Los plazos de las defensas de los ERE para evitar que los condenados entren en prisión

En primer lugar el Alto Tribunal deberá devolver toda la causa a la Audiencia de Sevilla para que el tribunal sentenciador ejecute la sentencia. El tribunal sentenciador de la causa política de los ERE estuvo conformado por tres magistrados de la Sección Primera, de los que el ponente, Juan Antonio Calle, ya está jubilado y una segunda magistrada, Encarnación Gómez, que cesó de su plaza en la Audiencia ayer.

Por tanto, deberá conformar una nueva sala para dicha ejecución, para lo que, como es habitual, dará diez días a los condenados para el ingreso voluntario en la prisión que decidan.

Previsiblemente dicho tribunal recibirá, probablemente incluso antes de emitir su resolución ejecutoria, los escritos de las defensas informando de la interposición de los incidentes de nulidad ante el Supremo y solicitando la paralización o aplazamiento de la ejecución. La decisión final queda al criterio de los tres magistrados. Los abogados defensores tienen un plazo de 20 días para interponer el incidente de nulidad ante el Alto Tribunal.

Algunas defensas podrían optar directamente por el recurso de amparo al Constitucional si consideran que la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente se produjo en la Audiencia de Sevilla y no en el Supremo.

En este caso, fuentes jurídicas han explicado a ABC que el Tribunal Constitucional podría ordenar al tribunal sentenciador (la Audiencia de Sevilla) paralizar la ejecución hasta ver dichos recursos. Por contra, otras fuentes apuntan que al tratarse de penas de cárcel que superan los cinco años este aplazamiento sería impensable.

La tercera vía para que las defensas soliciten al tribunal de Sevilla dejar la ejecución en 'stand by' sería la petición de indulto al Ministerio de Justicia. La familia de Griñán ya lo ha puesto en marcha.

Todo apunta a que los otros condenados por malversación actuarán en la misma línea, si bien, prefieren alejar este paso de los focos mediáticos en la medida de lo posible. Esto no evitará que tarde o temprano el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que pronunciarse sobre estas peticiones de medida de gracia.

Además, a este respecto el tribunal sentenciador, la Fiscalía, en este caso Anticorrupción, y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, al tratarse de personas en libertad, deberán emitir un informe al respecto. En el caso de Juan Márquez, cuya condena ha sido modificada por el Tribunal Supremo, será éste y no los magistrados de Sevilla los que emitan su informe.

Los plazos comienzan a correr y las defensas apurarán todas las vías posibles para evitar que los nueve condenados por malversación entren en prisión o, al menos, retrasar lo máximo posible su ingreso entre rejas.