Pedro Sánchez vuelve a hacer oposición a la Junta de Andalucía desde el Congreso de los Diputados

«Son 848.748 andaluces esperando un diagnóstico. 200.000 esperando una operación y de ellos 43.000 que llevan más de un año a la espera de esa intervención quirúrgica», expresa. «Esto no sólo es lamentable, sino también inmoral e ilegal».

«Especialmente, cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencias, como está ocurriendo con la crisis inédita en los programas de cribados de cáncer. El sistema ha dejado de funcionar correctamente en varias provincias, comprometiendo la detección precoz y con ello la salud y la vida de miles de mujeres en Andalucía».

«Bastaba antes una llamada, breve y rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente, pero esa llamada nunca llegó. Y lo más grave es que aún se desconoce por qué no llegó. Lo que sí está llegando son excusas, ceses cosméticos, manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto».

Exigirá a las comunidades «transparencia absoluta. Les vamos a pedir que compartan sus datos. Porque los datos de los cribados de cáncer no son de la Junta, son de las mujeres de Andalucía». Los mirarán para saber «dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros».

El presidente asegura que los «53.800 millones de euros de financiación extraordinaria transferidos» a Andalucía no están yendo «a contratar sanitarios o a mejorar las infraestructuras públicas, sino a rebajar cerca de 200 millones de euros los impuestos a las élites de Andalucía y a regar con contratos a la sanidad privada».

«Desde el año 2019 el Gobierno andaluz ha destinado casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas«, apunta. En cambio, no señala que ese dinero supondría un 4% del presupuesto total de la Junta, y que ha ido creciendo igual que las cuentas y la economía de la región.

«Las derivaciones a cirugías privadas lo que han hecho ha sido triplicarse. Las derivaciones a consultas externas privadas se han multiplicado por cuatro y el gasto en conciertos ha subido casi un 70%».

Sánchez también ha vuelto a aludir al Gobierno de Moreno al criticar el «proceso privatizador» de las comunidades gobernadas del PP en materia de educación y denunciar que «en Andalucía, la Junta oferta en este curso solo 2.600 plazas en ciclos de FP en centros públicos, frente a los más de 9.400 autorizadas del sector privado».

«Hay provincias enteras, como Granada, que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública», ha censurado poniendo como ejemplo el municipio de Montefrío, donde «se podía hacer un grado superior en paisajismo o medio rural en un centro público pagando cero euros de matrícula y hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose tres horas al día en autobús y pagando 2.500 euros». «Así apoyan ustedes a la España que madruga, haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos», ha ironizado.

También ha aludido a Andalucía para censurar el «afán» del PP por «incentivar la apertura de guarderías privadas, con el reparto de cheques a las familias que usan sus servicios o boicoteando la apertura de guarderías públicas, llegando al punto de rechazar 142 millones de euros de fondos públicos europeos que habrían permitido crear 15.000 plazas públicas y gratuitas para educación infantil de 0 a 3 años, como hizo, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla».

La última referencia de Sánchez a Moreno durante su intervención inicial se ha producido en relación a la gestión de las residencias de mayores para criticar que desde la llegada del PP al Gobierno andaluz «se han creado más de 15.400 plazas concertadas o privadas que cuestan una media de 2.000 euros al mes, imposible para muchísimas familias andaluzas» mientras que «las listas de espera para acceder a ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días».

«Piensen por un segundo, señorías, en lo que significa esto. Casi dos años viendo cómo se apaga la autonomía de un ser querido y cómo se vacían los ahorros o aumentan las deudas para pagar una ayuda que es un derecho de todos los ciudadanos y una obligación de las administraciones autonómicas», ha concluido el presidente del Gobierno.