Andalucía traerá desde junio un barco diario lleno de agua desde una desaladora con ayuda económica del Gobierno

Éste es uno de los compromisos que han salido de una reunión que han mantenido este jueves por la tarde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ambos han acordado colaborar en la puesta en marcha de medidas urgentes para afrontar la peor sequía que ha sufrido la comunidad autónoma desde que existen registros, hace más de un siglo. Entre dichas actuaciones, se encuentran la reactivación de obras hidráulicas prioritarias, el impulso a los proyectos de desaladoras pendientes de ejecución, la captación de agua desde cuencas próximas a Andalucía a través de desaladoras capaces de aumentar su rendimiento o trabajos de mejora en presas de la comunidad. Y como medida extrema el transporte de agua en barcos.

El coste de traer un barco diario a Andalucía con la capacidad máxima (100.000 metros cúbicos) rondaría los 240.000 euros al día, según los datos expuestos por ambos al término de la reunión que han mantenido durante una hora en el Palacio de San Telmo de Sevilla, la sede de la Presidencia autonómica. De ellos,167.000 euros serían el gasto por el transporte y 70.000 euros por la desalación.

En la rueda de prensa posterior, la representante del Ejecutivo central ha mostrado su disposición a «cubrir el coste del agua desalada» que Andalucía transportaría en barcos a partir de «principios de junio» hasta los puertos de Carboneras (Almería), Algeciras (Cádiz) y Málaga, en las mismas condiciones que ha pactado con la Generalitat de Cataluña para procurar agua potable al área metropolitana de Barcelona procedente de la planta desaladora de Sagunto, en la Comunidad Valenciana.

La ministra para la Transición Ecológica no ha querido concretar la procedencia del agua, ante la insistencia de los periodistas. Se ha limitado a comentar que el recurso llegaría de una desaladora que no es de titularidad estatal, situada en otra comunidad autónoma del Mediterráneo, y que no está funcionando actualmente a «pleno rendimiento».

El coste de desalar un metro cúbico de agua oscila entre los 60 y 70 céntimos, a cuenta del Estado, según ha especificado Ribera. Si se transportan 100.000 metros cúbicos al día, pagaría unos 70.000 euros por facilitar este recurso. El Gobierno también costearía la instalación de un tubo para conectar la desaladora con el barco encargado de transportar el agua a Andalucía.

Los planes de la Junta de Andalucía, avanzados por el presidente regional, pasan por traer un barco diario a la comunidad con una capacidad máxima de 100.000 metros cúbicos, cuyo transporte correría a cargo de la Administración autonómica. El traslado de agua supone un desembolso de 5 millones de euros al mes, aproximadamente 167.000 euros por barco, lo que elevaría el coste total hasta 20 millones de euros durante los cuatro meses que estaría en funcionamiento esta medida de «último recurso o recurso límite», según concretó Moreno.

La Junta de Andalucía, que costearía el transporte, ha llegado a un acuerdo previo con la planta desaladora de Escombreras, en Cartagena, que proporcionaría el agua que transportaría en barcos, aunque en la reunión no se ha mencionado esta infraestructura hídrica.

La factura final de esta medida extrema hay que tomarla con cautela. El presidente andaluz ha argumentado que esta cifra responde a «un tanteo que hacemos con los operadores» que gestionan estos buques, por lo que «puede ser un poquito más caro». A la postre, «depende de los acuerdos a los que finalmente lleguemos».

Moreno ha especificado que se trataría de tener «un barco al día» con la previsión de que puedan llevar 100.000 metros cúbicos de agua, aunque ha apuntado que no todo los barcos tiene la misma capacidad. En caso de que el agua ya estuviera potabilizada, podrían transportarse hasta 40.000 metros cúbicos.

El agua habría que llevarla desde el puerto donde atraque el barco hasta una planta depuradora para después distribuirse por la red habitual. Moreno expresó su deseo de que «ojalá que no tengamos que usarlo» aunque ha reconocido el trabajo de la Junta de Andalucía con los operadores navieros por cuanto se trata de «barcos que son muy específicos», y sigue en conversaciones con el Estado para precisar de qué desaladora se podría obtener el agua.

La vicepresidenta del Gobierno ha optado por la prudencia a la hora de revelar la desaladora de la que procedería el agua que llegaría a Andalucía, al tratarse de una infraestructura que no pertenecería a Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), empresa pública dependiente de su Ministerio. El trabajo de su departamento en estos momentos pasa por «identificar las desaladoras que no están a pleno rendimiento».

Ribera sí ha sido más precisa a la hora de determinar el coste de desalación del agua, que ronda los 60 y 70 céntimos el metro cúbico, y «esa parte la estaría cubriendo el Estado», así como el traslado del agua hasta el puerto, al igual que se ha hecho con Cataluña desde Sagunto.

El presidente andaluz había expresado desde antes de la reunión su voluntad de negociar, acordar o cuando menos hablar con la ministra para abordar un problema compartido, el de la sequía, por encima de la previsibilidad de las siglas en el que debe primar el interés general de los ciudadanos.

En el encuentro se ha pasado revista a todas las infraestructuras hidráulicas que están pendientes en Andalucía, las que son de competencia tanto del Estado como de la Junta.

Otro asunto que ha estado encima de la mesa en la reunión ha sido la polémica que se ha generado en las últimas horas por el artículo del cuarto decreto-ley de Simplificación Administrativa de la Junta que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas, disputa que se resolvió este miércoles con una reunión telemática que rectifica los aspectos más controvertidos de la norma.