El Parlamento aprueba la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía, que introduce la evaluación de los empleados públicos

La norma, señalan desde la Junta, busca «captar a los mejores, garantizar su capacitación permanente y retener el talento reconociendo el trabajo y el compromiso». Para ello introduce dos elementos novedosos. Por un lado, hace más ágiles los procesos de selección para trabajar en la Junta de Andalucía. Además, pone incentivos para el buen desempeño de los empleados públicos. Este punto ha causado cierta controversia, sobre todo entre el sindicato SAF, que no comparte esta cuestión.

Porque la norma, para establecer esos incentivos, recoge la evaluación del desempeño de los empleados públicos andaluces. Y, al igual que se les puede premiar por un buen trabajo, se les puede sancionar si el resultado de su labor es justo el contrario. Entre esos 'castigos' están incluso el traslado forzoso a otro puesto de trabajo.

La norma, cabe recordar, afecta a más de 300.000 empleados que tiene la Junta desde funcionarios a temporales. La mayoría de ellos se desempeñan en dos ámbitos: Salud y Educación. En el primero hay más de cien mil profesionales. En el segundo, otros tantos. El resto están en la Administración General o en las agencias, fundaciones y resto de la administración instrumental andaluza. Además, la nueva norma afecta también a las universidades, al personal de Justicia y a los ayuntamientos en algunos casos.

En la nueva norma que se ha aprobado este miércoles -y que echó a andar en la pasada legislatura- se recogen también las tareas que solo pueden llevar a cabo los funcionarios. Estas potestades públicas también han supuesto un punto de fricción con algún sindicato durante la tramitación de la norma. Además, la Ley de la Función Pública crea una nueva figura: la del directivo público profesional. La idea de este nuevo rol dentro de la Junta es la de profesionalizar los altos cargos de la administración andaluza.

Para atraer y retener el talento, el texto incluye una de las demandas históricas del sector público: el reconocimiento de la carrera profesional. Tanto funcionarios como interinos tendrán oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, gracias a la percepción de un complemento por este nuevo concepto mediante un sistema de tramos.

Tras el debate final en el Pleno parlamentario, Nieto ha agradecido el trabajo iniciado en la pasada legislatura por la Consejería de Presidencia y culminado por la Secretaría General de Administración Pública de su departamento así como las «horas y horas de debate y análisis» de las organizaciones sindicales, colectivos profesionales y fuerzas políticas «en las que se han ido aportando ideas» que han contribuido a mejorar el texto.

Por ello ha defendido que «no es la ley del Gobierno ni de ningún grupo ni ningún sindicato», sino una norma de todos que «regula a los funcionarios» pero cuyo objetivo principal es «mejorar el servicio al ciudadano».

Los objetivos fundamentales son: garantizar la seguridad jurídica -unificando en una sola ley toda la regulación de su régimen jurídico-; crear un ecosistema laboral para atraer, desarrollar y retener el talento humano; eliminar rigideces burocráticas que retrasan los procedimientos de provisión y movilidad del personal; fomentar la formación continua de los empleados públicos; la transparencia como garantía al ciudadano que podrá conocer y controlar el trabajo que se realiza desde el ámbito público; flexibilizar y agilizar la prestación del servicio público haciendo posible la conciliación y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías