El PP advierte que el Gobierno aceptará el 'cupo fiscal catalán' que ahora rechaza y que perjudicará a Andalucía

Durante un acto en Sevilla, el diputado popular recordó los acuerdos adoptados en 2018 en el Parlamento andaluz para solicitar un nuevo modelo de financiación al Gobierno de España cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda sin que hasta el momento se haya aprobado. «Decía que era imprescindible un nuevo sistema de financiación y en cinco años no ha hecho ninguna propuesta. Decía que hacían falta 16.000 millones extra en el sistema de financiación y defendía la multirateralidad. Ahora hay una negociación a la carta con Cataluña».

Bravo recordó que el sistema de financiación autonómica actual data de 2009 y proviene precisamente de un acuerdo condicionado por el debate catalán y por las formaciones nacionalistas. «Qué casualidad que el sistema de financiación lo pactara entonces el PSOE con el tripartito catalán que ahora es quien quiere volver a modificarlo», apuntó.

Este sistema ha generado desigualdades conformando un bloque de cuatro comunidades infrafinanciadas como son Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras que otros territorios reciben más recursos de los que les correspondería por sus necesidades y población. El sistema ha permitido de hecho que Cataluña sea ya la comunidad que obtiene más recursos del sistema de financiación y que en 2024 la diferencia con Andalucía, la segunda, sea ya de 1.900 millones.

El PP nacional respalda la propuesta de la comunidad autónoma andaluza, avalada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, de que mientras se genera un nuevo modelo de financiación autonómica se establezca un fondo transitorio de nivelación con un volumen de recursos que, si se toman como referencia los datos de 2021, sería de 3.000 millones de euros de los que 1.400 sean para Andalucía. Además, Juan Bravo subrayó que se debe adoptar un acuerdo de forma multilateral y que sitúe en el centro al ciudadano y sus necesidades por encima de otras variables. Un planteamiento similar al que recoge el documento aprobado por PP y PSOE en el Parlamento andaluz en 2018.

Además, el PP incide en que se «se debe tener en cuenta al ciudadano, pero también la dispersión, el envejecimiento, la prestación por igual de todos los servicios públicos». Se trata en este sentido de modificar los criterios de población ajustada pactados en 2009 que sí tienen en cuenta ya factores como el territorio, las personas mayores, los jóvenes o la insularidad a la hora de realizar los ajustes en el modelo.

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido poner de acuerdo a casi todas las comunidades autónomas. No se le puede dar más dinero a los separatistas por interés de Pedro Sánchez y que Andalucía o Extremadura tengan menos dinero para educación o sanidad», detalló Juan Bravo, quien acusó al Ejecutivo de hablar de financiación sólo «porque le hace falta a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente, porque sin los votos de Junts y ERC en el Congreso, no sería jefe del Ejecutivo».