El Parlamento pedirá al Gobierno que no discrimine a los 480.000 andaluces que viven en Cataluña

Se trata de una iniciativa impulsa por el grupo popular que instará al Gobierno central a la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial para analizar de la propuesta de Ley Orgánica en virtud de la cual se pretende ceder competencias de inmigración a Cataluña.

La iniciativa también solicita una reunión del Consejo de Política de Seguridad para analizar el mismo tema que se incluya a Andalucía en los planes de respuesta a la contingencia migratoria extraordinaria y se la dote de financiación adecuada con recursos económicos ordinarios y extraordinarios acordes a su localización geográfica, reconociendo la realidad específica de la situación del fenómeno migratorio en Andalucía y contemplando la singularidad de la misma como frontera sur de España, dada la llegada continua de flujos migratorios directos procedentes de África.

En la iniciativa, que se debatirá en el pleno del Parlamento de la próxima semana, los populares hacen hincapié en que el Gobierno garantice una financiación suficiente a las comunidades autónomas cuando realice un traslado de menores migrantes no acompañados, concretando un fondo de contingencia que contemple recursos desde su acogida hasta su emancipación, en beneficio de la certidumbre para los Gobierno autonómicos y garantía de atención para dichos menores. E igualmente proceda sin demora al reconocimiento de los efectos financieros de los menores que entraron como adultos, trasladados por el Gobierno de España a Andalucía sin informar a la comunidad, y por cuya acogida las instituciones autonómicas no están recibiendo ningún tipo de financiación.

Pero además la proposición no de ley recalca que el traspaso que ha pactado el PSOE con Junts supone una renuncia al cumplimiento íntegro de la Carta Magna y de la legislación vigente en materia migratoria y de fronteras, permitiendo a Cataluña «desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del estado español».

En este sentido se recuerda que artículo 149 de la Constitución española establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, entre otras.

Además se insiste en que la Ley establece competencias exclusivas para la Policía Nacional y que son excluyentes para los demás agentes de seguridad españoles. Entre otras, las competencias que ejerce la Policía Nacional son las de control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y de extranjeros, además de aquellas previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración.

También, en referencia a la política migratoria de España, se recuerda que la ley determina que corresponde al Gobierno «la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales».

Y que en la Constitución se habla de ciertas materias que se podrían transferir pero entre ellas no se encuentran las de inmigración, ya que son exclusivas no delegables del Estado.