El PP-A reactiva la reforma de la Ley de Extranjería para pedir que se incluya a Andalucía

El Gobierno andaluz fijó dos motivos claros para su rechazo, aunque ambos no trascendieron excesivamente al quedar solapados por un debate general en torno al modelo del Ejecutivo para afrontar la crisis migratoria en las fronteras. El primero, y más importante, que Andalucía quedaba excluida. Es decir, si se produce una crisis migratoria en la comunidad autónoma como ocurrió en 2018 y los centros de menores sobrepasan el 150% de ocupación, el mecanismo de distribución no se activaría. Porque sólo estaba pensado para los otros territorios. En segundo lugar, y asociado a este primer punto, que no se garantizaba una financiación adecuada para Andalucía, al no ser considerada como territorio fronterizo.

Ahora, a las puertas de que se inicie la ronda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reuniones con los presidentes de todas las comunidades autónomas, el PP-A abre el curso político en el Parlamento con una iniciativa que reabre el debate en torno a la reforma de la Ley de Extranjería y fija una condición para su aprobación: «El Parlamento insta al Gobierno de España a promover una reforma de la Ley que incluya expresamente a Andalucía como territorio de llegada de flujos migratorios al igual que Canarias, Ceuta y Melilla, con el fin de ser incluida en los planes de respuesta a la contingencia migratoria extraordinaria». Es decir, que se diseñe una reforma legal, que haga obligatorio el reparto de menores cuando haya sobreocupación de las plazas, pero que tenga a Andalucía entre las comunidades de referencia.

Junto a esto, y dentro de este mismo ámbito de negociación, el Gobierno central distribuye cada año en torno a 35 millones de euros entre las comunidades para la acogida de menores. De esos, 15 se los reparten Ceuta, Melilla y Canarias como territorios fronterizos. Y los otros 20 se distribuyen entre todas las comunidades en función del número de menores trasladados que acogen. En el caso de Andalucía, con 30 niños, niñas y adolescentes acogidos desde Ceuta, se reciben sólo 1,6 millones de euros. El Gobierno andaluz quiere cambiar esto y que tenga la misma consideración que los otros territorios fronterizos. Y así lo recoge la propuesta que aprobará el PP-A en el Parlamento autonómico.

Queda por ver si una vez que se apruebe, el Gobierno andaluz tomará este punto como referencia a la hora de negociar con el Ejecutivo central la reactivación de la reforma de la Ley de Extranjería que consideran imprescindible tres territorios con una estrecha relación con Andalucía como son Ceuta, Melilla y Canarias.

La Proposición no de ley que aprobará el PP-A critica la gestión migratoria del Gobierno central y recoge todos los planteamientos del modelo migratorio expresado por Alberto Núñez Feijóo con la excepción de las referencias a la seguridad que quedan fuera del planteamiento del Ejecutivo autonómico en relación con la inmigración. De hecho, la iniciativa insiste en la fortaleza de Andalucía como «tierra solidaria y de acogida» y en el compromiso con un atención digna a los menores y con la solidaridad con otras zonas que sufren situaciones de crisis migratoria.

Esta posición ha supuesto un duro choque con Vox que volverá a reflejarse en el Parlamento andaluz en esta semana. La formación de Santiago Abascal volverá a trasladar a la Cámara una iniciativa para pedir la «inmediata expulsión de todos los inmigrantes que llegan de forma ilegal y la repatriación de todos los menores extranjeros no acompañados». Además, reclama que Andalucía rompa los acuerdos y no acoja a ninguno de los menores que puedan ser trasladados de Canarias o Ceuta.

El Gobierno andaluz se ha desmarcado por completo de esta posición que ya derivó en un enfrentamiento entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la última sesión plenaria del mes de julio. «Andalucía no va a participar de ninguna cacería a los inmigrantes» , le respondió Moreno al líder de Vox.