limitación de los contratos de profesores sustitutos y la transformación de esos cuerpos en figuras estructurales con el fin de «eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria».

Al margen de todo esto, la LUPA también prevé que las universidades impulsen, en colaboración con la Consejería, programas conjuntos que «faciliten y fomenten» la formación permanente del PDI, la adquisición de competencias lingüísticas, la movilidad y las relaciones con el PDI de otras comunidades universitarias.

De igual modo, «deberán procurar incrementar las actividades de intercambio de este personal en actividades académicas en otras universidades o centros de investigación con el fin de incrementar la aportación al sistema de innovación, investigación y transferencia de tecnología».