Nuevo agravio del Gobierno a Andalucía en la financiación tras el reparto de los menores migrantes

Partido Socialista y Partido Popular, las dos grandes formaciones de este país y con mando para gobernar en las distintas administraciones, han chocado peligrosamente en sus últimas acciones relacionadas con esta cuestión.

El gran enfrentamiento se ha producido con la decisión unilateral del Ejecutivo central, pactada con Junts, de distribuir los casi 4.000 menores migrantes que se encuentran 'bloqueados' en Canarias entre las diferentes comunidades de la península. Excepto, Cataluña y País Vasco, donde gobiernan los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y a los que se ha dispensado un trato especial.

Los organismos autonómicos, los seis del PP y también Asturias y Castilla-La Mancha (liderados por dirigentes del PSOE), han alzado su voz de protesta pues la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no ha sido capaz de convencerles de los criterios establecidos para la distribución. ¿Por qué Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571) acogerán a la gran mayoría, el País Vasco ninguno y, Cataluña, 31 menas pero de forma voluntaria?

Han presentado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que se invaden competencias autonómicas, si bien cumplirán la ley y aceptarán la acogida de estos menores, las principales víctimas de esta batalla. «Los autonómicos presididos por el PP cumplirán con la ley y con sus obligaciones como siempre», asegura el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. «Lo que exigimos al Gobierno de España es que le pida la misma ejemplaridad a los gobiernos de Euskadi y de Cataluña, que han decidido salirse de ese reparto, demostrando una vez su falta absoluta de humanidad y yo diría que de sentido común».

Además del número y los criterios, desde la Junta denuncian el agravio con respecto a la financiación otorgada para la recepción y protección de estos menores. El contraste es evidente. El Gobierno de España ha aprobado una partida de 40 millones de euros para las 1.200 plazas de asilo que deberá crear por imperativo del Tribunal Supremo. En cambio, dotará de 8,8 millones a Andalucía para atender a los 677 migrantes. Cuatro veces menos.

Esos 40 millones servirán para albergar a los niños durante siete meses, mientras que los 8,8 son sólo para tres meses. Aún así, ya sea en términos absolutos o en individuales, se sigue apreciando una gran diferencia. Para el Ministerio, el coste total estimado por menor es de 4.762 euros al mes si lo acoge el Gobierno central, de 4.337 euros si lo recibe la Junta. 400 euros de diferencia.

Los responsables de Juventud e Infancia filtraron a los medios la tabla con los migrantes que recalarían en cada región y la financiación aportada para ello. Los criterios, imposibles de pactar en una conferencia sectorial a la que no fueron gobernantes del PP, se establecieron en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %). Las Comunidades que reciben mas financiacion son Canarias (24,3) Madrid (15,8) y Andalucía (8,8), pero no se termina de corresponder tampoco con el número de personas a los que a veces parecen tratar como mercancías.

La confrontación es mayúscula entre los dos partidos, que se acusan de deslealtad por parte de unos, racismo y xenofobia por parte de otros. La formación popular plantó a la ministra en el último consejo sectorial pues considera que la distribución (mediante el Real Decreto-ley 2/2025) es otro peaje más pagado a Carles Puigdemont (Junts) para mantenerse en Moncloa, y que no responde a ningún criterio objetivo. Esta semana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que «no va a haber excepcionalidad» en el reparto de menores migrantes en las Comunidades Autónomas.

En clave andaluza, desde la Consejería aseguran que el sistema de protección de menores está «al límite», superior al 97% de ocupación, y además se siguen recibiendo menores ya sea con la llegada por el mar o los últimos 27 que acogieron de Ceuta porque en la Ciudad Autónoma el servicio ha colapsado. Además, denuncian que a finales del pasado año llegaron «por la puerta de atrás» 522 adultos bajo la apariencia de menores. «Los reparten como si fuesen maletas, o un paquete de Amazon».

«Van a reventar el sistema», recalcan. En la Junta apuestan por «un modelo de inclusión» que no se implementa con el dinero que otorgará el Gobierno y que se queda corto hasta para tres meses. «Pone en riesgo el modelo de inclusión y atención que se ofrece en la región», apunta la consejera Loles López. «Quieren apilar en edificios» a los niños. «Aquí no solo se les da atención básica, se derriban barreras idiomáticas y se impulsa su formación para que tengan un futuro. Hacen prácticas en empresas de la zona y se sienten integrados».

El lunes empezarán a llegar los solicitantes de asilo, responsabilidad del Gobierno, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Se empezará con ocho menores. Y ya no dan ninguna información más.