El plazo voluntario de ingreso en prisión para los condenados por los ERE termina el 2 de enero

En concreto, el día 2 de enero expiraría el plazo marcado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en la cárcel del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos están condenados a diferentes penas de prisión por un delito de malversación derivado del «procedimiento específico» de financiación de los ERE.

Previamente, en concreto el pasado miércoles, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ingresaba en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para cumplir su pena de seis años y dos días de prisión por el mismo asunto.

Empero, la defensa de José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de prisión, ha alegado que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo.

Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe «valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito». Tal informe, en ese sentido, aún no estaría entregado.

Además, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé retomar el día 9 de enero el juicio relativo a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por la empresa de capital de riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), destinada a funcionar como portal de ferias virtuales y participada por Invercaria. Tras comenzar el juicio a finales de septiembre, a partir del 9 de enero serán consumadas las últimas comparecencias de los acusados, para abordar las conclusiones y los informes finales.

En Málaga, el inicio del año judicial y todo el mismo estará marcado por el juicio del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, que comenzará 16 años después de iniciarse la investigación y que tiene a 50 personas acusadas, entre ellas el exalcalde esteponero Antonio Barrientos, así como otros exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES), además de empresarios y funcionarios.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el 9 de enero el inicio de la vista oral con las cuestiones previas, para lo que se han establecido seis días. Tras esto, el Tribunal realizará el examen y decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que puedan proponerse.

El desarrollo del juicio, con las declaraciones de los acusados y la práctica de la prueba, está previsto a partir del día 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana, con opción de algún jueves. Se dividirá en diez bloques que abordarán los distintos asuntos por los que se acusa.

En Granada, la Sección Segunda de la Audiencia tiene fijado para el 9 de enero de 2023 el inicio del juicio contra la que fuera directora de la Alhambra María del Mar Villafranca y otras tres personas más, en el llamado caso audioguías, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.

Este juicio se prolongará durante tres semanas prácticamente en sesiones de lunes a jueves, entre el 9 y el 25 de enero. Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V.

Han sido procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros. La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.

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También en Granada, un jurado popular juzgará del 13 al 15 de febrero de 2023 en la Audiencia Provincial a la mujer que confesó haber matado de varias puñaladas en abril del año pasado a su pareja, de 18 años, en un cortijo de Motril a raíz de que se produjera una discusión entre ambas al trasladarle la víctima su intención de denunciarla por el trato que le daba.

En Almería, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial prevé iniciar el 10 de enero el juicio contra los cuatro acusados del clan de los 'Minos' acusados de asesinar a un vecino de Gádor, con el que habrían tenido una relación de enemistad después de que este se negara a venderles su vivienda de la calle Ossetia del Norte, donde mantenían varios inmuebles que, según las investigaciones efectuadas, habrían dedicado al cultivo y tráfico de estupefacientes.

De cara al juicio, para el cual han sido programadas seis jornadas, la Fiscalía Provincial de Almería solicita para los acusados penas de entre 42 y 21 años de prisión.

En cuanto a Córdoba, se prevé la celebración a finales del mes de enero de un juicio con jurado en la Audiencia Provincial, sobre la muerte de un joven de unos 19 años de edad en diciembre de 2012 en la localidad de Palma del Río.

Se trata de un caso en el que la acusación particular pide unos 22 años de cárcel para el padre del joven por la supuesta comisión de un delito de asesinato, mientras que la Fiscalía y la defensa consideran que «no hay pruebas» para dicha acusación.