«La polémica del aborto de Castilla y León no existe en Andalucía»

Fernández-Pacheco mantuvo el mismo argumento que el día anterior habían defendido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Inclusión e Igualdad, Loles López, «es una polémica estéril que zanjó el presidente de Castilla y León, es la única opinión válida y la polémica es fruto solo de aquéllos que tienen en la cabeza la polarización», mencionando expresamente a PSOE y Vox.

Porque desde el Ejecutivo andaluz consideran que la polémica está alimentada por ambos partidos, «Vox necesita al PSOE y el PSOE necesita a Vox», dijo este martes el portavoz andaluz quien consideró que si no hubiese elecciones en mayo, probablemente no se estaría hablando de este asunto. «Sólo piensan en sacar votos».

Para añadir otra deriva al asunto, la portavoz de Unidas Podemos en Andalucía, Inma Nieto, denunció que el Junta mantiene subvenciones por valor de 700.000 euros a asociaciones antiabortistas que Vox impuso en la legislatura pasada para firmar el pacto de investidura. Desde el Gobierno andaluz consideran que esas ayudas no tienen nada que ver con las medidas que propugna Vox en Castilla y León. «El posicionamiento, la línea de trabajo de la Junta de Andalucía es clara y conocida, y se basa en dos máximas, siempre, siempre, siempre el respeto a la mujer, y educación y prevención para evitar embarazos no deseados».

Además, Fernández-Pacheco defendió estas subvenciones a organizaciones antiabortistas, «es compatible atender el apoyo a asociaciones que piensan diferente», dijo además de explicar que estas asociaciones ayudan a mujeres que han decidido ser madres y tienen problemas económicos por alguna circunstancia particular.

La consejera de Salud, Catalina García, fue un poco más allá destacando que las medidas anunciadas por el Gobierno de Castilla-León, «son informativas y aumentan la cartera de servicios que se presta a las mujeres embarazadas, por lo tanto la polémica obedece a una mala explicación».

Catalina García sí censuró duramente el requerimiento de incompetencia que plantea el Gobierno central a Castilla y León, «ellos tienen mucho que callar, mucho que corregir empezando por la ley del 'solo sí es sí' por la que 181 personas hayan visto reducidas sus condenas y 23 están en la calle».