Multas de hasta 600.000 euros y cese de actividad por falsear datos o no cumplir los criterios técnicos de la Junta de Andalucía en las declaraciones responsables

El nuevo marco sancionador unifica la legislación existente en ámbitos tan diversos como la vivienda protegida, las licencias de obras, las intervenciones arqueológicas, las farmacias, los taxis, la energía eléctrica, los centros de día y residencias de mayores o los equipamientos educativos privados. En todos estos casos establece un principio común: la declaración responsable, un documento firmado por el solicitante, sustituye al control y la autorización previa. La administración desaparece de la ecuación en esta fase del proceso y todo el peso recae por tanto en el ciudadano. Esto reduce plazos, pero conlleva, de forma inevitable, una cierta inseguridad tanto para la administración, que no tiene tanto control sobre la acción que se realiza, como sobre el administrado, que tiene que avanzar sin conocer con certeza que está consiguiendo ajustar su proyecto a los criterios técnicos establecidos en la normativa.

Para ello, el decreto completo, que se publicará en el BOJA esta semana (más de una semana después de su aprobación) establece un nuevo marco sancionador que será de aplicación en todos los ámbitos. Cualquier «inexactitud, falsedad u omisión» en una declaración responsable que no tenga carácter esencial o el incumplimiento de un requerimiento de subsanación que realice la administración tendrá como consecuencia una sanción de hasta 3.000 euros. Si esta inexactitud, falsedad u omisión se considera esencial o si se inicia la actividad si haber presentado la documentación completa la sanción económica será de entre 3.000 y 60.000 euros mientras que si el incumplimiento se considera «doloso» la multa podrá llegar hasta los 600.000 euros.

En los casos de sanciones graves o muy graves, además de la multa económica, el decreto de simplificación autoriza a cada uno de los departamentos a adoptar medidas complementarias como «suspensión de la actividad, de la ejecución del proyecto, o en su caso, la clausura del establecimiento»; la inhabilitación por un periodo mínimo de seis meses y máximo de cinco años para el desarrollo de actividades, proyectos o subvenciones o el «decomiso de los bienes obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción y, en particular, de los proyectos que no contaran con la declaración responsable».

Para desarrollar este nuevo marco y específicamente para personas o empresas que ahora deban asumir esta responsabilidad, la Junta de Andalucía en su decreto refuerza el papel de entidades privadas colaboradora de certificación. Se trata de 'mediadores' que se deben encargar de supervisar y validar la documentación que la empresa o el particular presentan en el registro. Aunque formalmente la Junta de Andalucía mantiene su papel de inspector, esta vía ofrece una mayor garantía en cuanto al cumplimiento de la normativa.

Pero, ¿quiénes pueden ser entidades colaboradoras? De acuerdo con la normativa podrán asumir este nuevo papel «colegios profesionales» y otras entidades colaboradoras que cuenten con un número de profesionales y experiencia adecuada y demostrable« y que tengan capacidad de desarrollar esta actividad técnica. Tendrán que acreditarlo ante la Consejería correspondiente ante su ámbito profesional para entrar en el registro. Estas entidades privadas de certificación asumen también parte de la responsabilidad de forma que si se miente o se introducen datos falsos en una declaración responsable podrán ser sancionados económicamente y se podrá suspender su actividad.

En cualquier caso, la clave de la ejecución de este proyecto no está recogida en el decreto: el desarrollo de un plan de inspecciones para controlar el correcto funcionamiento de la declaración responsable. Cada Consejería deberá establecer sus medidas en este ámbito.

Esta nueva regulación de las declaraciones responsable afecta a decenas de procedimientos. Entre ellos: