En el polvorín de las prisiones andaluzas

Se trata de los internos de Primer Grado, los que más problemas suponen para su vigilancia y custodia y los que más agresiones protagonizan, tanto entre ellos como a los funcionarios de prisiones. Siempre están en aislamiento y tienen unas condiciones distintas a las del resto de los internos.

Aunque las prisiones andaluzas nada tienen que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en el cine ni los funcionarios son los 'malos' de la película ni los torturadores, las agresiones, extorsiones, intentos de soborno y amenazas están a la orden del día. La entrada de droga y el mercadeo entre rejas también es una realidad, lo que genera situaciones muy peligrosas y conflictivas.

La mayoría de este tipo de reclusos tiene problemas mentales por el consumo de drogas, una dependencia que ha ido agravando los delitos que han cometido al aumentar la violencia empleada, tanto fuera como dentro de la prisión. Asesinos, violadores, pederastas y ladrones copan el Primer Grado. «En la tipología de delitos que les han llevado a entrar entre rejas hay de todo, salvo los de guante blanco», explica Ángel Luis Perea, delegado de Prisiones de CSIF. Eso sí, no hay prácticamente mujeres.

Igor el Ruso es un buen ejemplo de la peligrosidad de estos reclusos y aunque es de los más mediáticos no es el único. Su nombre es Norbert Feher y cumple prisión permanente revisable por el triple asesinato en el Bajo Aragón en diciembre de 2017. Actualmente se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Huelva. «Este interno se ajusta al perfil el sociópata y psicópata que tenemos en los aislamientos. Van contra el sistema penitenciario. La mayoría agreden a funcionarios y entre ellos mismos, situaciones en la que los funcionarios de prisiones nos la jugamos», señala este representante sindical.

Ahora, además, estos reclusos están empleando un método subversivo muy peligroso: inundan la galería o incendian sus celdas. «Además del destrozo, se parapetan con un pincho que hayan fabricado o improvisado para atacarnos cuando entramos a salvarlos. Se enrollan la boca y la nariz con una toalla mojada y cuando intentamos entrar para extinguir el incendio y sacarlos para que no se quemen y mueran, van a por nosotros. En estas situaciones nos jugamos la vida para intentar salvar las suyas. No sabemos la motivación pero está claro que la cabeza visible de su rechazo y el objetivo de su ira somos los funcionarios. Esto se ha puesto de moda y sufrimos este tipo de episodios con frecuencia», explican desde el CSIF.

Las agresiones a funcionarios de prisiones son por tanto una realidad recurrente también en Andalucía y el hartazgo de estos trabajadores cada vez va a más. «Estamos cansados del estereotipo del carcelero. Se cree que el funcionario de prisiones es un torturador y que hay celdas de castigo como en las películas americanas. Eso aquí no existe. Las celdas de aislamiento son como el resto y además, existen garantías de vigilancia expresa, como un juez de Instituciones Penitenciarias para garantizar los derechos de los internos, cámaras… No hay por tanto torturas en las prisiones en este país. Sí tenemos que ejercer a veces la fuerza para reducirlos, cuando es inevitable, pero nada más».

Ante este tipo de situaciones en las que se juegan la vida, reclaman un 15% más de personal y poder llevar medios coercitivos, en su caso unas esposas y una defensa de goma. «No los podemos llevar encima, deambulamos por la prisión sin nada y ante cualquier situación de emergencia tenemos que ir al armario donde están custodiados, cogerlos y entrar, lo que supone una pérdida de tiempo y una inseguridad total ante este tipo de reclusos».

Reclaman pistólas táser para situaciones de extrema gravedad como los incendios de las celdas. «Son habitáculos muy pequeños y la capacidad de maniobra es mínima para poder reducir a una persona agresiva. El interno nos está esperando para agredirnos y con una pistola táser podríamos reducirlo de inmediato», explican.

Además, los funcionarios de prisiones exigen ser considerados agentes de la autoridad. «Agredirnos les sale muy barato. Los jueces de Instrucción determinan lesiones pero no atentado a la autoridad. El castigo, la pena o la sanción son por tanto muy leves. Y si el interno es insolvente, el funcionario además se queda sin cobrar la indemnización que le corresponde. Esto está bloqueado por cuestiones políticas. PSOE y PP no se ponen de acuerdo y, mientras, nosotros sufrimos las consecuencias y arriesgamos nuestras vidas».

«Nos sentimos el patito feo del Ministerio de Interior. No tenemos ni siquiera interlocutor como sí tienen Policía y Guardia Civil para dar a conocer situaciones graves, como cuando somos agredidos. Parece que no existimos y la gente está muy quemada. En mi sueldo no va que me amenacen o me agredan, estamos en un medio cerrado. El nuestro es un trabajo muy complicado y desconocido», añaden.

Pero las prisiones andaluzas tienen otra peculiaridad: el narcotráfico está llenando estas cárceles, una situación especialmente delicada en la zona cero de esta lacra, la provincia de Cádiz, la que más reclusos alberga por este delito, especialmente la de Algeciras, lo que les permite hacerse fuertes entre rejas y seguir llevando el sucio negocio de la cárcel desde dentro.

«Con los narcos está pasando como ocurrió en su momento con los presos de ETA. En las operaciones policiales no se detiene sólo a uno sino a toda la red y todos van a la misma prisión de su mismo entorno. No puedes meter a una banda de capos de narcos que opera en el Campo de Gibraltar en la prisión de Algeciras. Es necesaria una política de dispersión entre estos internos. Basta con sacarlos de la provincia de Cádiz, hay multitud de centros en España».

Estas bandas se hacen fuertes en prisión y comienzan a extorsionar y a amenazar a los funcionarios. En Algeciras han quemado los coches de algunos de ellos y de una trabajadora social. A una psicóloga de Puerto III le dijeron en un parque que sabían en qué colegio estaban sus hijos. «Lo hacen para conseguir permisos, cambios de módulo o lo que quieran, pero debe quedar claro que en las prisiones españolas no hay privilegios para unos reclusos frente a otros.

La posibilidad de corromper a un funcionario existe y ocurre en contadas ocasiones, aunque es difícil», argumenta este representante sindical. A todos estos frentes se suma la masificación de algunas prisiones andaluzas, lo que dificulta el trabajo de custodia y vigilancia de estos reclusos.