El nuevo sistema de Justicia Gratuita andaluz se estrena con el pago de 11,2 millones a abogados y procuradores

En concreto, los procuradores han percibido 799.769,80 euros por los servicios del turno de oficio del primer trimestre del año, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.

En el caso de los letrados, se ha abonado al Consejo Andaluz del Colegio de Abogados (Cadeca) un total de 10.870.390,44 euros de los que 3.161.027 euros corresponden a las guardias realizadas, cuyas retribuciones ya se subieron en 2023, y 7.709.363,44 euros a las asistencias del turno de oficio, que se han incrementado este año tras estar congeladas desde 2009.

Con la aprobación de la nueva Orden de módulos y bases del turno de oficio, la compensación económica a los profesionales que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita se ha incrementado entre un 15% y un 20% en función de los procedimientos. Así, en el primer trimestre del año han percibido en total unos 600.000 euros más que en mismo periodo de 2023.

Además, se han incluido actuaciones que no se cubrían en el sistema de Justicia Gratuita, que garantiza el acceso a una asistencia profesional a las personas que carecen de recursos económicos suficientes, así como a colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.

Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. En este primer trimestre de aplicación se han certificado 18 procedimientos de mediación por parte de abogados del turno de oficio. Igualmente, por primera vez se incluye la asistencia jurídica en procesos de mediación, un trabajo por el que se compensa con hasta 400 euros a los letrados que logran acuerdos extrajudiciales.

También por primera vez se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después éstas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita. Entre enero y marzo se han certificado 171 actuaciones por requerimiento judicial.

Desde la pasada legislatura, el pago se hace en dos plazos para agilizarlo. Así, en el primero se abonan las certificaciones que aportan los profesionales (tienen un mes una vez cumplido el trimestre) que no presentan ningún error, de forma que para el segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren de alguna subsanación. Antes de la modificación del reglamento, solo se podía hacer en un único pago, lo que obligaba a disponer de todas las certificaciones subsanadas.