La prescripción de delitos dejará impunes a los enchufados del PSOE en la fundación pública Faffe

El motivo es que el supuesto delito de prevaricación, por el que ambos están siendo investigados, ha prescrito porque se ha rebasado con creces el plazo legal de diez años para perseguirlo. Lo advierte la Fiscalía Anticorrupción en un escrito enviado al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en el que pide que decrete el sobreseimiento libre y la prescripción del proceso penal abierto en junio de 2019, cuando el PP denunció los hechos.

En su informe del pasado 5 de octubre, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto da por «desterrada la idea de la comisión de un delito de malversación». «Con peor o mejor rendimiento, incluso si queremos considerando que el puesto de trabajo fuera necesario o no, lo cierto es que el investigado se incorpora a un puesto de trabajo real y efectivo, y lo desempeña». Como consecuencia, «no puede hablarse de un desplazamiento patrimonial ilícito propio de la malversación, puesto que este se ve correspondido con una prestación de servicios», señala. Tras este escrito, el siguiente paso es que el magistrado dicte un auto en el que declare extinguida la responsabilidad criminal o que –lo que resulta más improbable– desoiga al Ministerio Público.

La tesis de Anticorrupción allana el terreno para el archivo de unas diligencias previas que analizan cómo la entidad dedicada a formar a los desempleados andaluces funcionó como una agencia de colocación para más de 80 dirigentes y allegados del PSOE y los sindicatos en sus ocho años de vida, desde que se creó en el año 2003 hasta su disolución en mayo de 2011, según una denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Atendiendo a este criterio, solamente cuando se demuestre fehacientemente que el presunto enchufado cobraba una nómina sin trabajar, podrá desprenderse un delito de malversación.

La infracción penal supuestamente cometida con su contratación injusta y arbitraria (la prevaricación), sin atenerse al manual de procedimientos de selección con el que contaba la Faffe, no puede perseguirse al haber trascurrido más de diez años desde que ésta se produce —el 1 de julio de 2003 en el caso de Camas e incluso antes en la mayoría de trabajadores— hasta que el procedimiento se dirige contra el culpable, explica la Fiscalía.

El concejal jerezano, de 65 años y ya jubilado, no es el primero que se libraría de saldar sus cuentas con la Justicia por caducidad del delito. Hay un precedente que marcó el devenir para el resto. El juez Vilaplana archivó la causa abierta contra Francisco Aguilera Acevedo, antiguo alcalde socialista de la localidad sevillana de Montellano, por supuestos delitos de prevaricación y malversación pese a los indicios sólidos de que su contratación había sido «ilícita» en noviembre de 2003, tras perder las elecciones municipales en su pueblo y quedarse sin trabajo. La Justicia citó como investigado al ex regidor en octubre de 2018, cuando habían pasado casi 15 años desde su colocación en la Faffe.

En mayo de 2011, tras la extinción de la fundación, Aguilera Acevedo pasó a formar parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo. Como otros 1.663 trabajadores de la entidad pública, fue integrado —o subrogado es su nombre técnico— en la agencia autonómica el 3 de mayo de 2011, mediante un acuerdo que salvaguardaba sus retribuciones, superiores a las de un funcionario o laboral de la Junta de Andalucía con similar categoría profesional. Ganaba 2.563,28 euros brutos al mes a pesar de su «notable deficiencia formativa» y de que, según declararon a la Guardia Civil algunos de sus compañeros, Aguilera se dedicaba a «dormir» y «leer la prensa» en el trabajo, acusación desmentida por él.

El único 'enchufado' que se sentará en el banquillo de los acusados es Antonio Torres García, que fue fichado por Fernando Villén como director de Relaciones Externas. En los ocho años que estuvo al frente de este departamento «inexistente» (2003-2011) ingresó 491.203 euros en retribuciones. Su caso es diferente al del resto, porque no consta que trabajara «realmente».

La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación. No es que fuera contratado irregularmente, sino que el empleo era «ficticio», según el magistrado que lo ha llevado a juicio.

La investigación del enchufismo se inició tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que en mayo de 2018 presentó ante el juez la lista con los nombres y apellidos de más de 80 personas que fueron alcaldes o concejales socialistas o son familiares de dirigentes del partido y que fueron enchufados en la Faffe.